EUPV cuestiona la respuesta del Ayuntamiento al caso Tabacalera

La coordinadora de Esquerra Unida en València, Rosa Albert, se ha pronunciado hoy sobre el contencioso del llamado caso Tabacalera y que ha enfrentado a la Plataforma Salvem Tabacalera y el Ayuntamiento. Para EUPV, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia deja clara la nulidad del convenio urbanístico firmado en su día por el Ayuntamiento y el grupo Guadalmedina. “La anulación por parte del Tribunal de la modificación del PGOU conlleva la nulidad del convenio. Por tanto, no procede que el Ayuntamiento indemnice a la empresa privada por un convenio anulado. Estamos ante un pelotazo urbanístico que comenzó el Ayuntamiento del PP y que el gobierno municipal actual no debe continuar”, ha declarado Rosa Albert.

La portavoz de EUPV en la ciudad ha recordado que este convenio contemplaba la cesión de Tabacalera, propiedad de Guadalmedina, al Ayuntamiento a cambio de la modificación del PGOU para poder autorizar el derribo de parte del edificio y que Guadalmedina pudiera construir dos torres de pisos. La sentencia, firme, al anular la modificación, impide dar licencia para el edificio que ha quedado sin construir.  “Es aquí –ha remarcado Albert– donde tenemos que discrepar de la solución dada por la Concejalía de Urbanismo. El Ayuntamiento entiende que debe ofrecer al promotor terrenos municipales para compensar el edificio que ha quedado sin construir. Sin embargo –ha continuado Rosa Albert–, nosotros entendemos que, de acuerdo con la doctrina del TSJ y de la propia sentencia en el punto noveno, un convenio anulado no se puede cumplir. Pero, dado que se ha producido una permuta de bienes que resulta irreversible, lo que procede es un nuevo convenio con nueva tasación de los bienes permutados”. 

Como ha explicado Albert, una vez anulado el convenio, los acuerdos establecidos dejan de existir jurídicamente y desaparecen los deberes y derechos para las partes. “No entendemos cómo el Ayuntamiento puede sentirse presionado por una reclamación de responsabilidad patrimonial, fundada en el incumplimiento del convenio, cuando el Régimen Especial de Convenios Urbanísticos de València dispone claramente que no hay lugar, en ningún caso, a responsabilidad contractual de la Administración, en este caso del Ayuntamiento, dado que no es posible el cumplimiento de lo convenido”, ha dicho.  

Además, esta decisión, contraria a ley, incrementaría más aún las pérdidas del Ayuntamiento respecto a Guadalmedina en el resultado de la operación, dando continuidad a un pelotazo urbanístico que comenzó el Ayuntamiento del Partido Popular y que el gobierno municipal actual debería parar”, ha explicado la coordinadora de EUPV en València.

Siendo tan claro que la nulidad de los convenios urbanísticos no genera ninguna responsabilidad a la Administración, Rosa Albert se ha preguntado por qué el Ayuntamiento se empeña en tenerla. El gobierno municipal debería resolver la situación creada por la permuta de bienes ejecutada, iniciando un nuevo convenio de permuta con una nueva tasación de los bienes para delimitar si hay una diferencia entre los bienes permutados y redactar un nuevo convenio si procede, pero en ningún caso admitir a trámite una solicitud de responsabilidad patrimonial que no es procedente.