Compromís exige la aplicación inmediata de los acuerdos de plantillas de profesorado de 2023 y la restitución de 833 plazas docentes

El Grupo Municipal de Compromís per Vila-real ha presentado al Pleno del Ayuntamiento una moción para reclamar la aplicación inmediata de los acuerdos de plantillas del profesorado de 2023, especialmente en el ámbito de la ciudad de Vila-real. La moción condena los recortes en educación del Gobierno autonómico y exige la restitución de 833 plazas docentes, anuladas por el actual Gobierno del PP, pero protegidas por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Santi Cortells, portavoz adjunto del Grupo Municipal de Compromís per Vila-real, ha lamentado "la deriva involucionista" de la Conselleria d’Educació desde la toma de posesión del nuevo Gobierno autonómico del PP. Según Cortells, las políticas actuales están marcadas por recortes constantes, la persecución del valenciano y un claro impulso hacia la privatización del sistema educativo, en detrimento de la educación pública.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha bloqueado las intenciones del Gobierno del PP de seguir destruyendo puestos de trabajo docentes, garantizando la preservación de 833 plazas, que fueron acordadas en tiempos del Govern del Botànic. "Estas plazas son fundamentales para la mejora de la educación, ya que permitirán reducir el exceso de burocracia y garantizar un mejor servicio educativo al alumnado del País Valenciano" afirma Cortells.

Las plazas restituidas se distribuyen de la siguiente forma:

Centros de Infantil y Primaria (con 8 o más unidades): 183 lugares de trabajo.

• Centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional:
  • Codocencias: 52 lugares.
  • Coordinaciones y cargos directivos: 89 lugares.
  • Orientación educativa: 119 lugares.
  • Coordinación de ciclos formativos: 86 lugares.
  • Desdoblamientos en 3º y 4º de ESO: 152 lugares.
  • Tutorías: 152 lugares.

Cortells ha destacado la importancia de la sentencia, señalando que "gracias a esta decisión judicial, los niños y niñas de Vila-real verán mejoras significativas en su educación, pese a las políticas de recortes que está imponiendo el Gobierno autonómico".