Los vecinos de Valencia ven “insuficiente y poco realista” la ordenanza de contaminación acústica

Una vez publicada en el BOP y dentro del plazo establecido, la Federación de Asociaciones Vecinales de València ha presentado ante el Ayuntamiento una serie de alegaciones al texto de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica que fue aprobado por el Pleno municipal hace unas semanas. Tal y como destaca su presidenta, María José Broseta, la Federación de Asociaciones Vecinales valora esta propuesta como insuficiente y, en muchos casos, poco realista. 

“Una ordenanza, como cualquier otra reglamentación, debe tener como principal objetivo que se haga cumplir y, en este caso, además que solucione realmente el problema de saturación acústica que sufren muchos barrios de la ciudad”, ha destacado Broseta. “Por eso, hemos presentado una serie de consideraciones con el propósito de facilitar la aplicación y ejecución de las previsiones y objetivos de la propia ordenanza”, ha añadido. 

En relación a las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), el documento presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales incide en la necesidad de que se tenga en cuenta el nivel sonoro del tráfico provocado por los ejes viarios de la red principal para que la contaminación acústica ya existente no se vea incrementada con el sonido procedente por las actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos. 

Asimismo, se demanda que se incorpore el objetivo de disminuir el ruido hasta situarlo en los índices que se concretan en el anexo a la ordenanza, y que los niveles de presión sonora en los trabajos con maquinaria o en las actuaciones musicales y otros actos con sonoridad sean inferiores. 

Dentro de las consideraciones presentadas por la Federación también se recoge la reducción del horario ordinario autorizado para los trabajos en la vía pública, así como que las restricciones por molestias acústicas no sean solo referentes al horario sino también del espacio a ocupar, y que se basen en el principio de restablecimiento de la legalidad.

Otra demanda de la Federación vecinal es que se suprima la relación de actos eximidos con motivos de fiestas y que se realice un estudio y regulación de los niveles máximos para cada uno de ellos. También, que los comportamientos no tolerables se centren en la propia actividad y no en la ciudadanía, y que se eliminen salvedades para autorizar actividades prohibidas en ese sentido. 

Finalmente, el documento de alegaciones presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales de València también recoge otros aspectos técnicos pero igualmente importantes para que se hagan cumplir los objetivos de la propia ordenanza. Algunos de estos aspectos hacen referencia a la necesidad de contar con personal técnico acreditado para la realización de los estudios sonométricos; que la periodicidad de evaluación sea más estrecha, continuada y según lo que determinen las Mesas de Seguimiento; que se reduzca el plazo de vigencia de medidas cautelares de 5 a 2 años; que se tengan en cuenta los permisos de las comunidades de propietarios para las instalaciones de aparatos de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, o que la falta de colaboración por parte de las personas denunciantes en su caso no determine la terminación de un procedimiento. 

Contra las penalizaciones por denunciar

Por otra parte, y tras conocerse la petición de la Federación Empresarial de Hostelería en la que se reclama que se penalice a los vecinos que denuncien incorrectamente, la Federación vecinal ha recalcado la improcedencia de esta reclamación. “En primer lugar habría que tener claro cuánto supone el número de denuncias falsas que pueda haber respecto al total de las mismas y si éstas se deben realmente a mala fe o más bien a un posible desconocimiento o falta de información por parte de la ciudadanía”, ha señalado María José Broseta. 

Asimismo, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València ha manifestado que, para evitar este tipo de situaciones, “el mecanismo no puede ser en ningún caso la penalización o las restricciones a la ciudadanía para que se pueda denunciar”, hecho que supondría además un agravio comparativo según el nivel de renta de cada persona, “sino más bien se debería hacer un esfuerzo por parte de la Administración para que la ciudadanía conozca la normativa y la aplique adecuadamente; no se puede cargar continuamente la responsabilidad en los vecinos y vecinas que sufren las consecuencias y hacer que paguen justos por pecadores”, ha concluido Broseta.