La Vicepresidencia Segunda concede las primeras ayudas del Plan Verdea para impulsar la renaturalización de edificios y espacios urbanos
En esta primera edición se han subvencionado 11 proyectos, la mayoría presentados por ayuntamientos
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la concesión de las ayudas del Plan Verdea de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a un total de 11 proyectos dirigidos a fomentar actuaciones que impulsen la renaturalización de edificios y espacios urbanos.
Se trata de ayudas dirigidas a actuaciones que utilizan los principios de la naturaleza, las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), para dar solución a los problemas del espacio urbano y la arquitectura. Todo ello apostando por la renaturalización como mecanismo para fomentar el bienestar humano, la biodiversidad y la resiliencia.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 340.000 euros, distribuido en dos anualidades, con una dotación de 200.000 euros para 2023 y 140.000 euros para 2024.
En esta primera edición del Plan Verdea se han concedido ayudas al CP Sant Pere d´Alcántara por su cubierta y fachada vegetal; al Club de Campo Los Monasterios por su urbanización exterior y a la empresa SingularGreen SL por su jardín vertical en fachada.
El resto de proyectos seleccionados proceden de los ayuntamientos de Villanueva de Viver por la renaturalización del entorno del edificio multiuso; Potríes por la renaturalización del casco histórico; Canet Lo Roig por el ajardinamiento de la zona verde junto al local polivalente; Jérica por la renaturalización del parque Era de la Pruna; Artana por la intervención arbórea en la avenida Jaume I para incrementar la sombra; Ròtova por la arborización de ejes periurbanos; Altura por el incremento de árboles; y Palmera por la renaturalización de la calle Ausiàs March.
Las ayudas se han concedido por el procedimiento de concurrencia competitiva. Se subvencionaban las actuaciones SBN promovidas por personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, y que se desarrollasen en el espacio urbano o edificaciones con carácter permanente. Estas acciones debían tener impacto sobre uno o varios de los desafíos que apunta la Comisión Europea como son la resiliencia climática, la gestión del agua, la mejora de la diversidad biológica, la calidad del aire y la salud o el bienestar.