La Ley de Presupuestos incentiva la conexión de los cruceros a la red eléctrica

El interés por introducir el Gas Natural Licuado (GNL) en la navegación marítima y en conectar los cruceros a los muelles cuando estén atracados en los puertos ya son visibles en la Ley General de Presupuestos del Estado. Los presupuestos aprobados recientemente contemplan una reducción del 50% en la T1 (tasa del buque) para los barcos que utilicen GNL o electricidad cuando estén atracados en puerto. Pero no solamente. Hay más: "este año va a haber también una exención en el impuesto especial de electricidad, para el servicio eléctrico que se proporcione desde muelle a buque. Las compañías que suministren electricidad a los buques atracados en muelle no van a tener que pagar el impuesto especial sobre la electricidad". Así lo anunció Ignacio Arrondo, director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), en las "Jornadas Económico Financieras de Puertos 2018", organizadas por el puerto de Valencia la pasada semana.

Según Ignacio Arrondo la Ley de Presupuestos trae también "una bajada del 10% en la cuantía básica de la T3 (tasa sobre la mercancía) y otras novedades que son de mayor interés específicas para las Autoridades Portuarias como son por ejemplo una exención en las plusvalías cuando se enajenen activos improductivos y el producto de esas enajenaciones se destine a pagar deuda; de tal manera que no habrá que pagar por esa plusvalía el impuesto de sociedades. Porque en esa parte no estábamos exentos de ese impuesto de sociedades pero a partir de ahora sí que lo vamos a estar gracias a esa previsión que incorpora al Ley de Presupuestos".

Para el directivo de Puertos del Estado "la Ley de Presupuestos introduce también los coeficientes correctores y los cuados de bonificaciones; y este año incorporan por primera vez el coeficiente de corrección de la tarifa de MARPOL".

Pero entre las novedades más destacadas comentadas por Arrondo está sin duda la presencia en la Ley presupuestaria de medidas incentivadoras del uso de electricidad y GNL en los buques, especialmente cuando estén atracados en puerto.

"Este año – detalla Ignacio Arrondo - va a haber una exención en el impuesto especial de electricidad, para el suministro eléctrico que se proporcione desde muelle a buque. Las compañías eléctricas que suministren electricidad a los barcos atracados en puerto no van a tener que pagar el impuesto especial sobre la electricidad".

"Esto – añade el también el consejero de la APV - se complementa otras medidas aprobadas ya hace ya un par de años y con la introducción, ahora, de una reducción del 50% en la T1 para los buques que utilicen GNL o la electricidad cuando estén atracados en puerto, en vez del motor diésel sea el principal o el auxiliar, para contaminar menos".

El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria también fue otro de los temas estrella tratados en las Jornadas celebradas en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia. "Lo que estudiamos del fondo – explicaba Arrondo - no fue tanto desde el punto de vista de qué obras se hacen o no, sino cómo es el seguimiento contable y presupuestario; y como se materializa. Las obras están muy bien pero luego hay que registrarlas contablemente... porque mientras no haya obras reales no se compensa. Es decir, los proyectos tienen que ser aprobados por el Comité de Presidentes, y una vez son aprobados hay que ejecutarlos lo que conlleva su complejidad".

Los responsables económico-financieros de los puertos españoles también analizaron en Valencia los efectos que tiene para las Autoridades Portuarias la Ley de desindexación de la economía española; especialmente por su relevancia a la hora de aplicar las tarifas máximas de los servicios portuarios "porque un informe de la Abogacía del Estado nos indicó que se trataba de un texto legal aplicable también a las tarifas portuarias; y por tanto afectarán a todas las cláusulas de actualización y de revisión de los pliegos que venían haciéndose tradicionalmente en las revisiones de tarifas cada año (electricidad, agua, etc. ) en base al IPC. Pues todo eso – recalca Arrondo - ya no es posible. La normativa de desindexación es más exigente, requiere que haya unas memorias económicas, una justificación para permitir esa actualización."

"La nueva Ley nos obligará – señala Arrondo - a conocer cuáles son los factores de coste de cada servicio, la estructura de costes, ver cuál de cada uno de esos factores se ha visto afectado en sus estructura, pero no en relación al IPC, sino al coste de la mano de obra que figura en la página web del ministerio o de estadística; o a los costes de la electricidad, en función de los costes por KW.

Según Arturo Giner, director económico financiero de la APV "en Valencia, las últimas revisiones de tarifas de ya se han hecho con base a estructura de costes, pero ha conllevado un trabajo minucioso que hemos compartido con los otros puertos del Estado".

Para explicar hasta qué punto "la desindexación" va a ser exigente, Arrondo recurrió al ejemplo de implementación de los costes de la mano de obra: "Aunque los salarios hayan subido un 5% - explicó - lo que se podrá repercutir por esta materia será lo que se haya incrementado en concepto salarios al personal de las administraciones públicas. Es decir; si los salarios de los remolcadores – por poner un ejemplo – se incrementasen un 5% y a los empleados públicos tuviesen una subida en sus nóminas del 0,5%, lo máximo que se podría repercutir por este coste sería un 0'5%.".