La Fiscalía admite la denuncia por prevaricación en el Cabanyal

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida y candidato a la Alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya decidido incoar las diligencias de investigación penal planteadas por la formación de izquierdas el pasado 27 de abril por el delito de prevaricación por autoría y omisión del Código Penal contra quienes resulten autores directos de haber denegado licencias de obras de rehabilitación a la vez que se autorizaba un proyecto de urbanización en el ámbito del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, así como haber mantenido la suspensión de licencias de obras sin haber seguido el procedimiento preceptivo. “Estamos satisfechos porque esto supone un paso más en esta denuncia de lo que ha supuesto tener el Plan del Cabanyal paralizado durante cinco años, de no haber permitido que los vecinos y vecinas pudieran poner en marcha actividades económicas, así como la rehabilitación de sus viviendas”, ha asegurado Sanchis.

El alcaldable por EUPV también ha indicado que esta decisión, además, “supone que el PP negó estas licencias sabiendo que se estaba saltando la ley y, por ello, esperemos que finalmente la Fiscalía llegue hasta el final de este asunto y nos acabe dando la razón”. Asimismo, Amadeu Sanchis ha recordado que ya hace cinco años que había un informe de la Abogacía del Estado en el que se defendía que la concesión de licencias se podía hacer y que la Orden del Ministerio de Cultura en ningún momento frenaba esta posibilidad.

El también candidato de EUPV a la Alcaldía de Valencia ha insistido en que la denuncia de la formación de izquierdas va contra la moción que aprobó la Junta de Gobierno Local el viernes pasado y mediante la cual se decidía otorgar licencias en el barrio del Cabanyal “porque consideramos que se ha cometido un delito de prevaricación grave”.

Es decir, “el único interés y la única argumentación que tiene la señora Barberá y el PP de aprobar esta moción es estrictamente electoral y no aporta ninguna razón jurídica nueva que no fuera ya expuesta previamente. Se trata de ponerse una medalla pero que, al mismo tiempo, es una prevaricación porque lo que evidencia es que todos estos años en los que se han negado a conceder licencias, lo hacían únicamente por el capricho de la alcaldesa de Valencia”, ha defendido el concejal.

Cabe recordar que, según argumenta el grupo municipal en la propia denuncia planteada el pasado 27 de abril, “no se ha dado ninguna nueva circunstancia, fáctica ni jurídica, que no se diera ya desde el mismo momento de la publicación de la Orden del Ministerio de Cultura y, por tanto, que no nos intente vender el PP como novedad que ahora tiene el consentimiento del Ministerio ya que éste no le ha dicho en los últimos días nada que no le hubiera dicho ya mediante el informe jurídico de fecha de 15 de septiembre de 2010 de la Abogacía del Estado, que hizo público la Secretaría General Técnica del Ministerio”.

Asimismo, el edil también ha indicado que si el equipo de gobierno del PP tiene honor, “debe reconocer que son razones políticas las que le ha hecho cambiar de actitud, es decir, el cambio de criterio obedece a un criterio político de oportunidades de intereses de partido y no del interés general”. “El cambio de criterio trata de evitar que dentro de dos meses sea otro, u otros partidos, quienes se marquen el tanto de conceder licencias”, ha dicho Amadeu Sanchis.

“Es más, -ha añadido- hay hechos que acreditan la arbitrariedad con la que el equipo de gobierno del PP ha negado licencias de rehabilitación durante más de 5 años como, por ejemplo, que no se ha seguido el procedimiento establecido para acordar la suspensión de licencias, que no se ha publicado en el periódico oficial establecido legalmente la suspensión ya que se ha mantenido por un periodo superior a 5 años cuando el plazo máximo es de 2 y, por último, que en las mismas fechas que se negaba licencia de obras, en el mes de agosto de 2012, el Ayuntamiento ejecutó un vial que no se contempla en el PGOU de Valencia sino en el PEPRI anulado”.