Más de 700 personas protestan frente a Igualdad contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) se ha manifestado este martes ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “para mostrar nuestro rechazo y pedir que se hagan las modificaciones necesarias para prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia”.

Han denunciado el "inmovilismo" de la Conselleria con respecto del "bloqueo del acceso al sistema de salud mental y dependencia", aseguran desde Aerte.

Una protesta que llega tras la admisión a trámite por parte del Síndic de Greuges de la queja planteada por Aerte en este sentido, y ante la falta de "financiación suficiente" para mejorar las ayudas que reciben las personas usuarias y que permitan cubrir los incrementos de costes que va a generar los requisitos del nuevo modelo.

El presidente de Aerte, José María Toro, ha indicado que “la situación ha empeorado desde la última vez que estuvimos aquí hace un mes”, puesto que “se han empezado a cerrar viviendas tuteladas, se confirma el copago con el tope de la ayuda en 715 euros que aprobó la semana pasada la Generalitat y que, por lo tanto, hace que la gente no pueda acceder por primera vez a la vivienda y, además, tampoco puede transitar entre unos centros y otros, lo que es un tema realmente complicado para el proceso de rehabilitación de la gente”.

Toro señala que “estamos todo el día diciendo que la salud mental es muy importante, pero los recursos que están atendiendo a las personas y que están funcionando bien, lo que estamos haciendo es desmantelarlo y esto me parece realmente grave”.

A la concentración han acudido también miembros de la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA).

Aerte lamenta que “a pesar de todas las reuniones llevadas a cabo para explicar la gravedad de la situación con las diferentes Direcciones Generales y como está afectando a las personas que necesitan contar con un recurso de este tipo, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha negado a llevar a cabo las modificaciones que eviten las graves consecuencias que provocan estas nuevas normativas”.