El pleno rechaza la moción de la oposición para que el uso del casco no sea obligatorio para los ciclistas
Alberto Mendoza considera que esta moción “llega tarde y se queda coja”, porque la Delegación de Circulación y Transportes ya lo ha solicitado a la DGT
El Pleno correspondiente al mes de marzo ha concluido con un acalorado debate entre el Concejal Socialista Pedro Miguel Sánchez y el Vicealcalde, Alfonso Grau, que ha tenido su origen en la interpelación presentada por el primero en relación con el denominado caso “Emarsa”. También ha intervenido la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reiteradamente aludida por el Concejal Socialista, para pedir que constase en acta “íntegramente” la intervención de Pedro Miguel Sánchez.
El autor de la interpelación, dirigida a la Alcaldesa, preguntaba, entre otras cosas, si “¿se ha pagado cenas u otros actos de su partido con dinero procedente de empresas públicas como Emarsa?”, antes de solicitar a Rita Barberá que “permita la creación de una comisión de investigación”.
El Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Grau, ha criticado “las mentiras” de su interlocutor y ha afirmado que “tenemos más respeto por los ciudadanos y la ley de lo que usted ha demostrado”. También ha afirmado que “ustedes no tienen ni una sola prueba de que ni la Alcaldesa, ni Jorge Bellver, ni Silvestre Senent, a los que usted ha nombrado, tengan nada que ver con el asunto que se está dirimiendo en los tribunales”.
Ha acusado a Sánchez de “calumniar y soltar insidias”, y también de “utilizar un discurso impropio de un país civilizado”. En opinión de Alfonso Grau, Pedro Miguel Sánchez “ha superado todos los límites de la dignidad parlamentaria”. El Vicealcalde ha insistido en que “nosotros somos los primeros interesados en que la justicia aclare el tema y castigue a los culpables”.
CASCO PARA CICLISTAS
No ha prosperado una moción conjunta de los grupos de oposición en la que se pedía al Ayuntamiento que inste a la Dirección General de Tráfico a que no incorpore el uso obligatorio del casco por parte de quienes circulen en bicicleta en la ciudad, “por no ser una medida de seguridad eficiente y poner en peligro el éxito del sistema Valenbisi”. En esa misma propuesta de acuerdo se solicitaba que se establezca que las bicicletas circulen preferentemente por medio del carril y que se generalice la velocidad máxima en la ciudad a 30 km/hora.
Joan Ribó ha recordado que los accidentes graves y mortales tienen que ver con colisiones con coches y ha hablado de “pacificar el tráfico”, mientras que Amadeu Sanchis ha reiterado que “las bicicletas no son el problema de los accidentes en la ciudad”.
En su respuesta, el Concejal de Circulación y Transporte, Alberto Mendoza, ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia ya ha pedido a la Dirección General de Tráfico que el uso del casco no sea obligatorio para los ciclistas, a la vez que ha apuntado que le hubiese gustado que le consultasen antes de presentar una moción “que llega tarde, se queda coja y no la vamos a votar”.
Tampoco ha prosperado otra moción presentada por los socialistas Joan Calabuig y Anaïs Menguzzato en la que proponían que el Ayuntamiento de Valencia reconozca como un derecho consolidado en la Comunidad Autónoma Valenciana “el de la gratuidad en las prestaciones farmacéuticas, catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a las personas con discapacidad”. En un segundo punto de la propuesta de acuerdo se solicitaba “instar a Les Corts Valencianes a la tramitación y aprobación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el día 14 de febrero de 2013, con el fin de que se dé vigencia a la disposición derogada en la materia citada”.
Menguzzato ha criticado que se hayan retirado las tarjetas rojas sanitarias de acceso a estas prestaciones a los pacientes con discapacidad, lo cual en su opinión “va a promover situaciones de desigualdad y es injustificable la forma en que se ha hecho”. Por su parte, Consol Castillo, en su apoyo a la moción, ha señalado que se estima que el gasto sanitario de las familias donde hay algún discapacitado se incrementa entre 3.000 y 5.000 euros al año.
En su respuesta, antes de votar negativamente, la Concejala Ana Albert ha defendido “el respeto y el compromiso de este Ayuntamiento y de su Alcaldesa con las personas afectadas por alguna discapacidad”, y ha reiterado que el Ayuntamiento continuará atendiendo a todos los discapacitados “para encontrar herramientas con las que poder ayudarles”. También ha afirmado que la nueva ley estatal intenta homogeneizar la legislación de todas las comunidades autónomas al respecto.
La Alcaldesa Rita Barberá también ha tomado la palabra en el debate de esta moción para recordar que “la Ley de Dependencia la aprobó un gobierno socialista con un oportunismo hipócrita absoluto, porque se olvidó de dotarla económicamente y engañó a los discapacitados”.
Todas las propuestas de la moción han sido rechazadas
En la parte final del Pleno se ha presentado igualmente una interpelación del Portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, en relación con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que ha dado pie a un debate, ya vivido en plenos anteriores, en el que gobierno y oposición han discrepado sobre la titularidad de la citada fundación. Mientras Sanchis ha hablado de informes que “ratificaban su titularidad pública”, Alfonso Grau ha insistido en que tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención General del Estado se han pronunciado en sentido contrario