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La Generalitat invierte 84.000 euros en la ampliación de la Fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Valencia

La Generalitat invierte 84.000 euros en la ampliación de la Fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Valencia
  • Los fiscales disponen ya de un total de 60 despachos

  • Se van a otorgar más de 200 licencias para el uso de la videoconferencia por parte del Ministerio Fiscal y los médicos forenses

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La Generalitat invierte 84.000 euros en la ampliación de la Fiscalía de la Ciudad de la Justicia de Valencia - (foto 2)
El conseller Rafael Blasco, ha asegurado hoy que la Generalitat ha invertido 84.306 euros en ampliar las instalaciones de la Fiscalía “para que el centenar de fiscales que trabajan en la Ciudad de la Justicia de Valencia disfruten de unas instalaciones amplias, modernas y funcionales que permitan mejorar la calidad del servicio y la atención al ciudadano”.

Blasco ha visitado esta mañana las nuevas instalaciones acompañado del Fiscal Superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, la Fiscal Jefe de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert. el Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Alzira, Javier Roda y el Teniente Fiscal, Gonzalo López Ebri, entre otras autoridades.

Con esta reforma acometida por parte de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se ha ampliado el número de despachos en ocho más, instalados todos ellos en la tercera planta de la Ciudad de la Justicia, con lo que el número total de despachos destinados para los fiscales pasa de 52 a 60.

El conseller ha recordado que el número total de fiscales que trabajan en la Ciudad de la Justicia de Valencia es de 98 y el número total de funcionarios destinados a esta Fiscalía asciende a 73, incluidos los 6 funcionarios de refuerzo otorgados por parte de la Conselleria.

Cabe añadir que hay otros cinco fiscales que trabajan en el TSJ, incluidos el Fiscal Superior y el teniente Fiscal, que cuentan a su vez con cuatro funcionarios. En toda la Comunitat trabajan 246 fiscales.

De manera que, a día de hoy la ratio de funcionario por fiscal en la Fiscalía de Valencia es de 0,74, mientras que la media de la Comunitat es de 0,72 funcionarios por Fiscal. “Nos vamos acercando poco a poco a la media de 1 funcionario por fiscal que es el objetivo que perseguimos tanto desde el Consell como los propios fiscales”, ha señalado Blasco.

Extensión de la videoconferencia

El conseller ha destacado en su visita que dentro de los proyectos prioritarios de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicasde se encuentra la extensión de la videoconferencia. “De hecho- ha anunciado- vamos a iniciar el despliegue de 196 licencias para el uso de la videoconferencia por parte del Ministerio Fiscal y los médicos forenses”.

En concreto, los fiscales dispondrán de 141 licencias para sus ordenadores portátiles y sus PC (58 en Valencia, 20 en Castellón y 63 en Alicante), los forenses dispondrán de otras 46 (22 en Valencia, 10 en Castellón y 14 en Alicante) y se guardará una remesa de nueve licencias para futuras incorporaciones en caso de refuerzo en fiscalías.

Todas estas licencias estarán completamente operativas a partir del 6 de mayo en los portátiles de los profesionales de las tres provincias a la vez, una vez finalizado el periodo de formación sobre su uso.

Esta medida, que tendrá un coste aproximado de 230.000 euros, facilitará el desempeño de su trabajo, reduciendo la movilidad y los tiempos de espera. “Vamos a contribuir a evitar constantes desplazamientos a los diferentes juzgados y que los fiscales puedan, desde su propio despacho, llevar a cabo cualquier diligencia con el juzgado”, ha explicado Blasco.

Además, se evitarán suspensiones de juicios por problemas en el desplazamiento de cualquiera de las partes intervinientes en el juicio, lo cual va a suponer una reducción en los plazos de resolución de los asuntos que redundará en beneficio de los ciudadanos.

Precisamente, una de las ventajas es que los fiscales pueden participar en un mismo día en distintos juicios y actos que se celebren en sedes distantes, sin moverse de su propia sala de reuniones, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero, siempre en aras de conseguir la mayor eficacia, eficiencia y celeridad en la práctica judicial.

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