Mobilitat Sostenible traslada a la Agencia Valenciana Antifraude la gestión de las jubilaciones en la EMT desde el año 2001

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciado esta mañana el traslado a la Agencia Valenciana Antifraude de la gestión de las jubilaciones parciales en EMT desde el año 2001, tras ser detectadas por la actual gerencia acuerdos contrarios a ley, realizados de manera continuada en la empresa desde el año 2001 pese a los «reiterados avisos» de los organismos de control.

Así lo ha comunicado Grezzi esta mañana en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el actual gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany. En esta comparecencia, el gerente ha realizado el relato de los hechos denunciados, que se remontan al año 2001, cuando en el marco de la negociación del convenio colectivo empresa y trabajadores alcanzan un acuerdo para las prejubilaciones de los trabajadores que es ilegal, según la advertencia de la Inspección de Trabajo, por establecer el número de jornadas laborales obligadas por debajo del mínimo que marca la ley.

Sin embargo, según ha detallado Alemany, por los datos que obran en poder de la EMT y que hemos trasladado a Antifraude, «ni aquella gerencia ni las posteriores —bajo la dirección sucesiva de los entonces concejales de Tráfico del Partido Popular Jorge Bellver, Alfonso Novo y Alberto Mendoza— rectificaron su actuación pese a las continuadas advertencias de la inspección de trabajo, de la Sindicatura de Cuentas y del Ministerio sobre el carácter público de la gestión de la EMT".
Por el contrario, igual que en el año 2007, siendo Alfonso Novo presidente de la EMT y con Jesús Herrero como director-gerente, «se hizo caso omiso» a la ley 30/2007, la Ley de contratos del sector público, donde por primera vez se limitaba de forma expresa la posibilidad de que las administraciones públicas lleven adelante actividades en el ámbito civil huyendo del derecho administrativo».

Del mismo modo, en 2010, también con Alfonso Novo y Jesús Herrero al frente de la EMT, la empresa recibe un informe de la Sindicatura de Cuentas donde es calificada como sector público y poder adjudicador, lo que obliga a un retorno al derecho administrativo que, al parecer de la actual gerencia «sus administradores políticos y administrativos ignoraron de manera temeraria, como también hicieron un año después cuando se les requiere en el mismo sentido desde el Ministerio de Economía y Hacienda».

Según el relato de la actual dirección de EMT, la situación «se agrava aún más» cuando en 2013, siendo ya presidente de la EMT el concejal del PP Alberto Mendoza y director-gerente Andrés Bernabé, se llega a un nuevo pacto para que los trabajadores puedan acceder a la situación de jubilación parcial con una reducción de jornada del 85%, que se corresponde con 131 jornadas laborales. Sin embargo, según se ha trasladado a Antifraude por la actual gerencia, la anterior concedía la jubilación con solo 65, aunque oficialmente comunicaba y abonada las 131.

«TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN»

Giuseppe Grezzi ha apuntado que, una vez fue conocedor de estos hechos por parte de la actual gerencia, los puso «en conocimiento del servicio de personal del Ayuntamiento, de cara a determinar si era legal o no», y su respuesta señalando la ilegalidad fue «clara». Tras recibir esa respuesta, añadió, «la actual gerencia ha situado a la empresa en la legalidad», y Alemany trasladó ya esta misma semana al primer trabajador que se acogía a la jubilación parcial que «hasta entonces se había estado produciendo una vulneración de la ley y cuáles son los términos reales de los que se va a beneficiar». En ese sentido, «estamos contentos de haber suscrito recientemente un nuevo Convenio Colectivo, que incluye facilitar el acceso a un sistema de jubilación parcial en las mejores condiciones dentro de legalidad, seguro, fiable y sostenible en el tiempo. Y mantenemos ese compromiso», ha concluido.

Por su parte, Giuseppe Grezzi ha dicho que en este caso se ha limitado a actuar como hasta ahora, aplicando «tolerancia cero con la corrupción» y trasladando «todas las pruebas que se han aportado a la Agencia Valenciana Antifraude, de cara a que tome las medidas oportunas e investigue el alcance de esta situación» no dejando de lamentar que «tres años después de que la ciudadanía desalojara a la derecha de la administración local, aún sigamos encontrando nuevas pruebas y agujeros económicos dejados por su nefasta gestión de la ciudad».