Visita extraordinaria a Valencia del Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, Maximino Caballero

La administración económica al servicio de la persona y de la Iglesia fue el tema que se abordó, este martes en Valencia, en las XVIII Conversaciones Canónicas, donde expertos abordaron la necesidad de una gestión económica al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Organizadas por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia (UCV), el Arzobispado de Valencia y CaixaBank.  

En las jornadas, inauguradas por el decano de la Facultad de Derecho Canónico, Jaime González Argente, destacó por excepcional la presencia del Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede, Maximino Caballero Ledo. También participaron el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent; el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, así como varios expertos, entre ellos, el director de Instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Jaime Casas Poy. 

El Prefecto Maximino Caballero destacó, en su ponencia sobre los “Avances normativos en la gestión económica de la Santa Sede”, que la reforma económica de la Santa Sede “es un proceso a largo plazo que, aunque comenzó en 2014, prácticamente estamos empezando, por lo que hay que tener paciencia, habrá ajustes. Todo nos llevará al objetivo último: poner a la Santa Sede como referencia internacional desde el punto de vista de transparencia y de recuperación de la credibilidad”.

Del mismo modo, el Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos subrayó que “la transparencia es el principio más mencionado, y más utilizado en las normativas de la reforma económica, porque hablamos de un patrimonio público alimentado de fuentes limitadas, en la mayoría de ocasiones, procedente de donaciones de los fieles. Por tanto, tenemos que dar y rendir cuentas. Transparencia no sólo es publicar las cuentas, es demostrar que tenemos unos procesos que funcionan, que cada ente es responsable de sus actos y que luchamos contra la corrupción”.

Además de rendir cuentas a los fieles, Caballero explicó que “hay que recuperar la credibilidad que, a nivel de Santa Sede, está muy dañada, y solo se puede hacer a través de una transparencia total. No sólo por la necesidad de dinero -hay que tener fe en la providencia- porque ese dinero no vendrá sin transparencia, sin rendir cuentas o si no hacemos las cosas cómo se deben hacer”.

Una de las reformas económicas “más radicales y profundas” 

Caballero Ledo recordó que la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede “son entidades soberanas independientes y que la Santa Sede es el organismo del que se sirve el Santo Padre y los Obispos para realizar la tarea del gobierno de la Iglesia en el mundo. La reforma económica se refiere, por ello, a la Santa Sede aunque la mayoría de las normativas se han aplicado a la Ciudad del Vaticano”.

La Santa Sede cuenta con alrededor de 150 entidades que son entes públicos: las instituciones curiales -dicasterios, órganos de Justicia, organismos económicos y oficinas-; las vinculadas a la Santa Sede; y las referidas a la Santa Sede.

Esta organización es el fruto de una reforma iniciada en los últimos años que culminó con la constitución Praedicate evangelium, promulgada por el papa Francisco el 19 de marzo de 2022, por tanto, “la reforma económica se engloba dentro de una reforma organizativa, más general, de la Santa Sede, y es, si no la más importante, una de las más radicales y profundas que se ha hecho”.

La reforma económica se inició con el Papado de Francisco, en 2013, con la creación de una comisión, denominada Cosea, para hacer sugerencias al Santo Padre sobre iniciativas económicas. En este sentido, Caballero destacó que “en aquel momento se vio necesario tener una estructura profesional y adecuada para gestionar el patrimonio de la Santa Sede” vinculado, además, a la necesidad de una protección frente a las crisis económicas.

En 2014, con el Motu Proprio Fidelis dispensator et prudensdel papa Francisco, “se da el disparo de salida a la reforma económica desde el punto de vista organizativo: se crea la Secretaría para la Economía, el Consejo para la Economía y la Oficina del Revisor General, que son organismos regulatorios, de control y de auditorías, tareas que hasta entonces no existían”.

Por tanto, “en 2014 se crea, por primera vez, la estructura económica de la Santa Sede”, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que hoy tiene seis organismos: los tres citados; uno que existía antes, la Administración para el Patrimonio de la Santa Sede (APSA); la Comisión de Materias Reservadas y el Comité de Inversiones de la Santa Sede.

La Secretaría para la Economía, “centro del proceso de cambio y reforma”

“En el centro de toda esta organización, y del proceso de cambio y de reforma económica, está la Secretaría para la Economía, una de las dos Secretarías de la Santa Sede, junto con la de Estado”, indicó su responsable. “Nos encargamos de emitir las guías y principios para ejecutar los presupuestos de la Santa Sede y de cada uno de sus entes, y de comprobar el control de su gestión. Es decir, regulación y control: somos responsables de la elaboración de las normas económicas de la Santa Sede y del control de su aplicación”, precisó.

Respecto al resto de organismos, el Consejo para la Economía “es un consejo de alto nivel de supervisión que aconseja al Santo Padre en materia económica y jurídica y aprueba los presupuestos; la Oficina del Revisor General realiza controles del tercer nivel y es autoridad anticorrupción; y el APSA gestiona el patrimonio inmobiliario, es el tesorero de la Santa Sede”.

Igualmente, la Comisión de Materias Reservadas “controla y autoriza los actos cubiertos por el secreto de Estado. Es una de las evoluciones más importantes de esta reforma económica”, señaló.

El Comité de Inversiones de la Santa Sede, por su lado, está formado “por profesionales de alto nivel financiero, voluntarios, que deciden las estrategias de inversión de los fondos de la Santa Sede, algo que se ha centralizado, y estas decisiones antes estaban fragmentadas”. Este Comité “existe pero no está funcionando del todo, está a punto. Si conseguimos que haga lo que tiene que hacer, o le dejen hacer, será uno de los mejores legados que dejemos en la Santa Sede”.

En la misma línea, Caballero hizo una recomendación a todas las diócesis: “Intentad que cada uno no tome sus propias decisiones. Seleccionemos bien a los expertos, confiemos en ellos, también hay que controlarlos pero dejemos que funcionen”. 

Ética y servicio, principios definidos por el Papa y pilares de la estructura

Esta estructura “ha ido creando su normativa para aplicar los principios básicos definidos por el Santo Padre: ética -respeto a la doctrina de la Iglesia-; servicio -todo está al servicio de la misión de la Santa Sede, y no al revés, y los distintos entes deben usar sus recursos de forma eficiente-; sostenibilidad económica y financiera -los recursos son muy limitados y debería haber un equilibrio entre entradas y salidas- . En este punto, existen otros principios relacionados: la racionalización y centralización de recursos, es decir, no duplicar estructuras en todos los entes”, según Caballero. 

Otro principio importante es “la segregación de funciones para evitar errores y delitos, aplicar el criterio de los cuatro ojos: no debería haber nadie que no tuviera que rendir cuentas”. Sobre esto, el Prefecto defendió que “desde hace dos años ningún ente de la Santa Sede está exento del control de otro ente, todo tiene supervisión”.

También habló de dos principios fundamentales, la transparencia y la credibilidad, y avanzó que “con estos principios del Papa, las recomendaciones de la Cosea y la organización económica y sus entes, se ha ido introduciendo una serie de normativas. La primera es la visibilidad y hoy día existe una visión de conjunto”, matizó el Prefecto de la Secretaría de Economía.

“El hito más importante de la reforma es el Motu Proprio Una mejor organización, publicada en diciembre de 2020, que permitió traspasar todos los fondos de donaciones de los fieles -Óbolo de San Pedro- al APSA e incluirlo dentro del estado financiero de la Santa Sede. El efecto más positivo es que las entidades de control, a partir de entonces, tienen acceso a ellos”, explicó.

En su intervención, Caballero Ledo hizo referencia al Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens, en el que el papa Francisco asegura que “la economía no es el centro de la reforma de la curia, es un medio al servicio de la curia y del Santo Padre”. Sin embargo, explicó el experto, “la reforma es difícil de implementar. Se pide a los entes un cambio radical de algo que durante siglos han hecho de modo diferente y no es fácil. No sólo estamos introduciendo burocracia, que la hay, también hay controles y disciplina”.

Finalmente, Caballero dijo sentirse “privilegiado por estar al frente de este proceso de cambio, en el que el centro es la Secretaría para la Economía” y pidió “rezar para implementar aquello que no sólo es una aspiración sino también una obligación para los que componemos la Santa Sede y, en conjunto, la Iglesia”.

Mons. Benavent: “La claridad y transparencia son exigencias morales en la tarea de la Iglesia de administrar los bienes” 

En la clausura de las jornadas, el Arzobispo de Valencia subrayó que “la Iglesia, al administrar los bienes, tiene unas exigencias éticas de honradez, claridad, transparencia y de usarlos para los fines que le son propios”. En este sentido, defendió la necesidad de claridad y transparencia “no sólo por una exigencia de la sociedad sino también por una exigencia moral”. “Además de ser honrados hay que mostrar que somos honrados. Muchas veces en nuestra sociedad que tiene una imagen deformada, caricaturizada y mediatizada, hay que mostrar que esos prejuicios no son ciertos”, añadió. 

Mons. Benavent también precisó que la gestión económica “no es una realidad monolítica, tiene muchas realidades diferentes, lo que dificulta que haya una uniformidad de criterios”. El Arzobispo resaltó la importancia de los consejos y organismos que asesoran a los Obispos, párrocos y a los responsables de las diferentes realidades eclesiales: “Una de las claves de esta nueva cultura, de esta nueva mentalidad, tiene que ser saber valorar la ayuda que recibimos de los consejos, de los asesores, y no querer imponer nuestros criterios por encima de todos, concluyó.

Giménez Barriocanal: “Cada día hay un mayor compromiso de los fieles” 

En la jornada, celebrada en la sede de Santa Úrsula de la UCV, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, explicó las normas canónicas sobre la administración de los bienes en la Iglesia, su aplicación en las diócesis y parroquias y los puntos de mejora de las normas y de la gestión en la ponencia titulada “Normativa canónica y mejora de la gestión diocesana: situación actual y propuestas de futuro”. 

En este sentido, destacó que “la economía de la Iglesia está para el destino de sus fines propios, es decir, la evangelización, la caridad, el apostolado”. “Es importante administrar bien los bienes, rendir cuentas, la transparencia, las auditorías, la buena gestión del ingreso y del gasto, la participación de los fieles en este proceso, las auditorías, los sistemas de garantía o de cumplimiento, que ahora mismo están de moda en nuestra sociedad y estamos empezando a aplicar a la vida de la Iglesia”.

Giménez Barriocanal reconoció que “se están dando pasos importantes en la modernización de la administración y la adaptación de estas herramientas porque la Iglesia quiere tener recursos para aplicarlos a su misión, sostener a los sacerdotes, anunciar esta buena noticia que es el Evangelio, vivir la fe y, por supuesto, darse a los demás”. 

“Esos son los fines de la iglesia y para eso hace falta gestionar bien el dinero”, detalló. Y reconoció que, cada vez más, los fieles están concienciados con el sostenimiento económico de la Iglesia: “Es un proceso de mejora continua, se han dado muchos pasos, marcando la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de la Renta, pero también haciendo ese gesto de una colaboración periódica. Cada día hay un mayor compromiso de los fieles pero tenemos que seguir trabajando”. 

CaixaBank, ejemplo de colaboración con el tercer sector

Las Jornadas Canónicas incluyeron, además, una mesa redonda y también la intervención de expertos, como Jaime Casas Poy, director de Instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana; Juan Ruiz Lozano, director comercial de Banca Privada de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas de CaixaBank; y Juan Carlos Estepa Jiménez, patrono de la UCV.

Al respecto, Casas Poy destacó que “el apoyo del banco al tercer sector viene desarrollándose desde hace mucho tiempo”. CaixaBank “es un banco diferente, no es un banco con una Fundación sino que una Fundación, la Fundación ”La Caixa”, es accionista mayoritario del banco. La colaboración con el tercer sector suele ser bastante amplia”, indicó. A partir de ahí “estamos encantados de ayudar, en la medida en que podamos, en temas no habituales para la Iglesia, como los temas económicos, para hacer una mejor gestión”. En este sentido, el directivo de CaixaBank destacó que en su relación con la Iglesia es importante “tener gente especializada y formada que puedan atender mejor sus necesidades de gestión económica”.

Jaime Casas y Juan Ruiz recordaron que “CaixaBank lleva muchos años dando servicio a las Instituciones Religiosas (IIRR) a través de la especialización en los departamentos de Instituciones y Banca Privada que conocen bien las necesidades de este colectivo; la formación de administradores y ecónomos, con jornadas específicas; y la planificación financiera acorde con los objetivos de corto a largo plazo”. Para ello “hemos construido una herramienta específica y hemos realizado 25 estudios que han ayudado a ordenar el patrimonio financiero y la inversión bajo criterios de sostenibilidad y de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)”. 

David Alonso de Linaje, responsable de Instituciones Religiosas de CaixaBank, consideró necesario acudir a los cuatro documentos de la Iglesia Católica en relación a la Planificación Financiera, Patrimonio Estable, la gestión del patrimonio financiero y la inversión, bajo los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia: “Economía al servicio del Carisma y de la Misión”, el Código de Conducta de CONFER, el Manual de Inversiones de la Conferencia Episcopal y el “Mesuram Bonam”. Además, destacó “la importancia de realizar Planes de Viabilidad de largo plazo a través de herramientas de Planificación Financiera específicas para Instituciones Religiosas y un inventario exhaustivo del patrimonio inmobiliario para buscar la máxima eficiencia de los activos y calcular el Patrimonio Estable, dando respuesta a la misión de la institución”. Igualmente, desarrolló un caso práctico “para ayudar a comprender la necesaria contratación de servicios de consultoría independientes específicos para Instituciones Religiosas”.

Rector UCV: “La gestión económica, al servicio de la misión”

Por su parte, el rector de la UCV, Jose Manuel Pagán, destacó que “la gestión económica no es un fin si mismo sino que tiene que estar al servicio de la misión y no dejarse llevar por criterios mercantilistas, sin olvidar que la mejor manera de garantizar la misión es la sostenibilidad”. También resaltó la importancia de que las personas que hoy gestionan los bienes económicos en la Iglesia sean laicos: “La sinodalidad nos habla de compartir la misión, del deseo de caminar juntos y hacerlo cada uno desde su carisma”.