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El PP de Valencia pide que se paralice Ley Celaá, “que coarta la libertad de los padres”, y se suma a la plataforma en defensa de la plataforma MÁS LIBRES, MÁS PLURALES, MÁS IGUALES

  • El PP de Valencia apoya y se adhiere al Manifiesto de la Plataforma “MÁS LIBRES, MÁS PLURALES, MÁS IGUALES”

  • Catalá anuncia la presentación de una Moción al Pleno para que el Ayuntamiento inste al Gobierno a paralizar la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de Educación

  • Destaca que la eliminación en la Ley del castellano como lengua vehicular de la Educación “es un nuevo mazazo contra los principios constitucionales que la izquierda radical que gobierna España pretende subvertir”

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha anunciado hoy que el PP de la ciudad de Valencia se suma al manifiesto de la plataforma Más Libres, Más Plurales y Más Iguales en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Catalá ha explicado que “el PP defenderá en el próximo Pleno, a través de una Moción, que el Ayuntamiento Inste al Gobierno de la Nación a paralizar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) en aras de encontrar un acuerdo con la comunidad educativa.

La portavoz coincide con el alegato de esta plataforma en que la reforma de la ley “restringe la libertad de los padres en la educación de sus hijos y atenta contra pluralidad de nuestro sistema educativo, atacando al modelo de educación concertada - ampliamente respaldada por las familias de nuestro país- y rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución”.

“Ante los ataques a la libertad de los padres para elegir los  centros educativos en los que se formen sus hijos, y ante la voluntad política de acabar con la educación concertada, no podemos permanecer impasibles, y debemos mostrar abiertamente nuestro total respaldo a las AMPAs, a las asociaciones de colegios concertados, a la Mesa de la Educación en Libertad y a la plataforma Más Plurales, Más Libres y Más Iguales , en su defensa de un modelo educativo que sólo en Valencia ciudad supone más del 50% de la oferta elegida por los valencianos.” , ha destacado.

La Moción que impulsará los populares en el Pleno destaca que:

“El Gobierno ha excluido por primera vez en la historia de la democracia a la comunidad educativa en la tramitación de esta reforma, lo que evidencia la falta de voluntad del Ejecutivo de llegar a acuerdos y consensos tan necesarios en un ámbito tan importante como la educación”. 

“La propuesta de acuerdo en el Congreso entre PSOE, Unidas Podemos y ERC incluye la eliminación el castellano como lengua vehicular de la Educación, una discriminación y un atropello más de nuestra Constitución en cuyo artículo 3 se recoge que el castellano es lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla. Existen, además, sentencias que han dejado claro que el castellano debe usarse en una «proporción razonable» en la enseñanza en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial. El Tribunal Constitucional ha afirmado que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares”.

“La libertad y la pluralidad deben ser pilares de nuestra sociedad y la reforma educativa planteada carece de ese espíritu como han alertado docentes y padres. La supresión del concepto de la demanda social es un claro ataque a la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren educar a sus hijos, y la discriminación hacia el castellano que conlleva la enmienda pactada PSOE, Unidas Podemos y ERC es una vulneración de nuestra Carta Magna”.

“Estos puntos junto a otros han sido criticados por numerosas entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros que bajo la Plataforma Más Plurales han presentado un manifiesto al que el Ayuntamiento de Valencia como muestra y compromiso de la defensa de la libertad educativa y de la pluralidad del sistema educativo actual debe adherirse.  Dicho Manifiesto expone que:

  • La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica.
  • La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos.
  • Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
  • El Estado tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos.
  • A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
  • La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.
  • La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona. La identificación de las familias con el proyecto educativo elegido favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos.
  • Mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros. La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial. Porque a todos -centros, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor.”
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