Benlloch exige derogar una ley de la reforma local que “sólo ha generado ineficacia” y “amenaza” a los ayuntamientos
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el director general de Administraciones Públicas, Antoni Such, han mantenido esta mañana una reunión en el consistorio vila-realense para abordar cuestiones que afectan a ambas administraciones. Entre ellas, destaca la necesidad de que la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sea derogada, así como las medidas que está adoptando la Generalitat Valenciana “para darnos un poco de oxígeno a los ayuntamientos y que podamos seguir prestando los servicios que la gente necesita en materias fundamentales como los servicios sociales o empleo”, señala Benlloch.
Entre estos “instrumentos”, se encuentra fundamentalmente el decreto dictado por el presidente, Ximo Puig, y validado por Les Corts, para que los ayuntamientos que prestaban determinados servicios puedan seguir prestándolos, así como la modificación de la Ley de Régimen Local valenciana que el Consell llevará a la cámara autonómica en el debate de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. “El Gobierno de Rajoy no cree en el municipalismo y no quiere que la gente pueda ver que existen dos modelos de gobierno muy diferentes; por eso aprobó la llamada ley de la reforma local que nos tiene amenazados a los ayuntamientos en materia competencial y sólo ha servido para generar ineficacia y paralizar expedientes”, denuncia Benlloch, quien recuerda que Vila-real es uno de los 3.000 municipios que han recurrido la ley al Tribunal Constitucional. “Afortunadamente”, añade, “el nuevo Gobierno valenciano es sensible con los ayuntamientos y nos está dando instrumentos para darnos un poco de oxígeno”.
“Es necesario derogar esta ley, que sólo está creando inseguridad jurídica, ineficacia y parálisis administrativa en el momento en que más falta hace la prestación de servicios básicos, con un 30% de pobreza en el país”, detalla Benlloch. En esta misma línea, el director general de Administraciones Públicas ha valora que “la filosofía de la ley no es otra que hacer que los ayuntamientos adscritos a los fondos para la prestación de servicios no pudieran hacer nada y tuvieran que devolver el dinero al Estado”. “Supone un ataque al municipalismo que ya estamos combatiendo y el primer decreto ley que firmó el nuevo gobierno fue precisamente para garantizar que los ayuntamientos pudieran seguir prestando estos servicios a la ciudadanía”, añade Such, quien denuncia también que el Gobierno central ha remitido una instrucción a los consistorios “para decirles que incumplan la ley que ellos mismos aprobaron porque es imposible de cumplir”.
Frente a esta situación, argumenta el responsable autonómico, “los presupuestos de la Generalitat para el 2016 incorporan un incremento importantísimo, del 321%, de apoyo al municipalismo, con ayudas a los municipios de menos de 3.000 habitantes que pasan de un millón de euros a los 5 millones de 2016”. Además, Such destaca también la creación de una línea de ayudas de mancomunidades, con un importe de 600.000 euros. “Creemos en el municipalismo y en que los ayuntamientos deben tener competencias fuertes y el apoyo de la Generalitat para que estén en la vanguardia y puedan prestar servicios públicos de calidad a todos sus vecinos y vecinas, como viene demostrando y marcando la pauta desde hace cuatro años el Ayuntamiento de Vila-real”, concluye Such.
