Sarriá: “El PP aprovecha la Ley de Acompañamiento de los presupuestos para modificar la Ley de Vivienda"
El concejal socialista Vicent Sarriá ha denunciado hoy que la Ley 7/2014 de 22 de diciembre de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que se aprueba cada año como ley de acompañamiento de los presupuestos, se utiliza de una manera abusiva y torticera para introducir numerosos cambios legislativos, fruto de ocurrencias y malas prácticas en la gestión pública.
Este año, tal como ha denunciado Sarrià, la Generalitat modifica dos artículos de la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, introduciendo una nueva disposición adicional séptima que permitirá a partir de ahora incrementar un 30% la edificabilidad residencial y el número de viviendas preexistentes en las actuaciones de renovación, regeneración y ampliación del parque público de viviendas, cuando resulte necesario para garantizar la viabilidad de la actuación.
“Se trata de una medida poco meditada que sólo persigue generar plusvalías y que sin duda distorsionará los entornos en que se ubiquen estas zonas, que en la mayoría de los casos formarán parte de núcleos urbanos consolidados, lo que supondrá incrementos de alturas que pueden romper la armonía urbanística y el paisaje de esos barrios” ha señalado Sarrià, para quien “sería necesario un mayor rigor en este tipo de decisiones con medidas que regulen los parámetros urbanísticos en función del entorno en que se ubican para no cambiar radicalmente la calidad de vida de los barrios con densidades y aprovechamientos urbanísticos exagerados”.
Por otro lado el punto 2 de la nueva disposición adicional séptima propone que los alojamientos residenciales construidos en los suelos dotacionales destinados al alquiler para colectivos desfavorecidos a menores de 35 años, mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad, también puedan destinarse a otros colectivos que cumplan con los requisitos de acceso a viviendas de promoción pública.
Sarrià ha recordado que fue la LRAU de 1994 la que introdujo la posibilidad de reservar en el planeamiento parcelas dotacionales SP-7 para ampliar el parque público de vivienda en alquiler a sectores desfavorecidos para menores de 35 años, mayores de 65 años y personas con alguna discapacidad, aunque tal como ha denunciado el Ayuntamiento de Valencia ha sido incapaz de construir ni uno solo de estos edificios previstos, a pesar de que el anterior Plan estatal de la Vivienda 2009-2012 del gobierno socialista contemplaba subvenciones para este tipo de iniciativas.
“Se reservó suelo SP-7 para alojamientos dotacionales en modificaciones puntuales del PGOU en Natzaret; Avda de los Naranjos o en Avda de Portugal en Marxalenes, pero no se ha promovido ninguna de estas actuaciones” ha señalado Sarrià” de la misma manera que están pendientes los previstos en Sociópolis, que permitirán construir en torno a 1.000 alojamientos dotacionales para estos colectivos.
Este tipo de parcelas públicas dotacionales se pueden reservar en el planeamiento de cualquier ciudad para promover este tipo de viviendas de alquiler, no sólo en el suelo urbano consolidado, sino en las revisiones de los Planes Generales para los futuros barrios de las ciudades. La ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paijsaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP) les ha cambiado la nomenclatura por “RESIDENCIAL DOTACIONAL QR ”viviendas destinadas a residencia permanente en régimen de alquiler, para colectivos desfavorecidos (personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años), a las que a partir de ahora con la modificación introducida en la ley de acompañamiento podrán acceder cualquier familia que reúna los requisitos de acceso a una vivienda pública.
Sarrià ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia retiró hace años a la empresa municipal de Vivienda AUMSA el presupuesto para la rehabilitación y construcción de vivienda pública, y que la propia Generalitat mantiene abandonado el edificio de 184 VPP que inició en Sociópolis, lo que pone de manifiesto el nulo compromiso del PP con los sectores más desfavorecidos.
“El alto precio de la Vivienda protegida VPP en la ciudad de Valencia, por el decretazo de la Generalitat de 2008, que elevó a 1.819 euros el m2, y nos sitúa un 35% por encima de las ciudades de España de similar población, es el principal obstáculo para que los valencianos accedan a una vivienda digna” ha señalado el concejal socialista” por lo que es imprescindible que “la Generalitat corrija cuanto antes el despropósito que supuso el decretazo bajo Gobierno de Camps y rebaje de una manera significativa el precio de la VPP para reactivar el acceso de los ciudadanos a una vivienda”.
