El PP de València pide que se desactiven las cámaras de Ciutat Vella

El PP ha vuelto a pedir hoy que luego de un año de puesta en marcha el cierre con cámaras de la APR de Ciutat Vella ya que ni vecinos, ni comerciantes ni falleros quieren que sigan en marcha. Para el Gobierno de Ribó y PSOE el único objetivo de la medida es hacer caja, más de 1,5 millones de euros recaudados en menos de un año de funcionamiento con la imposición de 117.161 multas hasta el mes de noviembre.

Los populares han vuelto a pedir hoy que se apaguen las cámaras pues está ya provocando el cierre de comercios en toda esta zona de la ciudad al no poder acceder los clientes. El Gobierno de Compromís y PSOE multa de media cada día a más de 300 personas por entrar en su vehículo en la zona de APR de Ciutat Vella, lo que significa una media desde que se puso en marcha de 10.000 multas al mes.

La recaudación acumulada hasta noviembre es de 1.574.213 euros con un cúmulo de 117.161 multas. La portavoz del PP en la ciudad de Valencia, María José Catalá, ha exigido una vez más al alcalde Ribó y sus socios del PSOE que "se siente de una vez por todas con vecinos, asociaciones y comerciantes afectados por la zona de la APR en Ciutat Vella porque continúa la sangría de multas a los vecinos y el afán recaudatorio de Ribó parece que no tiene fin". Para el PP alcanzar el consenso con los afectados es "un compromiso que cumpliremos al alcanzar la alcaldía el próximo año 2023", ha asegurado Catalá.

Catalá (PP) asegura que “con estas cifras es evidente que no ha habido campañas informativas como si se ha hecho en otras ciudades. La medida entro en vigor en diciembre del año pasado con la posición en contra de comerciantes, falleros y vecinos de la zona. Acudieron al pleno a pedir que no se comenzara a multar, pero han proseguido haciendo caja con las multas en la APR”.

“Han subido impuestos y tasas en plena crisis económica por la covid, quieren cobrarnos por aparcar bajo de casa y ahora nos fríen a multas por entrar en Ciutat Vella. Nos parece un nuevo escándalo del gobierno de Ribó y PSOE que no ejecutan las inversiones por su nula gestión, pero sí recaudan del bolsillo de los ciudadanos con el IBI más alto de España según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)”, añadió Catalá.