El PP lleva una declaración institucional de apoyo a los autónomos y reclama que no implante el nuevo modelo de cotizaciones
La declaración propuesta por el PP reclama "un sistema justo, equilibrado, no abusivo, desproporcionado o excesivo, y acorde a los tiempos"
El Grupo Municipal Popular ha presentado al pleno una declaración institucional de apoyo a los autónomos valencianos y para instar al Gobierno de Sánchez que no implante el nuevo modelo para los autónomos que penalizará fiscalmente a más de 3,2 millones de familias en el peor momento por la crisis del COVID 19 y a decenas de miles en la ciudad de Valencia.
“El nuevo modelo previsto por el Gobierno de Sánchez significa un empobrecimiento para los autónomos fomenta la economía sumergida y desincentiva la actividad a partir de determinados tramos de facturación. Por ello pedimos al pleno del Ayuntamiento de Valencia que muestre su rechazo al modelo de Sánchez y que se busque una modelo consensuado que no ponga en peligro la supervivencia de miles de autónomos en la ciudad”, advierte la concejal del Grupo Popular Paula Llobet.
La declaración institucional presentada por el PP pide “dar apoyo a los trabajadores autónomos de la ciudad Valencia, que ha de ser pleno y eficaz, instando al Gobierno de España a no implantar el nuevo modelo de cotización para autónomos que ha anunciado, reclamando un sistema justo, equilibrado, no abusivo, desproporcionado o excesivo, y acorde a los tiempos, que sea fruto del acuerdo y el diálogo social, de modo que no haga más difícil, precarice ni empeore su situación en un momento de grave crisis como el actual”.
La concejala del PP, Paula Llobet, señala que en la declaración se explica que “el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha anunciado, recientemente y por sorpresa, un nuevo modelo de cotizaciones para trabajadores autónomos, que, aplicado además cuando la crisis golpea especialmente a este colectivo, podría hacer peligrar la supervivencia de gran parte del tejido productivo de nuestro país”.
Llobet explica que “esta propuesta, adoptada al margen del diálogo social y del Pacto de Toledo, impone un sistema de cotización, por rendimientos reales, para trabajadores por cuenta propia, alejado del que debería ser, en estos momentos, un objetivo prioritario para las administraciones públicas, como es impulsar la economía y generar empleo. La implementación de la reforma, prevista para comenzar en 2023 con un periodo de adaptación de nueve años, se articula en 13 tramos, de un mínimo de 90 euros llegando hasta 1.220 al mes”.
“Aunque la medida pudiera suponer, a corto plazo, un incremento en la recaudación de las arcas del Estado, es previsible que su aplicación, a medio y largo plazo, cause el efecto contrario, puesto que tal y como ha señalado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos este sistema planteado así, empobrece al autónomo, fomenta la economía sumergida y desincentiva la actividad a partir de determinados tramos de facturación”, explica la declaración institucional planteada.
Sigue apuntando la declaración que en el momento actual es especialmente necesario, y exigible, que las Administraciones Públicas adoptemos medidas bien calibradas, acertadas y efectivas para ayudar a pequeños y medianos empresarios, comerciantes o profesionales, en su mayor parte autónomos, sin decisiones que asfixien sus actividades económicas en tiempos de precariedad. Bien al contrario, los sistemas han de permitirles destinar mayores recursos a la conservación y desarrollo de los negocios, con el fin de que puedan consolidarse, ser más competitivos, crecer y crear empleo estable.
Para ello sería conveniente estudiar la implementación de un sistema de cotización por ingresos reales justo, equilibrado y acorde a los difíciles tiempos que estamos viviendo, en el seno del pacto de Toledo, con el acuerdo del diálogo social y de las organizaciones implicadas.
No deberíamos desviarnos, pues, del mencionado objetivo del Pacto de Toledo. Un Acuerdo alcanzado fruto del esfuerzo político y que traza la hoja de ruta, que nos dimos los españoles, para evitar controversias partidistas en materia de protección social.
Las consecuencias sociales y económicas de la reforma anunciada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, afectarán a 3,2 millones de familias en nuestro país y en la ciudad de Valencia a decenas de miles personas.
