El PSPV pregunta “cuánto pagará la Generalitat a Valencia al aplicar la reforma local”
Sánchez considera que Rita Barberá no puede ser sumisa ante los intereses de su partido
Los socialistas han solicitado a la Comisión de Hacienda que el equipo de gobierno del PP “cuantifique las competencias susceptibles de delegación” y “distintas de las propias” que el Ayuntamiento de Valencia deberá asumir para mantener los servicios prestados hasta la fecha, según ha explicado el concejal Pedro M. Sánchez. “La reforma de la administración local del PP va a suponer que muchas competencias que ejercía el ayuntamiento de Valencia pasen a la Generalitat y si éste quiere seguir relazándolas las tendrá que pagar la institución autonómica”, ha indicado. Por eso, ha considerado “necesario” que el ayuntamiento “diga cuánto debería pagar la Generalitat a Valencia para mantener estos servicios”.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece en sus disposiciones adicionales y transitorias, las competencias y plazos en los que deberá asumir la Generalitat Valenciana la titularidad de determinadas competencias, como las relativas a educación (D.A.15ª), atención primaria (D.T.1ª), prestación de servicios sociales (D.T. 2ª) o los servicios relativos a inspección y control sanitario (DT. 3ª).
Por otra parte, el artículo 27, establece que el Estado y las CCAA podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, y que esta eventual delegación “deberá determinar” entre otros, los medios materiales y económicos, que la Administración delegante “asigne”.
Sánchez ha indicado que el gobierno municipal “sí elaboró un documento sobre la adaptación de las competencias municipales” a la citada ley, en el que se determinaban “las competencias susceptibles de delegación y las competencias distintas de las propias (impropias).
“Como el equipo de gobierno municipal ha manifestado la voluntad de no renunciar a las competencias hasta ahora ejercidas, a favor del servicio al ciudadano, estimamos que deben valorarse con rigor el coste de estos servicios para que sean financiados por las administraciones titulares de las competencias, lo que afecta básicamente a la administración de la Generalitat Valenciana”, ha argumentado.
El edil socialista ha señalado que ayuntamientos como el de Zaragoza “han hecho una evaluación de la afectación de la Ley de Reforma Local a los servicios prestados por el ayuntamiento de esa ciudad, y cuantifican el coste de servicios como los programas de juventud, oficinas de atención al consumidor, la Universidad Popular, etc en 113 millones de euros, que reclamará al Gobierno de Aragón”.
En su opinión, “los efectos negativos en los servicios públicos a la ciudadanía de esta reforma del PP son evidentes, pero no lo que no consentiremos a la alcaldesa es que ponga, una vez más, los intereses de su partido por encima de los de los valencianos y no reclame a la Generalitat lo que nos pertenece”.
Sánchez ha remarcado que es “intolerable el silencio cómplice de Rita Barberá ante la deuda de la Generalitat con Valencia por un total de 36,87 millones de euros, de los que 22 millones corresponden a ejercicios anteriores que incluyen los años 2004 a 2013, y 14,7 millones a deuda a 31 de mayo de 20142.
