Javier de Lucas dice que la política migratoria de Rajoy es “xenofobia institucionalizada”

El profesor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València ha calificado de “xenofobia institucionalizada” la política migratoria del Gobierno de Mariano Rajoy y a los desahucios como “ejecuciones sociales”. De Lucas ha intervenido esta mañana en el III Encuentro Internacional de Centros de Investigación en Derechos Humanos que se celebra estos días en la Universitat de València.

En su conferencia, titulada “Inmigración e integración en España, en tiempos de crisis: síntomas de la patología y elementos para un diagnóstico” el profesor ha recordado que “los grupos más vulnerables, y entre ellos los inmigrantes, han sido las primeras víctimas de las políticas de recortes, mal llamadas ‘reformas’ o ‘políticas de ajuste’, con las que el Gobierno Rajoy a lo largo de 2012, ha tratado de responder a la indiscutiblemente grave situación de crisis que vive España que permiten hablar de xenofobia institucionalizada e incluso de retroceso preocupante en el Estado de Derecho y en la calidad de la democracia en España”. Una valoración que ha justificado analizando los recortes que ha padecido el derecho fundamental a la salud y en “la demolición de la política de cooperación y de los fondos para acogida e integración de los inmigrantes”.

Estas medidas, ha señalado, “deben situarse en el programa del neoliberalismo conservador que parece buscar una suerte de acoso y derribo a los derechos sociales de todos los ciudadanos y residentes en nuestro país, no sólo de los inmigrantes”. “A ello se ha de unir el implacable abandono de los más vulnerables, incluso ciudadanos españoles, sumidos en el laberinto de una imposible búsqueda de empleo, de iniciativas legislativas impuestas por vía Decreto-Ley que desnaturalizan servicios sociales básicos como la salud, la educación o las pensiones y acosados por la feroz rapiña de las entidades financieras que practican esas ejecuciones sociales que son los desahucios, regidos por una legislación de comienzos del XIX, fiel trasunto de la descripción del Código Civil que hiciera Marx en el capítulo VII de su libro El 18 de Brumario de Luis Bonaparte: ‘El Código de Napoleón no es ya más que el código de los embargos, de las subastas y de las adjudicaciones forzosas’ ”, ha añadido.

Para el catedrático de Filosofía del Derecho, estas respuestas “hablan de nuestra barbarie ahí donde presumimos de civilización” y “olvidan el viejo aserto de Condorcet contra el colonialismo y el paternalismo, según el cual los pueblos aprenderán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su propia libertad”. Eso es lo que pasará, ha añadido, “si en el orden internacional proseguimos con el perfil neocolonial y paternalista y no aprendemos la lección de la importancia capital de promover políticas de cooperación y codesarrollo mutuas, si nuestras políticas de integración se empeñan en subrayar el modelo de imposición monocultural y en excluir las consecuencias ineludibles de tomar en serio el principio de igualdad de derechos y deberes y la importancia decisiva del reconocimiento de todos los ciudadanos también de los inmigrantes- como sujetos del espacio público en condiciones de igualdad”.

En lo que se refiere al derecho a la salud, De Lucas ha recordado que el pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, cuya aplicación deja sin asistencia sanitaria (salvo urgencias y asistencia a embarazadas), entre otros, a los inmigrantes irregulares, a los que no les bastará estar empadronados para disponer de tarjeta sanitaria. Con esta medida, ha asegurado, “se pone a los inmigrantes irregulares en situación de riesgo y de absoluta inseguridad jurídica en lo relativo a un derecho fundamental; se les impone un laberinto administrativo caótico para conseguir la menor prestación”. Para los emigrantes, ha añadido, “una vez más no rigen las reglas comunes del Estado de Derecho, sino un permanente estado de excepción”.

En opinión del profesor de Lucas, cualquier alternativa ha de partir de una condición sine qua non: derogar el Decreto y volver a un sistema de salud basado en derechos sociales universales, no en la prestación de servicios a asegurados o mediante cuotas o recibos. Pero ha admitido que “como la raíz de esta polémica reforma es, pese a todo, razonable, esto es, contener el gasto sanitario en un contexto de fuerte crisis, hay que encontrar medidas que sirvan para ahorrar en gasto sanitario sin detrimento de la garantía de la salud de los más débiles”. Y ha añadido que esas medidas alternativas existen ya porque la Federación de Asociaciones de Sanidad Pública (FADSP) presentó en abril de 2012 una detallada lista de propuestas que permitirían disminuir un 30% del gasto sanitario público actual. “La clave es optar por medidas que, a diferencia del principio de copago, mejoran la eficiencia y racionalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), desde el ahorro del 50% en el consumo inadecuado de medicamentos (que supondría alrededor de 1100 millones de euros; de por sí, el supuesto coste de la atención a los irregulares), o la integración del mutualismo administrativo en el SNS(más de 200 millones de euros), a la mejora de la gestión de la hospitalización y la reducción en un tercio de las estancias inadecuadas (casi 5000 millones de euros)”, ha señalado.

Por otra parte, Javier de Lucas ha señalado que para encarar el futuro inmediato y que la UE cumpla su objetivo de conseguir una tasa de empleo del 75 % de aquí a 2020, “es fundamental eliminar los obstáculos que impiden a los emigrantes acceder a un puesto de trabajo – más aún teniendo en cuenta que la población activa europea está disminuyendo como consecuencia del problema demográfico existente en la Unión Europea”. Al respecto ha recordado que, según los datos que maneja la propia Comisión Europea, “la población activa de la Unión se reducirá en unos 50 millones para 2060 en relación con 2008: en 2010 había 3,5 personas en edad laboral (20-64) por cada persona de 65 o más años; en 2060 se espera que esta proporción sea de 1,7 a 1”. Y ha añadido que “considerando la demanda futura de cuidadores de personas mayores, la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos 2010 de la Comisión estima que para el año 2020 puede haber una carencia de alrededor de un millón de profesionales en el sector sanitario – o de hasta dos millones, si se tienen en cuenta las profesiones auxiliares del ámbito de la salud”.