Femeval y COGITI Valencia presentan medidas clave para reforzar la protección de colectivos vulnerables en emergencias

Corresponsabilidad social individual, colectiva e inclusiva en la toma de decisiones, un despliegue de planes de emergencia integrales y eficaces, pautar procedimientos coordinados para las empresas instaladoras y suministradores energéticos que deben intervenir desde que se produce una catástrofe climática y la implantación sistematizada y masiva de forma territorial de dispositivos de mantenimiento y control remoto de instalaciones.

Estas son algunas de las medidas prioritarias y correctoras del documento “DANA: Lecciones Aprendidas” que el presidente de Femeval, Vicente Lafuente y el decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva, han presentado oficialmente a una significativa representación de autoridades competentes con el fin de garantizar su implementación.

Este trabajo recoge los aprendizajes y conclusiones derivados de las dos jornadas de trabajo promovidas por el Colegio de Ingenieros técnicos industriales y la Federación de empresas del metal, en las que 40 entidades públicas y privadas, que han intervenido activamente en las fases de emergencia y recuperación, realizaron un análisis riguroso de las carencias y errores en la gestión de las consecuencias de la DANA.

El informe contempla 13 actuaciones realistas, ambiciosas y factibles que se constituyen en una hoja de ruta para orientar las políticas y decisiones a adoptar para mejorar la prevención y respuesta ante emergencias.

Según ha destacado el presidente de FEMEVAL, “hemos consensuado una batería de medidas preventivas, planificadas y bien coordinadas que se deben acometer con carácter urgente para evitar que la improvisación no vuelva a ser el modus operandi”.

“Unas consideraciones que, además, trasladaremos al ámbito nacional, porque lo que ha pasado en Valencia no es algo local, ni puntual, ni exclusivo de nuestro territorio”, ha añadido Lafuente.

Por su parte, el decano de COGITI Valencia Tomás Játiva ha destacado que “’este informe es un paso hacia la acción y la prevención con el que pretendemos reforzar nuestro compromiso con la seguridad de las personas, de nuestro entorno y de la economía, estableciendo un modelo de referencia para futuras intervenciones en situaciones similares”.

Entre las conclusiones, se subraya la necesidad de acelerar la contratación para la ejecución de las obras de encauzamiento proyectadas y la concesión de ayudas para evitar o minorar las consecuencias ante nuevas situaciones de inundaciones o condiciones climatológicas adversas.

Para optimizar la gestión de residuos y el reciclaje de maquinaria, se solicita la implementación de un Plan Integral de Residuos con un apartado de emergencias que defina y concrete la forma de proceder, así como contar con puntos de acopio y transferencia bien gestionados y con capacidad suficiente.

Como vía para agilizar los pagos del Consorcio de compensación de seguros se propone que este organismo dependiente del Ministerio de Economía se apoye en las compañías aseguradoras para la peritación y el pago de los siniestros, realizando posteriormente el pago a éstas.

En el capítulo de atención a colectivos vulnerables, se incide en la creación de censos municipales de personas con vulnerabilidad para garantizar su asistencia, así como un protocolo de reposición ortoprotésica inmediata y Productos de Apoyo. Asimismo, se destaca la importancia de disponer de canales de comunicación ágiles, que incluyan la lengua de signos, para no generar confusión entre la población ni discriminación a las personas con discapacidad e incorporar la perspectiva de accesibilidad universal en la modificación de los planes urbanísticos.

En materia de infraestructuras y suministros esenciales, se propone repensar el emplazamiento de las instalaciones (cuadros eléctricos, bombeos suministro agua potable, …) en altura, así como eliminar los centros de transformación en sótanos y determinadas instalaciones eléctricas de alta tensión en barrancos, y valorar la creación de normativa supralocal para la distribución del agua y el saneamiento al igual que existe a nivel energético.

La DANA no ha hecho más que evidenciar la falta de personal cualificado, especialmente en los oficios y profesiones necesarias para la reconstrucción. De ahí que apremie la puesta en marcha de planes de formación, recolocación y recualificación de profesionales hacia los sectores económicos que han detectado que hace falta más personal para trabajar en la zona afectada por la riada. El documento también incide en exigir, discriminar y facilitar la actuación de profesionales cualificados.

Y todo ello, acompañado de una adaptación legislativa y simplificación administrativa que facilite la implementación de estas medidas de manera eficiente y efectiva.

El documento también pone en valor el asociacionismo, dada la capacidad de respuesta de las organizaciones que tienen capacidad y experiencia en la coordinación de recursos específicos, especialmente asociaciones empresariales sectoriales, empresas distribuidoras de suministros esenciales, EGMs, colegios profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil que aglutinen colectivos con necesidades específicas. También se considera la colaboración público-privada como vía indiscutible para dar respuesta a la emergencia, y se aboga por su extensión a un modelo "público-privado-social".

Al acto de entrega pública del documento han asistido la Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; la presidenta de CEV Valencia; así como representantes de la Diputación de Valencia y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.