Las novedades de las deducciones autonómicas valencianas en la campaña de la renta de 2025 se centran en la dana

El Colegio de Economistas de Valencia ha acogido la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025 en la Comunitat Valenciana,

 con el objetivo de mostrar, no sólo las novedades de este ejercicio, sino también aquellas que se mantienen de años anteriores. Con ello, se ofrece una foto fija de la situación y hacernos una idea de cómo va evolucionando la recaudación y la normativa en el territorio valenciano y en el resto de las comunidades.

La presentación que ha estado presidida por el presidente del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana y Decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez; el Tesorero del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana, el vocal del Colegio de Economistas de Alicante y vicetesorero del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana, Iván Poveda, y el Vicesecretario del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana. Vicedecano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Grifo.

Además, han intervenido como ponentes en la mesa redonda, el presidente del REAF del Consejo General de Economistas de España, Agustín Fernández; el secretario Técnico del REAF, Rubén Gimeno; y la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz.

Previamente al análisis tributario, el secretario Técnico del REAF ha explicado que las tendencias de las comunidades autónomas en la gestión de tributos es que en el IRPF promueven bonificaciones fiscales a los propietarios de vivienda vacía para que la pongan en el mercado.

Rubén Gimeno también ha comentado que, en relación con el impuesto estatal a las grandes fortunas, las comunidades autónomas que tenían bonificación las han suprimido para poder quedarse con la recaudación “y que no se vaya al Estado”.

En cuanto a la Comunitat Valenciana y los tributos cedidos ha destacado que aporta en que el Impuesto sobre Patrimonio (IP) es 12,02% del total del Estado; del Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) es el 10,89% del total, la recaudación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) es el 15,32% del conjunto estatal y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) supone el 11,16% de la recaudación estatal.

Por su parte, el decano del Colegio del COEV, Juan José Enríquez, ha señalado que la Comunitat Valenciana “seguimos estando en la parte más alta de tributación. Somos los que tenemos mayor presión fiscal tanto en el IRPF, sobre todo para rentas altas”.

En este punto, ha atribuido esta situación al “peso que supone la infrafinanciación que nos obliga a mantener unos tipos tributarios altos para compensar esa falta de financiación por parte del Estado”.  Y eso conlleva, ha agregado, “una pérdida de poder adquisitivo para la ciudadanía”.

Novedades dana

Entre las novedades fiscales para el presente ejercicio, la directora general Sónica Díaz, ha destacado que la Generalitat Valenciana ha aplicado una serie de deducciones que afectan al IRPF, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

De esta manera, los contribuyentes residentes en municipios afectados podrán beneficiarse de una deducción del 45%, con un límite de 9.900 euros, por inversiones en la suscripción de acciones o participaciones sociales derivadas de acuerdos de constitución, ampliación de capital o aportaciones a cooperativas.

Sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece una bonificación del 50% para las herencias recibidas por parientes del grupo III cuando el causante haya fallecido directamente como consecuencia de la DANA. Y también se introducen deducciones del 100% en donaciones que se destinen a reponer bienes dañados, a la adquisición de una nueva vivienda habitual cuando la anterior haya quedado inhabitable o a la reposición de bienes afectos a una actividad económica.

En el Impuesto sobre Transmisiones y AJD, hay bonificaciones del 100% para la adquisición de inmuebles y vehículos que sustituyan a los afectados por el temporal. También se aplica esta deducción en las escrituras de adquisición de inmuebles, en las de derechos reales de uso y disfrute, así como en las operaciones de declaración de obra nueva y división horizontal relacionadas con propiedades derruidas o demolidas en los municipios afectados.

Recaudación

En relación con el IRPF y los mínimos personales y familiares, las comunidades autónomas que han regulado algunos mínimos personales y familiares diferentes de los de la normativa estatal, incrementándolos, son Andalucía, Illes Balears, Galicia, Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana, así como los territorios forales del País Vasco y Navarra.

Por lo que se refiere al IP, el mínimo exento: se aplica por defecto 700.000€ y solo se ha regulado uno específico rebajado en Cataluña (500.000€), Extremadura (500.000€) y Comunidad Valenciana (500.000€). En cuanto al Impuesto de sucesiones y donaciones, la Comunitat Valenciana se encuentra entre los territorios que solo pagan importes simbólicos.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la Comunitat Valenciana se mantiene reduce del 8 al 6 por 100 el tipo aplicable a la adquisición de viviendas cuyo valor no supere 180.000€ en viviendas de protección oficial de régimen general y primeras viviendas habituales por jóvenes menores de 35 años.

Además de las bonificaciones generales y por la dana, el Consell aprobó también medidas tributarias urgentes destinadas a compensar determinados efectos negativos producidos a las personas afectadas por el incendio declarado en Valencia el 22 de febrero de 2024.

Recomendaciones

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones sobre la fiscalidad autonómica y los economistas advierten de que la “jungla” de normas autonómicas sobre tributos propios complica considerablemente el conocimiento de la fiscalidad existente, máxime si, como está ocurriendo en los últimos años, las autonomías, cuando deciden no aplicar un impuesto, optan por suspenderlo o dejarlo sin efecto, en vez de derogarlo, “lo que sería más razonable”.

En otras ocasiones, continúan, se regulan impuestos que no se aplican como, por ejemplo, los relacionados con la tierra o las explotaciones agrarias y se mantienen sin derogar.

“Todo ello nos lleva a pensar en la necesidad de analizar detenidamente el panorama actual de los tributos propios y sus efectos sobre la recaudación y gestión tributaria, pues quizás sería conveniente considerar la realización de modificaciones sobre el ejercicio de la capacidad normativa de las CCAA en este ámbito, en el marco de la futura reforma de la financiación autonómica”.