VALENCIA | SOCIEDAD

Valencia invierte más de 640.000€ en parar desahucios de 593 familias

ELPERIODIC.COM - 26/02/2020

Desde el área de Servicios Social recuerdan que el Ayuntamiento atiende a todas las personas con dificultades y a todas se les ofrece alguna alternativa

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha informado que desde el consistorio se ha destinado un total de 660.419,87 euros a prestaciones económicas individualizadas para evitar desahucios en la ciudad de València. Concretamente, se ha dado soluciones a 593 familias de la ciudad en este sentido.

"El Ayuntamiento atiende a todas las personas con dificultades y a todas se les ofrece alguna alternativa. Para el Gobierno de Joan Ribó es de capital importancia trabajar día a día en evitar desahucios en nuestra ciudad y en poder atender las urgencias que se puedan dar sobre un derecho fundamental para todas las personas como es la vivienda", ha dicho la concejala Lozano.

En ayudas de emergencia para la entrada a una nueva vivienda de alquiler, el Ayuntamiento ha aportado 79.176,80 euros a un total de 84 familias. Estas ayudas consisten en el pago, por parte del consistorio, de la fianza del alquiler y de los primeros meses de la mensualidad. Esta ayuda resuelve el problema que tienen algunas familias que no pueden hacer frente al desembolso inicial de alquilar un piso, pero sí pueden afrontar con normalidad las mensualidades posteriores.

Otra ayuda que el Ayuntamiento gestiona son las prestaciones económicas individualizadas para el pago de deudas del alquiler, para evitar procesos de desahucio. En este caso el consistorio valenciano ha ayudado a 593 familias, con una inversión de 541.396,13 euros en esta materia.

En cuanto a las ayudas para afrontar los gastos de la comunidad de vecinos para evitar desahucios por este motivo, la concejalía de Servicios Sociales ha gestionado ayudas a un total de 15 familias y ha destinado hasta 39.846,94 euros.

Además, se ha gestionado la adjudicación de 12 viviendas municipales o autonómicas para atender a 12 familias que habían sido desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los recibos.

Por otra parte, hay que decir que hay desahucios producidos por deuda de suministros básicos que se han paralizado mediante la negociación con la empresa suministradora y el pago de la deuda mediante ayuda de emergencia. Esto se afronta a través de las ayudas contra la pobreza energética, en la que el Ayuntamiento ha invertido 724.000 euros distribuidos en el pago de 1.482 facturas de agua, 1.421 de luz y otros 116 de gas sólo en el año 2019.

"El objetivo es que a ninguna persona que no pueda hacer frente a las facturas se le corte el acceso a la luz, al agua o el gas en nuestra ciudad", ha explicado Lozano.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA Y EMPLEO (SIPHO)

Paralelamente a estas ayudas, el Ayuntamiento dispone de un equipo que pertenece a la Concejalía de Servicios Sociales formado por abogados, mediadores y sociólogos. Proporciona, a las personas afectadas por un proceso de desahucio, asesoramiento e información sobre los derechos reconocidos por la ley, ya sea por una situación de impago de las cuotas hipotecarias, de deudas del alquiler o de empleos.

En este servicio se adoptan las medidas de intermediación personalizadas que resultan posibles para mejorar la situación de los afectados. En caso de que no sea posible llegar a un acuerdo para paralizar el desahucio y se alcance la fecha de lanzamiento, el SIPHO realiza las últimas negociaciones y se coordina con los centros municipales de Servicios Sociales para acompañe a las familias afectadas. Han sido atendidas por este servicio 611 personas.

EL AYUNTAMIENTO AUMENTA EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL

El Ayuntamiento de València ha aumentado el parque de vivienda social destinado a familias en situación de vulnerabilidad. València tan sólo contaba con 97 viviendas sociales en toda la ciudad en el año 2015, una cifra que situaba al «cap i casal» a la cola de inversiones en este tipo de infraestructuras para los colectivos más vulnerables; actualmente la cifra ha aumentado a 135, después de 10 años sin haberse incrementado.