Javier Palao, decano de Derecho de la UV, reclama más financiación para "avanzar de verdad al siglo XXI"

Las facultades de Derecho de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana están alzando la voz para exigir al Consell más financiación que les permita modernizarse, mejorar en innovación docente y en lograr una mayor inserción laboral.

Desde Castellón, Valencia, Alicante y Elche vienen reclamando al gobierno valenciano situase en el nivel dos en los grados de experimentalidad, dado que Derecho todavía está en el nivel uno. Hecho que para Javier Palao, Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València “es tan absurdo como incomprensible”.

Aunque ven apoyo por parte de ciertos sectores del Consell, que están tratando de mediar en el conflicto, la negociación “parece que  -está- en punto muerto”, apunta Palao porque “aún no nos ha contestado formalmente a nuestra última petición”.

Javier Palao ha concedido una entrevista a elperiodic.com para explicar su problemática, qué soluciones plantean y en qué mejoraría el grado de Derecho al aumentar la financiación.

¿En qué situación se encuentran actualmente las facultades de Derecho de la Comunitat Valenciana?

En una situación paradójica. Por un lado, son las Facultades en las que se forman los cuadros directivos de todos los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), así como muchos de nuestros dirigentes políticos (cinco de los once consellers, sin ir más lejos). Pero, por otro, la de Derecho es una de las titulaciones peor financiadas de las más de 100 que existen en toda la Comunitat Valenciana. El resultado es que la formación que proporciona es insuficiente para las nuevas necesidades que se detectan, y no se puede contar con las nuevas herramientas docentes que en otras comunidades autónomas y países sí tienen.

¿Cuál es el nivel de financiación actual y a cuánto necesitarían llegar para avanzar hacia la modernización  educativa?

El decreto de tasas universitarias establece cinco niveles de experimentalidad en los estudios, y luego la conselleria y las Universidades condicionan la financiación de esos estudios al nivel que recibe en el decreto.

Derecho está en el nivel 1, junto con otras seis o siete titulaciones. La tabla con los índices de experimentalidad de los diversos estudios de grado se elaboró hace 15 años, y desde entonces no se ha revisado. Y, aunque en un principio se vinculó únicamente a las tasas de la matrícula, desde entonces se usa por las Universidades con otros muchos fines, generalmente ligados a la financiación, a la obtención de becas y proyectos, a la regulación de las enseñanzas en el aula, etc.

Urge una reconsideración de dichos índices, que perjudican enormemente a los estudios de Derecho. Por eso hemos pedido pasar al nivel 2. Es el que nos corresponde, por las características de la enseñanza del Derecho, que es muy profesionalizante y práctica: abogados, jueces, notarios y registradores, fiscales, letrados de la administración...

Ese nivel 2 es, además, el que le corresponde a casi todas las ciencias sociales: la Ciencia Política, la Criminología, la Economía o ADE; incluso al máster en Abogacía. Pero también, curiosamente, a las filologías: así, la enseñanza de latín o griego tiene un nivel 2, pero Derecho tiene un 1. Es tan absurdo como incomprensible. Hasta la propia Conselleria ha reconocido en más de una ocasión que es una clasificación obsoleta e injusta.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones con la conselleria de Universidades?

Parece que en punto muerto. Y digo parece porque aún no nos ha contestado formalmente a nuestra última petición. Empezamos a exigir el cambio de nivel de experimentalidad de manera informal en 2013, pero ya en 2019 lo hicimos por escrito los cuatro Decanatos y ni se nos contestó. El año pasado reiteramos la petición y se nos dijo que no era el momento por la pandemia. Y ahora volvemos a hacerlo, en esta ocasión con el apoyo de los cuatro Rectorados, y se nos dice que hay que esperar a un plan plurianual de financiación que no tiene ni fecha. Lo cierto es que la Conselleria y la Dirección General de Universidades no han hecho absolutamente nada en tres años, y ahora les ha “pillado el toro”, a la vista de la cantidad de apoyos que hemos obtenido. Lo suyo es un ejemplo de una gestión pésima.

El papel de la Conselleria respecto de las Universidades está siendo lamentable desde 2019. La única tarea que se propusieron fue redactar un plan plurianual de financiación que iba a estar en septiembre de 2020, y que ahora anuncian para 2022. No hay ni un borrador. En cuanto a la gestión de la pandemia en las aulas, ha sido un esfuerzo exclusivo de las Universidades y sus equipos de gestión, siguiendo las directrices de Salud Pública. Esta consellera tiene intereses distintos y apenas nos atiende, ni nos entiende.

¿Ve voluntad de acuerdo por parte del Consell?

En el Consell, sí: hay varios consellers que nos apoyan y han tratado de mediar en el conflicto. Pero quien decide es la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y ésta lleva tres años ignorándonos de manera sistemática. La consellera Carolina Pascual y su directora general, Pilar Ezpeleta, ni siquiera se han molestado en comunicarnos la decisión que han tomado respecto al cambio del nivel de experimentalidad. Tanta soberbia y tanta falta de diálogo, la verdad, nos molestan a todas las Facultades.

¿Cuándo cree que debería llegar la financiación que reclaman?

Hace años que debió llegar. Incluso ahora es demasiado tarde dado que en los últimos 12 años, mi Facultad ha perdido cerca de 2 millones de euros en financiación adicional por culpa de un nivel de experimentalidad absurdo. En el mundo moderno en que vivimos, cada año que pasa es un cúmulo de oportunidades que pierdes si no estás situado donde debes. Y, en nuestro caso, la Conselleria nos condena deliberadamente a seguir dando clase a grupos excesivamente grandes de alumnos con muy poco dinero. Es ridículo que una Conselleria que se dice “de Innovación” se comporte de esta manera. 

¿Que supondría para las facultades de derecho valencianas y en concreto para la suya no alcanzar pronto el nivel de financiación?

Supondría quedarnos estancados en el siglo XX y no poder avanzar de verdad al XXI. Hace tiempo que tratamos de introducir en los estudios de Derecho herramientas muy diversas de innovación docente, que tienen un coeficiente elevado de experimentalidad: desde las Clínicas Jurídicas a las técnicas y habilidades digitales, la docencia y uso de técnicas cualitativas y cuantitativas y el uso de bases de datos de IuraAnalytics (inteligencia artificial aplicada a la justicia), etc.; la creación de “spin-offs” sobre materias muy diversas; o la colaboración con centros de innovación y desarrollo empresarial en temas de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, etc.

Un polo muy importante es el de los convenios con aceleradoras de “startups” en materia de “blockchain” y “LegalTech”, a las que proporcionamos alumnos emprendedores a través de programas propios. Asimismo, estamos construyendo laboratorios de nuevas tecnologías aplicadas al Derecho, con grupos de profesores y estudiantes, pequeños porque no hay dinero para más. Todas las Facultades se están involucrando en los “hubs” de inteligencia artificial que se están creando, porque la sociedad, y los grupos científicos y empresariales, saber cómo va a afectar al Derecho y a la justicia. 

También se desarrollan en nuestras Universidades juicios simulados y reales, habiéndose autorizado la creación de salas específicas para el mejor desarrollo de esta actividad; pero mi propia Facultad carece de una sala de vistas por falta de fondos y de espacio para construirla. Las implicaciones de los talleres de oratoria, debate y argumentación y el uso de plataformas digitales de contenidos jurídicos son igualmente muy relevantes, e igual sucede con la relación de los parques empresariales con la docencia práctica. 

Todo esto cuesta dinero: salas de informática, laboratorios, profesores de prácticas.

¿En qué mejoraría la educación en el grado de derecho con la financiación adecuada?

En más y mejores medios, y en una mayor inserción laboral. A veces me pregunto por qué un estudiante de Medicina hace prácticas en hospitales durante varios años, e incluso tiene a su disposición un hospital virtual y, sin embargo, uno de Derecho tiene un acceso limitadísimo a hacer prácticas durante unos pocos meses en juzgados y tribunales, y no tiene forma de asistir a juicios, ni siquiera simulados.

Hay que recordar que, en el transcurso de la pandemia, la Administración de Justicia ha tenido uno de los desempeños más pobres en el conjunto de las Administraciones Públicas: actividad suspendida, juzgados y tribunales cerrados, supresión de las prácticas formativas, retraso de señalamientos y pleitos hasta 2023 y 2024, etc. En cierto modo, el problema ha radicado en la falta de formación y preparación técnica del personal que trabaja en dicha Administración. Pero también es cierto que otro sector de esa misma Administración parece empecinarse en obstaculizar la renovación y adecuación de los estudios jurídicos estigmatizándolos en las tablas de índices de experimentalidad y considerándolos poco menos que decimonónicos.