El Sindic de Greuges da la razón al PP y advierte que es ilegal la restricción de preguntas que impone el Gobierno de Ribó

El Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana “ha dado la razón al PP de Valencia, advirtiendo al alcalde Ribó que no es legal, ni constitucional, la limitación de preguntas a la oposición que han impuesto Compromís y PSPV, pretendiendo restringirla todavía más”.

En particular, el Síndic concluye que “ni la legislación, estatal o autonómica, ni el Reglamento Orgánico del Pleno, contienen ninguna limitación al derecho de los concejales a formular preguntas”, como “tampoco un número máximo de cuestiones que puede contener cada pregunta”. Y, también, que el acuerdo de la Junta de Portavoces que restringe las de la oposición “no tiene naturaleza reglamentaria”.

Por ello termina instando al gobierno municipal a que, “teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito municipal, se aplique la regulación de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar estos procedimientos de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico para evitar las disfuncionalidades detectadas”.

Y recuerda, además, al Gobierno de Ribó y PSO, que las respuestas a las   preguntas “deben ser claras, completas y congruentes”.

La portavoz adjunta del Grupo Popular María José Ferrer San Segundo se ha mostrado satisfecha de la resolución y ha pedido al alcalde Ribó, y sus concejales, que la tengan en cuenta. Ferrer San Segundo ha explicado que la resolución del Sindic “estima la reclamación, avala nuestra posición y desautoriza el intento de Ribó de amordazar y maniatar a la oposición, como hemos venido denunciando, para mermar y acallar nuestro trabajo, porque además le recuerda explícitamente que el acceso a la información y participación de los representantes públicos es un derecho fundamental protegido por la Constitución”.

Ferrer San Segundo ha puesto de manifiesto así mismo que “si el gobierno de Ribó lo que quiere es restringir todavía más los derechos constitucionales de la oposición, al menos lo tiene que hacer legalmente, es decir, modificando el Reglamento Orgánico para incluirlo”, recordando que “en los 24 años de gobierno de Rita Barberá nunca se modificó para limitar el número de preguntas de los concejales de la oposición.”

La resolución del Sindic argumenta, para rechazar la limitación de preguntas, que la decisión de “la Junta de Portavoces, adoptada en la sesión de fecha 12 de julio de 2019, consistente en fijar en cinco preguntas por concejal/a más cinco preguntas por grupo político (al Pleno)…, no puede tener efectos generales para todas las sesiones plenarias, como si se tratara de un reglamento porque no lo es, ni dicho acuerdo se ha adoptado siguiendo el procedimiento legalmente establecido para aprobar los reglamentos o disposiciones de carácter general.” “Menos algún restringir aún más las cuestiones o interrogantes que puede contener cada pregunta”- ha añadido la viceportavoz popular

La resolución del Síndic llega tras la denuncia presentada por negarse el  equipp de Ribó a contestar preguntas realizadas por los populares en desarrollo de su trabajo de control al gobierno municipal. E intentar, además, recientemente, recortar aún más ese derecho constitucional restringiendo el número de interrogantes por  pregunta.

El Síndic en la resolución rechaza los argumentos del Gobierno de Ribó cuando alega que las preguntas entorpecen la gestión, manifestando que “es necesario demostrar dicho entorpecimiento con informes detallados y concluyentes, ya que nos encontramos ante la limitación del ejercicio de un derecho fundamental por parte de los concejales y cualquier limitación del mismo deber ser interpretada de forma restrictiva”.

En todo caso, Ferrer San Segundo opone al gobierno municipal que “no se escuden en los empleados públicos, porque la labor de contestar a las preguntas la tendría que estar haciendo fundamentalmente la pléyade de asesores que tiene el gobierno llamado del Rialto, que ha multiplicado, en número y en coste millonario, los que habían en 2015”.

Por otra parte, el Síndic establece con claridad que “de forma reiterada, hemos dicho que si las preguntas que plantean los concejales no se responden de forma rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de los asuntos públicos, ya que se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a ejercer el cargo para el que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía (artículo 23 de la Constitución Española)”.

Por todo ello, Ferrer San Segundo ha avanzado que los Populares pedirán en la próxima junta de Portavoces que se suprima el límite impuesto unilateralmente por el Gobierno de Compromís-PSPV y, a la vista de la resolución del Síndic, se opondrán a que, como pretende Ribó, se restrinjan todavía más los interrogantes que pueden contener las  preguntas.

“Los miembros del grupo popular hemos venido a trabajar, y eso es lo que hacemos, aun sin disponer de la extensísima estructura de apoyo que tiene el equipo Compromís-PSPV. Como dice el Síndic de Greuges, una oposición pasiva o silenciada es ‘impropia de una democracia avanzada’. Así que Sr. Ribó y concejales de su gobierno: lo que no se puede es alardear de transparencia y practicar opacidad”, ha concluido Ferrer San Segundo.