El Ayuntamiento envía al Gobierno un informe técnico que cifra en 48 millones el riesgo urbanístico a corto plazo

El Ayuntamiento de Vila-real acaba de remitir un informe técnico al gobierno central en el que desglosa el riesgo urbanístico existente debido a las sentencias y otros conflictos heredados, que suponen un riesgo para la ciudad de 48 millones de euros a corto plazo. Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, que ha aclarado que esta cantidad es la misma que el presupuesto anual del consistorio.

Benlloch ha destacado la transparencia con la que se está trabajando desde el 2011 y “especialmente en estos momentos, para que los ciudadanos conozcan información que afecta a la ciudad y también para que el propio Ministerio comprenda cuál es la realidad que, por desgracia, estamos viviendo”. “El Gobierno se ha puesto duro con las leyes de estabilidad y muchos ayuntamientos ya se han saneado, pero el nuestro es uno de los pocos que, debido a esta situación heredada, va a tener que aprobar un nuevo Plan Económico Financiero, ya que es imposible cumplir con las reglas establecidas”, apunta.

En este sentido, el alcalde lamenta tener que dedicar “tantos esfuerzos a gestionar el pasado”, aunque asegura que “aquellos vecinos que consideran que se han vulnerado sus derechos en el pasado tienen todo el derecho a reclamar”. Además, tilda de “escandalosos” los datos relativos a la situación urbanística heredada. “La ciudad podría haber quebrado durante el mandato del PP, porque no dejaban de construir e inaugurar, pero no pagaban a nadie y la justicia es lenta, por lo que ahora llegan todas las consecuencias de lo que se hizo en su día y el Ministerio está preocupado”, relata Benlloch.

Por este motivo, el consistorio, a petición del Gobierno, ha remitido el informe elaborado por técnicos municipales que pone de manifiesto que  a corto plazo la ciudad podría tener la obligación de pagar hasta 48,5 millones de euros. “Lo peor de todo es que nunca sabremos cuándo se va a dictar una sentencia ni cuando puede venir, gestionamos con una inseguridad total”, afirma el primer edil. De hecho, recuerda que de los 48 millones de euros, algo menos de la mitad, 20,1 corresponden a reclamaciones en trámite en la vía judicial, que coinciden con 37 pleitos, en los que se encontrarían las facturas falsas de Piaf, “que todavía se nos reclaman” o el jardín de Botànic Calduch.

“Es una barbaridad”, lamenta Benlloch, quien explica que los 28 millones restantes corresponden a solicitudes de expropiación por ministerio de la Ley que, o bien están pendientes de valoración por el jurado Provincial de Expropiación, o bien se tiene constancia en el Ayuntamiento de que han sido recurridas sin que exista resolución judicial firme. “A ello se suman los 4,3 millones que hay que pagar ya a los propietarios por resoluciones firmes del jurado de expropiación”, añade. Toda esta situación, tal y como indica el primer edil, “impide preparar el futuro como nos gustaría, ya que por si fuera poco, el PP dejó un préstamo de 20 millones de euros para acabar de arruinar a la ciudad”.

“Quiero ser optimista, estamos defendiendo los intereses de la ciudad de la mejor manera posible, ya que si no estuviéramos gestionando bien, ya habría quebrado todo”, manifiesta el alcalde, quien destaca que “lo que ocurre es muy grave y no es ninguna broma, pero con responsabilidad y seriedad trabajaremos para hacer entender al Ministerio la peculiar situación que vivimos, si es preciso reuniéndonos para explicarle cara a cara todo aquello que no se entienda y para garantizar el bienestar de la ciudad”, concluye.