Valencia confirma la bajada de impuestos aprobada para 2024 ante el “basurazo” de Sánchez

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha acordado llevar para su aprobación al próximo Pleno las Ordenanzas Fiscales para el 2025, entre las que destaca la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Como ha explicado la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, “se trata de una tasa que los Ayuntamientos rechazamos, pero nos obliga a aprobar Pedro Sánchez para consumar el “basurazo” de su ley de residuos”.

Hasta el momento, el Ayuntamiento asumía el coste de la recogida de basura. Algo que no podrá seguir haciendo porque el artículo 11 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, exige a los Ayuntamientos aprobar, para 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que tienda a sistemas de pago por generación y que refleje el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras.

La también Primera Teniente de Alcalde ha mostrado la contrariedad del gobierno municipal que lidera la Alcaldesa María José Catalá con esta imposición, afirmado que “la configuración como no deficitaria de la nueva tasa ata de pies y manos a los Ayuntamientos; nos obliga a repercutir a los ciudadanos 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos; e impone en contra de nuestra voluntad el  “basurazo” de Pedro Sánchez”, ha indicado.

En este sentido, la titular del área de Hacienda ha puesto como ejemplo que “a partir de 2025, no podríamos, como hicimos hace un año, asumir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de aportación a la EMTRE para que se repercutiera ese importe en los vecinos”. “Hoy, por imposición legal y en contra de nuestro deseo, tendríamos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa” -la TAMER, en el caso de la EMTRE, por el tratamiento y eliminación de residuos-, ha proseguido, declarando que “es la primera vez en la historia del municipalismo español que desde el Gobierno de España nos obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una nueva tasa, el “basurazo” de Sánchez”.

La configuración legal de la nueva tasa como “no deficitaria” también supone restringir la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas.

Para tender al pago por generación, como exige la ley, estas cuotas han sido determinadas por los técnicos optando para la recogida y transporte de residuos, por coordinación y coherencia en todo el ciclo de gestión de residuos, por el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos (TAMER): el consumo de agua, medido en un tiempo definido de 12 meses, de la vivienda. En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.

Se prevé un total de 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas, se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 €/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales.

A este respecto, el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua y vicepresidente de la citada entidad, Carlos Mundina, ha recordado que “la nueva normativa, que desarrolla una directiva europea, obliga que la tasa financie por completo el servicio, y que refleje  el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".

Carlos Mundina ha reiterado que “la Emtre, que en anteriores ejercicios ha asumido parte del servicio, ahora está obligada a aumentar la citada tasa para que  financie completamente el coste del servicio”.

“La entidad metropolitana espera ingresar cerca de 72 millones de euros con esta tasa, pero así sólo cubre el 70% del coste real del servicio, que asciende a los 103 millones de euros aproximadamente. El año pasado se decidió que cada Ayuntamiento aportara esa diferencia que la Tamer no cubría, pero la normativa estatal obliga ahora a hacer este cambio y que la tasa financie por completo el servicio”, ha explicado.

Para aliviar a los vecinos y comercios por el “basurazo”, Ferrer San Segundo ha confirmado que, “mantendremos también para 2025 la histórica rebaja fiscal aprobada para el año 2024, que fue la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia de este Ayuntamiento y de las grandes ciudades españolas; beneficiando a más del 99% de los vecinos y comerciantes de Valencia, mientras que Compromis y PSOE subieron durante su mandato los impuestos al 100% de los valencianos. Sin excepción y en tiempos de crisis. También a los que ahora que no gobiernan dicen defender”.

De este modo, se consolidan para 2025 medidas como la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana que ya ha supuesto para 700.000 valencianos un ahorro de más de 33 millones de euros; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas que han ahorrado más de un millón de euros; o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos, “que ha permitido ahorrar 1,77 millones de euros, mientras que con Compromis y PSOE la bonificación máxima solo permitió ahorrar el año anterior 71.259,77 €”, según ha precisado la edil.

Además, con el objetivo de reducir el impacto del “basurazo”, la nueva ordenanza contempla los siguientes beneficios fiscales, que han de tener cobertura legal y ser restringidos en su cuantía para no infringir la imposición de que la tasa no sea deficitaria, pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones:

• Reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios), beneficiando con ello a más de 4.000 familias.

• Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (según la ley que estén “en riesgo de exclusión social”: unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), favoreciendo a 6.200 familias, sin perjuicio de otras coberturas y ayudas de los Servicios Sociales para situaciones de vulnerabilidad.

• Bonificación de 10 € a usuarios que utilicen ecoparques.

• Bonificación de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”.

• Bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).

• No sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es.

Las Ordenanzas Fiscales para 2025, además de la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, contemplan correcciones y ajustes técnicos en la regulación de diversos tributos.

También se introducen medidas que persiguen generar mayor seguridad jurídica al contribuyente y reducir las trabas burocráticas, como que los beneficios fiscales se mantendrán en tanto no se modifiquen las circunstancias y requisitos exigidos para ello, evitando tener que solicitarlo cada año.

Por otro lado, ante la reactivación del mercado inmobiliario, el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armoniza con los de la mayor parte de las grandes ciudades, quedando fijado en el 4%.

Finalmente, se introduce una bonificación del 95% a todas las comunidades de vecinos que acometan la sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación (Documento Básico de Seguridad contra Incendios, SI 2 Propagación Exterior, versión 22 de diciembre de 2022).

El objetivo de esta bonificación, tal y como anticipó la Alcaldesa María José Catalá en el pasado Debate del Estado de la Ciudad es ayudar y fomentar que las Comunidades de Propietarios que viven en edificios con características similares al de Campanar cambien este tipo de material en su fachada, para mayor seguridad y evitar propagación en caso de incendios.

“Ante el “basurazo” de Sánchez que nos obliga a los Ayuntamientos, por imperativo legal, a repercutir a los ciudadanos la recogida y transporte de los residuos con un “ya te apañarás” y cuando vemos que ahora Ayuntamientos de la izquierda proponen bajar el IBI como hicimos nosotros hace ya un año y con mayor alcance, la mejor noticia para los vecinos y comerciantes de la ciudad de Valencia es que en el gobierno municipal encabezado la Alcaldesa María José Catalá seguimos cumpliendo lo que prometemos. Confirmamos para 2025 la rebaja fiscal de 2024, sobre todo en el IBI, que después de criticarnos ahora están ya proponiendo muchos Ayuntamientos de izquierda, lo que refrenda que teníamos razón. Y aliviamos con ello a los vecinos y comercios de Valencia ante el “basurazo” que Sánchez nos ha impuesto para 2025”, ha concluido Ferrer San Segundo.