El Ayuntamiento aprueba la supresión de la paga extra de diciembre a los concejales en solidaridad con los funcionarios

El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado la supresión de la paga extra de diciembre a los concejales que conforman la Corporación Municipal. La moción ha sido presentada conjuntamente por los tres grupos políticos y aprobada por unanimidad. También ha salido adelante el ajuste en las anualidades del pago de los 7,2 millones de euros del Plan de Reestructuración Urbana que la Generalitat adeuda al Ayuntamiento y que éste deberá devolver al IVVSA.

La supresión de la paga extra de los miembros de la Corporación Municipal se sumará a la del resto de funcionarios producida por efectos de la aplicación del real decreto ley 20/2012 aprobado por el Gobierno y el ahorro producido irá destinado a reducción de la deuda pública municipal.

El portavoz popular, José Juan Zaplana, resaltó que la decisión se adopta por parte del equipo de gobierno del Partido Popular “en aplicación del principio de solidaridad en todos los ámbitos sociales y políticos”, a lo que recordó que este criterio se ha mantenido en medidas anteriores como la adoptada por el anterior Gobierno socialista de reducción del 5% del salario a los funcionarios o con la congelación del IPC. También recordó que en julio de 2011 con la configuración de la nueva Corporación el ahorro por parte del nuevo equipo de gobierno en salarios fue del 12%.

El portavoz popular, ante las reivindicaciones salariales del portavoz socialista, le recordó que los únicos miembros de la Corporación Municipal que vieron incrementados su emolumentos el pasado año fueron los portavoces de la oposición en unos 5.000 euros y a petición “suya” en referencia al socialista Rufino Selva. La medida fue aprobada por unanimidad.

También se aprobó el reajuste del pago de los 7,2 millones de euros pendientes de la Generalitat al Ayuntamiento de San Vicente por el desarrollo del convenio del Plan de Reestructuración Urbana, cantidad que posteriormente el consistorio deberá abonar al organismo autonómico del Instituto Valenciano de la Vivienda como promotor de las actuaciones.

El reajuste supone, en palabras del concejal de Hacienda, Manuel Marco, “el reconocimiento de la deuda y el compromiso por parte de la Generalitat para su pago”. Marco consideró la iniciativa como “prudente” en la situación actual, al tiempo que comentó que no afecta al Plan Económico Financiero que contempla posibilidades de financiación en este periodo de más de seis millones de euros para las arcas municipales.

El pleno también aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles estableciendo la obligatoriedad de los ciudadanos de comunicar cualquier cambio de titularidad o formal en sus inmuebles al Catastro, a través de SUMA. De esta forma, son los ciudadanos los que tienen la obligación de comunicar cualquier modificación, alta o baja de la descripción catastral de sus inmuebles, que en la práctica se realiza en la oficina de gestión tributaria de la Diputación.

El grupo popular consensuó con el socialista una moción en la que ambas formaciones rechazan la fusión obligatoria de municipios e instan a los gobiernos central y autonómico a establecer un proceso de diálogo con las federaciones territoriales de Municipios y Provincias con el fin de consensuar y arbitrar mecanismos de financiación y delimitación de competencias.

El equipo de Gobierno rechazó de nuevo una propuesta de acuerdo sin dictaminar presentada por EU que solicitaba la retirada de la propuesta de modificación de la ley de Bases de Régimen Local, por no haber sido sometida al consenso previo. También se rechazó finalmente la urgencia de una moción presentada por EU sobre el copago farmacéutico y otra socialista solicitando ayudas urgentes a los gobiernos central y autonómico para los afectados por los incendios en los montes valencianos de Cortes de Pallás y Andilla.

En el apartado de ruegos y preguntas se respondieron interpelaciones sobre distintas cuestiones como la cesión de los locales de la calle Balmes para asociaciones juveniles, los convenios de prácticas con instituciones docentes, las visitas al Museo Didáctico del Aceite o la situación de las vallas en terrenos privados en la zona centro por la empresa concesionaria de la explotación de estos soportes en suelo público el municipio, entre otras.