El PSPV asegura que la sentencia del TSJCV anula el presupuesto del 2006 por irregularidades
Así lo han explicado fuentes del PSPV que han destacado que esta sentencia, dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, estima el recurso presentado por el concejal socialista Juan Ferrer contra el acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2005 que desestimó las reclamaciones presentadas y aprobó el presupuesto municipal.
Según ha señalado la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, "el Ayuntamiento de Valencia hurtó 48 millones de euros en 2006 que deberían haberse dedicado a la construcción de vivienda pública".
"Nosotros lo reclamamos, el PP no quiso rectificar, y ahora el TSJCV nos ha dado la razón anulando la aprobación de los presupuestos de 2006", ha apuntado al respecto Alborch, quien ha añadido después que hay "unas líneas rojas que el equipo de gobierno del Partido Popular no puede seguir saltándose".
En el recurso presentado por Ferrer, el concejal especificaba que las cuentas municipales de 2006 no indicaban el destino de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento procedentes de la venta de inmuebles, un total de 13.848.000 euros.
El concejal denunciaba asimismo que los presupuestos tampoco destinaban el 5% de los ingresos previstos, 34.173.000 euros, al Patrimonio Municipal del Suelo, tal como marca la ley.
Así, según el PSPV, el tribunal ha dado la razón al recurrente y ha anulado el acto de aprobación en lo referente al PMS ya que, "como el grupo municipal ha reiterado en numerosas ocasiones, los fondos del PMS deben destinarse obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".
"Sólo en el caso de que no exista en la población un déficit en la materia, se podrá dedicar a otros gastos, siempre de interés social", matiza el grupo socialista, quien, además, asegura que el Ayuntamiento no especificó en los presupuestos de 2006 el destino de los fondos procedentes de la venta de inmuebles procedentes del PMS.
El grupo municipal socialista ha anunciado además que solicitará la ejecución de la sentencia al TSJ, que deberá decidir cómo debe aplicarla el Ayuntamiento.
