Sarrià: "El TSJCV condena al ayuntamiento por despilfarrar el patrimonio municipal de suelo"

El concejal socialista Vicent Sarriá ha denunciado hoy que el TSJCV ha confirmado la sentencia 298/10 de 21 de junio del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4, recurrida en apelación por el Ayuntamiento, que anulaba el acuerdo plenario de 30 de mayo de 2008 por destinar 7,8 millones de euros procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera, en vez de a la promoción de vivienda pública tal como exigía la legislación urbanística y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

“La gestión de la Alcaldesa se ha caracterizado por el despilfarro de los recursos públicos, las malas prácticas que mantienen el urbanismo en nuestra ciudad bajo sospecha y por el despilfarro del patrimonio municipal de suelo donde ha actuado con el autoritarismo y soberbia que la caracteriza vulnerando permanentemente la ley en un ejercicio de insumisión intolerable” ha señalado Sarrià, que ha recordado que “acumula centenares de sentencias en su contra por no seguir los procedimientos legales que deben prevalecer en un gobierno democrático.

En el acuerdo plenario del 30 de mayo de 2008, que ahora se anula definitivamente, se aprobaba la segunda modificación del presupuesto de créditos extraordinarios y suplementos de crédito de ese ejercicio por un importe de 22.387.447.- euros de los que 7,8 millones de euros procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo se destinaron al polémico proyecto de rehabilitación de la Tabacalera, en vez de a la promoción de vivienda pública.

“En estos 23 años de gobierno municipal se han llevado a cabo subastas de solares procedentes del patrimonio municipal de suelo (como en la Avda de Francia donde se ingresaron más de 18 millones de euros) o se ha entregado a los agentes urbanizadores el suelo procedente del excedente de aprovechamiento municipal, y todos estos ingresos que podrían superar los 50 millones de euros, se han destinado en la gran mayoría de los casos a otros fines diferentes al de la promoción y rehabilitación de vivienda pública” ha señalado Sarrià, “lo que pone de manifiesto el despilfarro y la nefasta gestión de la Alcaldesa”.

Sarrià ha recordado que el Ayuntamiento ha perdido además sentencias por vulnerar la normativa urbanística; la ley de contratos de la administración pública; la concurrencia e información pública; no aplicar la normativa ambiental o no justificar los cambios de planeamiento.

“La Alcaldesa acumula más de un centenar de sentencias por su forma autoritaria de gobernar que le lleva a menospreciar los fundamentos jurídicos, lo que supone para nuestra ciudad suspender en credibilidad democrática” ha señalado Sarrià, quien ha recordado que muchas de estas sentencias son por vulnerar la normativa urbanística y ambiental, como los planeamientos y adjudicaciones de los sectores urbanizables de Orriols; Patraix y Massarrojos Nord; los de suelo urbano en Camino de Moncada; Guillem de Anglesola o Pedro Cabanes en Torrefiel; Font de Sant LLuís; el cambio de sectorización en Quatre Carreres o aprobar la recalificación del suelo deportivo de Cortes Valencianas sin la aprobación de la Generalitat.

Sarrià ha recordado que “La deficiente gestión democrática de la alcaldesa en su permanente conflicto con la aplicación de la normativa urbanística y patrimonial es sobradamente conocida en el Tribunal Supremo principalmente por el Cabanyal que culminó con la declaración de expolio y por la Tabacalera, obligando al TSJCV a revisar su sentencia, por destruirse las naves laterales y traseras del edificio vulnerando su protección patrimonial, ni justificar el convenio urbanístico que permitió un despilfarro del patrimonio público.

Por último, el concejal socialista espera que esta sentencia del TSJCV se cumpla con carácter inmediato en todos sus términos y se modifique el acuerdo plenario de 2008 destinando los 7,8 millones de euros a la promoción de vivienda pública en la ciudad, garantizando así las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo que avalan este criterio como permanente retroalimentación del patrimonio municipal del suelo, para garantizar el compromiso constitucional del acceso de los ciudadanos a una vivienda.

En caso contrario, ha manifestado Sarrià, el Grupo Municipal Socialista pedirá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 que dictó la sentencia 298/10 de 21 de junio, ahora ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, el incidente de ejecución d e sentencia.