El PSPV acusa de "desidia" al PP por el retraso del PEPRI en el entorno de San Miguel Reyes
En esta moción, el grupo socialista urgirá a la empresa municipal AUMSA a iniciar el proceso de expropiaciones y edificaciones para el realojo de los vecinos afectados y propondrá suscribir un convenio con la Consellería de Territorio y Medio Ambiente para la financiación de este plan que garantice su viabilidad económica.
La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, junto a los concejales Ana Botella y Vicente González Móstoles, ha acompañado a los medios de comunicación en un recorrido por la zona para comprobar "la degradación urbana" del espacio que rodea al antiguo monasterio, hoy sede de la Biblioteca Valenciana.
"Yo hablaría de desidia", ha apuntado Alborch, quien ha resaltado que el edificio de San Miguel de los Reyes, "un baluarte del Renacentismo valenciano, es una isla en un entorno con edificios fuera de altura, naves desocupadas y huerta y espacios por proteger".
El PEPRI de San Miguel de los Reyes contempla en esta zona ubicada en el distrito de Rascanya, que comparten los barrios de Orriols y Torrefiel, la ejecución de más de 54.000 metros cuadrados de zonas verdes, así como la recuperación de la huerta histórica perteneciente al monasterio, entre otras actuaciones.
Establece también la rehabilitación de la "Casa Tota", una construcción gótica protegida, que se destinaría a dotación cultural o residencial adscrita a la biblioteca, así como la peatonalización de la Avenida Constitución en el entorno del monasterio y el desvío del tráfico de entrada y salida hacia Tavernes Blanques.
Este plan también contempla la construcción de tres edificios, dos de cuatro alturas y otro de seis para realojar a los vecinos afectados por las expropiaciones, así como otros dos de tres pisos para almacén y otras instalaciones relacionadas con la biblioteca.
González Móstoles ha criticado tanto al gobierno municipal como al autonómico por no haber iniciado el proyecto de expropiación que le corresponde a cada uno: de la carretera de Barcelona hacia el oeste, a la Generalitat -jardín anexo al monasterio y su huerta-; y de la carretera hacia el este, al Ayuntamiento.
"Han pasado ocho años y ninguna de las dos administraciones ha hecho nada. Es sonrojante", ha acusado Móstoles, que ha resaltado la degradación de la zona con un edificio de diez alturas "no compatible con un Bien de Interés Cultural (BIC)" o el muro del monasterio destrozado.
Igualmente, ha incidido en la degradación provocada por las naves industriales abandonadas que son focos de insalubridad o un solar destinado a jardín ocupado por un negocio de venta de coches de ocasión, así como la contaminación acústica por la saturación de tráfico.
