Compromís per Vila-real solicita adherirse a la Iniciativa ciudadana por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda
El Grupo Municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción en la que solicita que el Ayuntamiento se adhiera y dé apoyo a la Iniciativa ciudadana por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda. Tal y como explica la portavoz, Maria Fajardo, el Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda, cuyo borrador entrará al Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá inmediatamente al Congreso para su debate y aprobación.
“Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, consideramos que la nueva Ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio”, indica, “y en este sentido debe suponer un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”. Fajardo recuerda los datos demoledores sobre la crisis residencial. “Es innegable, más de 32.000 personas sin casa viviendo en la calle; 12 millones de personas en riesgo de exclusión social; más de un millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas mayores dependientes”, señala.
En el Estado español, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. “En el Estado español, las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda, 30%; Austria, 24%; Reino Unido, 17,6%, Francia, 16,8%)”, manifiesta Fajardo. “La mayoría social lleva demasiados años soportando a quienes ponen sus beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas”, asevera, “es el momento de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos merecemos”.
Entre los puntos principales que se reivindican en la moción, Compromís reclama, además de dar apoyo a la iniciativa ciudadana por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, un mínimo de ocho medidas de aplicación directa en todo el territorio. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona se quede en la calle sin hogar. Asimismo, se solicita que se paren los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de ofrecer un alquiler social estable por parte de los grandes propietarios y, en el resto de casos, realojamiento digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. Otra de las peticiones de la moción de Compromís es asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia residencial de manera prioritaria.
Por otro lado, se propone una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio y la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna, así como garantizar una segunda oportunidad efectiva a los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios son otros puntos básicos para Compromís, junto con una ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda.
“Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas y que se amplíe la actual moratoria de los desahucios hasta la aprobación de la Ley de Vivienda que los evite definitivamente”, concluye Fajardo.