El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig aprueba modificaciones en las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el próximo año

El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado esta mañana la modificación provisional de cinco ordenanzas reguladoras tanto del impuesto del IBI, que se abaratará un 5%, como de tasas por ocupación de terrenos de dominio público y prestación del servicio de recogida de residuos. Todas estas medidas se someterán en los próximos días a información pública por un periodo de 30 días.

La sesión extraordinaria celebrada esta mañana ha comenzado con la retirada del orden del día de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, barras y otros elementos auxiliares con finalidad lucrativa. La concejal de Gestión Tributaria y Ocupación de Vía Pública, Isabel Domínguez, ha explicado que el motivo de esta decisión es que “no estamos de acuerdo con la subida que implica tras el informe técnico de valoración”, estimada en alrededor de un 30%. La edil ha avanzado que “se han buscado maneras para paliar dicha subida pero, finalmente no ha sido posible, por ello se retira para mantenerla un año más derogada y estudiar su futura implantación sin que suponga tal lastre para los hosteleros”.

El pleno ha debatido, además, el incremento de la tasa por prestación de servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos, una medida derivada de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, según ha confirmado la edil de Gestión Tributaria, quien ha recordado, además, que la norma fue aprobada por PSOE y Podemos. Los grupos municipales de estas dos formaciones en el Ayuntamiento de San Vicente y Compromís han votado en contra de esta adaptación, que se aplicará desde el 1 de enero.

El alcalde, Pachi Pascual, ha intervenido en este punto para insistir en que “las nuevas tasas de basura son obligatorias para todos los ayuntamientos y no hay más remedio que hacerlo así porque nos vemos obligados y por responsabilidad, aunque a veces no nos guste, pero también así se ha llevado a cabo en municipios gobernados por el PSOE como Elda, donde se ha subido un 78%, o Calpe, con un gobierno en el que participan PSOE y Compromís, donde pagarán entre 178 y 300 euros más al año”.

En la misma línea, Domínguez ha alertado de que el voto en contra puede ser interpretado como “una invitación a quebrantar la ley” y ha remarcado que “la subida está siendo generalizada en todas las entidades locales de España gracias a una Ley que, en su artículo 11.3, establece que, en el caso de los costes de gestión de los residuos, las entidades locales deben aplicar en 2025 una tasa no deficitaria que refleje el coste real del servicio, lo que supone que los contribuyentes tienen que asumir el 95% través de sus recibos y no el 45%, como se hacía hasta ahora”.

Domínguez ha detallado que, con los cambios aprobados en las tasas de recogida de residuos, el municipio se dividirá en siete zonas atendiendo a criterios de capacidad económica, que tienen en cuenta el valor catastral por metro cuadrado, y generación de residuos, para lo que se ha estudiado el número de ciudadanos censados y contenedores. Las siete nuevas áreas son casco antiguo, urbanizaciones, diseminado, Universidad de Alicante, urbanizaciones dispersas, zonas industriales y Santa Isabel. En este último barrio se aplicará el menor incremento de la tasa, del 12%, por tratarse de una zona de especial protección.

Otro de los temas destacados debatidos es la reducción del 5% del Impuesto de Bienes Inmuebles que se aplicará a partir del 1 de enero de 2025 y supondrá un ahorro para los contribuyentes de alrededor de 700.000 euros. La medida ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, impulsores de la iniciativa, y la abstención de PSOE, EU-UP y Compromís. La edil de Gestión Tributaria ha asegurado que la finalidad de la propuesta “es aliviar la presión fiscal a los sanvicenteros propiciando una bajada de impuestos por parte de este equipo de Gobierno, en este caso con la rebaja del IBI por primera vez y desde hace más de 30 años en San Vicente ”.

La modificación de la ordenanza del IBI se aplicará para disminuir el tipo de gravamen y cuota tanto a los bienes inmuebles de naturaleza urbana como a los inmuebles de naturaleza rústica en un 0,7287% y un 0,57% respectivamente. En nombre del equipo de Gobierno, Isabel Domínguez se ha comprometido a seguir estudiando otras medidas para reducir la presión fiscal a los vecinos de San Vicente “sin repercutir la prestación de servicios básicos”.

La portavoz popular, Mercedes Torregrosa, también ha defendido la necesidad de asumir las obligaciones que marca la ley y ha rechazado las críticas de la oposición por la bajada del IBI, un impuesto basado en valores catastrales.

Otra de las ordenanzas sancionada por los grupos de PP y Vox, con la abstención de la oposición, ha sido la de la ordenanza fiscal que regula la tasa de ocupación con puestos de venta, establecimientos de feria, stands publicitarios o puestos informativos, que vuelve a entrar en vigor tras permanecer cuatro años derogada con motivo de la pandemia. La responsable de Hacienda ha confirmado una significativa reducción de la tarifa respecto a la anterior del año 2020, y ha anunciado que, como consecuencia de ello, la recaudación por este concepto se reducirá hasta los 20.000 euros estimados para 2025.

El pleno ha terminado con el debate de la modificación de las ordenanzas reguladoras de la venta no sedentaria y para la ocupación de terrenos de dominio público con mesas, sillas, barras y otros elementos auxiliares con finalidad lucrativa, aunque en esta última la ordenanza fiscal no entrará en vigor en 2025. Domínguez ha justificado que los cambios obedecen a la necesidad de mejorar la gestión del cobro de las tasas correspondientes y suprimir referencias a normativa ya derogada.

Como novedad, la titular de Gestión Tributaria y Ocupación, ha explicado que, en el caso de la venta ambulante en espacios como el mercado de los sábados, se permitirá que las autorizaciones se renueven automáticamente hasta la renuncia de la persona autorizada si se mantienen las mismas condiciones.