València aprueba la modificación de las ordenanzas fiscales y la imposición de la nueva tasa de recogida y trasporte de residuos

El Ayuntamiento de València, en la sesión plenaria del mes de octubre que se ha celebrado este martes, ha aprobado las modificaciones en diversas ordenanzas fiscales que entrarán en vigor a partir del próximo ejercicio de 2025. El acuerdo ha sido posible gracias a los votos a favor del equipo de gobierno, conformado por el Grupo Popular y el Grupo Vox. La instauración de la nueva tasa municipal por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos ha centrado el debate de los portavoces de los cuatro grupos políticos.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha defendido la actualización de las ordenanzas fiscales que se aplicarán en la ciudad de València a partir del 1 de enero de 2025 y ha afirmado que "vamos a seguir bajando los impuestos". “Hemos reducido el IBI al más del 99% de los vecinos y comerciantes”, ha añadido. Respecto a la subida prevista del 3% al 4% del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), San Segundo ha recordado que “sólo se cobra cuando se hace la obra”.

“No demonicen al sector inmobiliario”, ha afirmado la responsable de las cuentas municipales, en su respuesta a la concejala Eva Coscollà, del Grupo Compromís, que había señalado previamente que “el aumento de 6,5 millones en la recaudación de dicho impuesto subirá el precio de las obras y el precio de la vivienda”. Ferrer San Segundo ha relatado una serie de ayuntamientos que tienen instaurado el pago del ICIO en un 4% “como Barcelona, Paterna, Alboraya y Cullera”.

Modificaciones técnicas de las ordenanzas

Las modificaciones de las ordenanzas aprobadas este martes son en su mayoría de carácter técnico con el objetivo de mejorar la redacción de los textos que regirán la aplicación de los siguientes tributos: abastecimiento de agua y otras actividades conexas; impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como “plusvalía municipal”; impuesto sobre actividades económicas (IAE); impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la contribución especial por el servicio de extinción de incendios. En este último caso, se suele abonar generalmente por las compañías de seguros a través del seguro del hogar.

Cabe recordar que la comisión municipal de Hacienda dio el visto bueno a las ordenanzas municipales de 2025, a través de las que se mantiene y consolida la rebaja fiscal del año 2024, a juicio del equipo de gobierno. Como destacó en su momento Ferrer San Segundo, "el IBI se mantendrá un año más con la rebaja del 20%, lo que junto a otras rebajas de otras tasas e impuestos como la plusvalía supone un ahorro a todas las familias de cerca de 70 millones de euros".  

Borja Sanjuán, del Grupo Socialista, ha afirmado este martes que “si rebajan la recaudación por el IBI y la aumentan por el ICIO, los ingresos municipales pasan a depender de la actividad de la construcción”. El concejal de la oposición ha afirmado en su turno de palabra que una familia corriente pagará 420 euros más en impuestos”. En relación al ICIO, la concejala Coscollà ha acusado al equipo de gobierno de “intentar cuadrar el presupuesto a martillazos”. “La inmensa mayoría de la población vamos a pagar más impuestos”, ha añadido.

A este paquete fiscal que ha aprobado la corporación municipal en sesión plenaria hay que añadir la imposición de la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Este nuevo tributo nace de la trasposición a la legislación española de las directivas europeas que implican una estrategia para reducir de forma más efectiva los residuos que acaban en vertedero. Es decir, la nueva normativa penaliza a los municipios que menos reciclan y menos separan los residuos en origen.

“El tasazo de Sánchez”

Respecto a la entrada en vigor de esta tasa, la también primera teniente de Alcaldía, Ferrer San Segundo, ha acusado a Pedro Sánchez y a sus socios en el Gobierno, de elaborar “la ley más pésima que se ha hecho en España”. “Este tasazo es de Sánchez, del PSOE y de Compromís. La directiva europea no impone nada”, ha añadido. Respecto a la imposición fiscal en la generación ordinaria de residuos urbanos, cabe señalar que la recogida y el transporte de los mismos están gravados por el nuevo tributo, mientras que la valoración y eliminación de los desechos es competencia de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) y se cobra actualmente a través de la tasa Tamer en el recibo del agua.

Desde el Área de Hacienda del Ayuntamiento de València se ha trabajado para que la nueva tasa contemple una serie de beneficios fiscales, con cobertura legal y restringidos en su cuantía para no infringir la imposición de que la tasa no sea deficitaria. Entre las bonificaciones contempladas se incluye una reducción del 30% a familias numerosas; reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos; bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques; bonificación de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”.

La respuesta de la oposición ha venido de las voces de Sergi Campillo (Grupo Compromís) y de Borja Sanjuán (Grupo Socialista). El primero ha declarado en el pleno que “esta tasa es puramente recaudatoria y va en contra de los objetivos medioambientales. Una familia que separe correctamente los residuos en cinco pozales pagará lo mismo que otra con un único depósito y que no separa los residuos. Porque consumirá el mismo agua”. En respuesta a Ferrer San Segundo, Campillo ha afirmado que “el tasazo lo implantó el PP en 2008 en la EMTRE, a través del recibo del agua cuando no había ley que obligara a ello”.

El concejal socialista, por último, ha acusado al equipo de gobierno municipal de establecer “un modelo equivocado, al enlazar el cobro de la tasa al consumo de agua” y ha resaltado que “una familia media pagará 141,31 euros” cada año. Los dos grupos de la oposición han coincidido al señalar que “las bonificaciones a la tasa no tienen nada que ver con el reciclaje” mientras que la concejala Ferrer San Segundo ha afirmado que la directiva europea “impide establecer bonificaciones ad libitum”.