La Ley de Dependencia tema de debate en el Foro Luis Vives
Hoy es la última jornada del primero de los ocho cursos que se desarrollarán hasta el 9 de marzo en la Concejalía de Juventud
Tanto si se mide en términos monetarios como a través de indicadores multidimensionales, el colectivo de los mayores de 65 años continúa siendo el grupo con mayor riesgo de pobreza de la sociedad española. Según ha destacado la ponente “La pobreza afecta aproximadamente a un tercio de los mayores de 65 años, y más concretamente sucede entre quiénes viven solos, mujeres mayores de 75 años y viudas”. Y es que, como se ha destacado en la mayoría de ponencias, los años de bonanza económica anteriores a la crisis no sirvieron para disminuir el riesgo de pobreza que sufren los mayores y estos siguen cumpliendo la tradición de ser los más pobres de la sociedad española.
En su análisis Mª Ángeles también ha relacionado discapacidad y dependencia con factor de pobreza y como conclusión ha extraído que la discapacidad y la dependencia están más presentes entre los hogares de menores ingresos. “Sobre un 30% de los discapacitados son mayores de 65 años, al igual que la mayor parte de los dependientes que son mayores de 65 años y mujeres”
En España se han ido aplicando medidas para atenuar la pobreza de los mayores. De hecho, el nivel de gasto social destinado a la vejez ha crecido suavemente en España, aunque todavía está por debajo de la media de los países europeos. En palabras de la ponente “El funcionamiento del sistema de pensiones en las últimas décadas ha contribuido a eliminar la pobreza más severa entre las personas mayores y a reducir otras formas de pobreza moderada. Aún así, este sistema de seguridad económica sigue siendo insuficiente para rebajar las diferencias de las rentas de los mayores con las rentas de otros colectivos”.
Tras esta primera parte introductoria, Mª Ángeles se ha centrado en la ventajas e inconvenientes que ha supuesto la implantación de la Ley de Dependencia. Los servicios de ayuda directa y prestaciones económicas que ofrece dicha Ley podrían ayudar a reducir los riesgos de pobreza y desigualdad. “La ley de dependencia ha reconocido un nuevo derecho universal y de garantía de protección social a la dependencia. Con este reconocimiento se han eliminado desigualdades de los discapacitados y dependientes frente a otros colectivos, y también desigualdades de acceso a servicios sociales por aquellos que incumplían por ciertas condiciones personales y financieras”. Como ha explicado, una de las medidas de esta Ley es la de asignar un sueldo al cuidador, dándole de alta en la seguridad social, como en cualquier trabajo (lo que se conoce como monetarización del PROSUMO). Sin embargo, en su exposición Mª Ángeles también ha destaco que la irregular implantación y desarrollo por Comunidades Autónomas que ha tenido esta Ley, podría favorecer el mantenimiento o creación de otros focos de pobreza y desigualdad. “Focos de pobreza entre quiénes no quieran acogerse a los contenidos de la Ley y entre los que acaban pobres por cuestiones de financiación de los servicios. Desigualdades territoriales, que también podrían desembocar en desigualdad entre los usuarios de los servicios debido a sistemas de financiación-copago diversos”.
Pese a los errores, Mº Ángeles también ha reconocido que la implantación de las actuaciones SAAD (sistema de dependencia) sólo llevan tres años de experiencia y es un proyecto cuyos resultados están previstos a largo plazo, y fechados en el 2015. “Esperamos que conforme el sistema vaya extendiendo su cobertura y aplicación, se vayan mitigando otras desigualdades como las de género” ha añadido.
Otro de los temas que se han tratado en la conferencia es la importancia que juega el llamado “poder gris”, el cual hace referencia a la posible orientación de las políticas en la dirección que los mayores indiquen, debido a su mayor peso político en las elecciones y que podría derivar, según los más alarmistas, en una guerra entre generaciones. “Ciertas áreas de gastos como sanidad, pensiones y dependencia se llevan ahora mayor porcentaje de inversión y afectarían más a los mayores en detrimento de la inversión que se podría efectuar en otros campos como la vivienda” ha comentado la ponente.
