El PP de València denuncia que el Gobierno de Ribó y PSOE en medio año lleva gastados 3,5 millones de euros en más de 550 "contratos a dedo"
Los Informes de la Intervención General que dice que es “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas”
El Gobierno de Ribó y PSOE en seis meses, es decir medio año, han adjudicado más de 550 contratos a dedo por un importe de 3,5 millones de euros. Se trata de contratos menores que no precisan de concurso previó y que por tanto lo elige la propia concejalía directamente. Esta práctica ya es habitual a pesar de los Informes de la Intervención General que dice que es “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas.”
La concejala del PP, Paula Llobet, ha asegurado hoy “el abuso” de los gobiernos municipales de Compromís y PSPV de los contratos a dedo para evitar la pública concurrencia. Las adjudicaciones a dedo de contratos para evitar los concursos en los que se garantiza la pública concurrencia de empresas “se han convertido en la principal marca del mandato de Ribó y sus socios de gobierno desde que llegaron al Ayuntamiento de Valencia”.
“Recordar que a lo largo del pasado año se adjudicó un total de 1.636 contratos por un valor cercano a los 11 millones de euros. Y si nos remontamos a lo que llevamos de mandato, la cantidad asignada a través de este tipo de contratación directa supera los 20 millones de euros gastados en contratos a dedo”, explicó LLobet.
LLobet ha recordado que los sucesivos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento vienen advirtiendo que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, algo que ha considerado, coincidiendo con los apercibimientos de la Intervención General, “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas.”
Además, cabe añadir que el Informe realizado por la Intervención General del Ayuntamiento sobre el control del sector público "recomienda que en las adquisiciones de bienes y servicios superiores a 6.000 euros se soliciten al menos tres ofertas", ya que según establece el propio informe, “en atención al principio de buena gestión, la solicitud de varias ofertas supone justificar de forma razonable la obtención de la oferta económicamente más ventajosa para la administración pública".