El Ayuntamiento se persona en los recursos ante el Tribunal Supremo de los tres condenados por el caso Piaf para responder y seguir defendiendo los intereses de Vila-real
El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido personarse en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por los tres condenados por el caso Piaf para poder responder y continuar con la defensa de los intereses de Vila-real. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Benlloch, quien ha explicado que la decisión de que el consistorio se persone en estos recursos no se debe a una voluntad de recurrir la sentencia sino a que “como hemos hecho desde el primer momento, nuestra prioridad es defender el interés de todos los vecinos y vecinas de Vila-real y no tener que pagar ni un euro de los vila-realenses que no corresponda pagar; por eso, tras conocer que los tres condenados –el ex alcalde Juan José Rubert y el ex concejal Ramón Tomás, ambos del Partido Popular, y el consejero de Piaf Antonio Pons- han presentado recurso ante el Tribunal Supremo, queremos tener la posibilidad de responder y de explicar ante el alto tribunal nuestros argumentos frente a los de que aquellos que sólo responden a su interés personal”.
Asimismo, Benlloch ha detallado que la personación por parte del Ayuntamiento se debe a que “inicialmente, se nos comunica que la Fiscalía de Castellón también había decidido recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, pero una vez formalizados los recursos, cuando la causa ha llegado al Supremo, la Fiscalía del alto tribunal ha decidido no recurrir”. El alcalde explica que “por la práctica habitual en estos casos, esto supone que el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo será contrario a los recursos de los tres condenados”.
“Después de diez años de lucha, y a pesar de tener una sentencia de la Audiencia Provincial que avala que existió en nuestra ciudad una trama, una connivencia organizada entre una empresa, condenada por financiación ilegal del Partido Popular, y el gobierno municipal, de nuevo tenemos que seguir batallando en solitario para defender el dinero y los intereses de todos los vila-realenses”, lamenta Benlloch. Con todo, el alcalde considera una “muy buena noticia que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya respetado la sentencia y se sitúe al lado del Ayuntamiento en la defensa de los intereses de Vila-real, porque es evidente que la sentencia de la Audiencia Provincial acredita el modelo del Partido Popular de Vila-real de irregularidades permanentes y urbanismo a coste cero que nos ha situado en riesgo de ruina”.
Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón dictó el pasado mes de marzo la sentencia por el caso Piaf, que condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público al ex alcalde del Partido Popular, Juan José Rubert, por un delito continuado de prevaricación administrativa. El ex concejal Ramón Tomás ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el mismo delito y para Antonio Pons Dols, consejero de Piaf, empresa condenada por la trama Gürtel de financiación ilegal del PPCV, la sentencia establece otros ocho años y seis meses por cooperación necesaria.
“Nuestro objetivo ha sido siempre defender los intereses de los y las vila-realenses, evitar que de los bolsillos de la ciudad se pagara ni un euro que no correspondiera pagar. Esta sentencia avala esta gestión y será fundamental para seguir defendiendo los intereses de la ciudad con más fuerza en el caso de que se reactivasen los procedimientos judiciales que quedaron paralizados a la espera de la resolución del proceso penal”, aseguró en su día el primer edil. En estos momentos hay más de seis procedimientos judiciales paralizados por la investigación del caso Piaf.
El caso Piaf arrancó en 2011, poco después de asumir Benlloch la Alcaldía de Vila-real, cuando la apertura de una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente realizados ni acreditados. Estas comprobaciones llevaron al primer edil, siguiendo instrucciones del interventor y otros técnicos municipales, a anular el pago de las facturas, buena parte de ellas endosada por el ex alcalde a un banco estando ya en funciones de su cargo. Además, instado por los servicios técnicos municipales, el alcalde llegó a remitir el expediente a la Fiscalía. De esta manera, Benlloch evitó el desembolso de las arcas públicas de 600.000 euros en facturas falsas.