El juez del Caso Imelsa cita a otras 19 personas investigadas por blanqueo de capitales

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el "Caso Imelsa" ha citado a otras 19 personas en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto delito de blanqueo de capitales. Con las nuevas citaciones el número de investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en la causa por presunto amaño de contratos en distintas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se eleva a 80, de los que 56 sólo están imputados por blanqueo.

Entre los 19 nuevos investigados están los exconcejales Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchís y varios asesores.

El Juzgado ha fijado un nuevo calendario de declaraciones que incluye los días 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de febrero.

Hoy han comparecido ante el instructor nueve de los diez investigados citados: Maria Àngels Ramon-Llin, exconcejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, dos exconcejales, Silvestre Senent y Ana María Albert, y otros seis asesores del mismo grupo, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Tras su declaración ante el magistrado titular de Instrucción 18, ediles, exediles y asesores mantienen su condición de investigados.

Sólo uno de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar.

Uno de los diez investigados citados para hoy, un asesor municipal, no ha llegado a declarar por motivos de agenda de su abogado, que interviene en el juicio por el Caso Noos, que se está celebrando en Palma de Mallorca. La comparecencia ante el juez de este investigado se ha pospuesto.

Hasta el momento ya han prestado declaración ante ante el juez los 24 investigados que fueron detenidos, otros 20 imputados y cinco testigos.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.

En el curso de las diligencias han sido detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales

El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros.

Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.