EU pide la retirada del PEPRI del Cabanyal
El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha comparecido en rueda de prensa para presentar las siete alegaciones que la formación de izquierdas ha presentado a la modificación-adaptación del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar y en las que solicita que se retire este nuevo Plan y sea sustituido por otro que sea respetuoso con el artículo 21.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) “en aras de evitar una pérdida de tiempo y dinero público en un proyecto que, dado su contenido, no puede tener otro destino que la declaración de nulidad por los tribunales competentes”.
El hecho de que este nuevo Plan produce una afección patrimonial de la que se deduce que sigue determinando expolio, la superioridad de la LPHE frente a la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, la jurisprudencia creada por la sentencia del pasado junio del Tribunal Constitucional contra 10 artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, la inviabilidad económica o la carencia de la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica constituyen la base de las alegaciones de EUPV en contra del polémico PEPRI.
El edil ha comenzado su argumentación por el último punto por el hecho de que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar no cuente con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). En concreto, Amadeu Sanchis ha explicado que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente adoptó el 21 de julio de 2014 no someter a EAE la modificación del PEPRI por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.
“Desde EU consideramos que este acuerdo resulta contrario a la doctrina legal que establece la necesidad de EAE a proyectos urbanísticos que, aun afectando a suelo urbano, necesitan de este documento y, por tanto, creemos que el PEPRI debe retirarse mientras no cuente con Evaluación Ambiental Estratégica favorable”, ha afirmado el regidor.
Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos por la formación de izquierdas en sus alegaciones se centra en el hecho de que el artículo 39.2 de la LPCV establece un régimen jurídico más permisivo que lo establecido en el artículo 21.3 de la LPHE y, por ello, incurre en inconstitucionalidad porque rebaja el nivel de protección. Según Sanchis, “tratar de justificar la legalidad del nuevo Plan al amparo del artículo 39.2 de la LPCV supone incurrir en invasión de competencias exclusivas que el Gobierno Central tiene en materia de expolio del patrimonio cultural”.
Invasión de competencias
En esta misma línea se centra otra alegación referida a la sentencia reciente del Tribunal Constitucional y cuya jurisprudencia es aplicable al caso del PEPRI del Cabanyal. El TC estima que en la medida que las leyes autonómicas rebajan el nivel de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) incurren en nulidad por invadir las competencias en materia de expolio, que la Constitución Española reserva en exclusiva al gobierno central y, por ello, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado contra 10 artículos de la Ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, declara la nulidad de 8.
Por último, y no menos importante, EUPV alega respecto a la inviabilidad económica del PEPRI. “Como quedará acreditado en el momento procedimental correspondiente, el Plan carece de viabilidad económica, entre otras cosas, porque a la hora de valorar las expropiaciones reconocen un aprovechamiento tipo muy inferior a lo que desde hace años le viene indicando el Tribunal Supremo al mismo Ayuntamiento de Valencia”, ha concluido el edil.
