Conclusiones de la jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales

En los últimos años hemos asistido a una intensificación en la lucha contra el crimen económico y el blanqueo de capitales por parte de las administraciones públicas de todos los países desarrollados. España y, en particular, la Comunitat Valenciana no han permanecido ajenas a este proceso, que se ha producido en paralelo a un incremento en el número y en la complejidad de los asuntos judiciales relacionados con delitos financieros, económicos y de blanqueo de capitales o de corrupción. En este contexto, los días 15 y 16 de noviembre se celebraron, en el Rectorado de la Universitat de València, las I Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales. Las Jornadas, organizadas por la Cátedra Deblanc, fueron inauguradas por Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques; José Manuel Pastor, decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València; y José Manuel Pavía, director de la Cátedra Deblanc.

La sesión del jueves la abrió la conferencia de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, que llevaba por título 'La responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos económicos'. Navarro propuso aumentar la transparencia en la operativa de empresa y administraciones públicas para reducir y prevenir este tipo de delitos y crear un cuerpo de contables forenses o expertos en temas económicos. La transparencia es fundamental para reducir la corrupción, tanto pública como privada. Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, profundizó en esta tesis exponiendo cuales son la naturaleza, funciones y competencias de la agencia que dirige.

El primer día contó, además, con una mesa redonda de profesionales que luchan en primera línea contra esta lacra. Pedro Viguer, juez decano de Valencia, defendió la necesidad de modernizar la justicia, incrementar los recursos y actualizar las leyes procesales, que actualmente son del siglo XIX con más de 70 reformas. "Los jueces hemos venido proponiendo año tras año medidas de reforma y modernización judicial y contra la corrupción que se recogió en un documento redactado en Valencia en 2014 en el que se proponían 54 medidas. Entre las principales demandas, apoyadas por la práctica totalidad de los jueces, se encontraban y continúan estando: a) crear un cuerpo de peritos contables, b) facilitar la disponibilidad de peritos y su adecuada retribución, c) crear un cuerpo de peritos informáticos y d) potenciar los conciertos con entidades públicas que puedan auxiliar a los Juzgados con pericias de calidad".

Posteriormente, Pilar Tomás Gómez, fiscal vicecoordinadora de la Sección de Delitos Económicos, trató el tema del decomiso y su importancia en la administración de justicia, así como la importancia de la trazabilidad de la procedencia de los bienes o activos para poder diferenciar el dinero obtenido lícita e ilícitamente. Referido a la sentencia del caso Nóos hizo alusión a la distinción que se realiza en la misma entre dinero sucio y dinero negro. Rocío Entrena Bautista, jefa de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Valencia, apuntó cómo los delincuentes están aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología para delinquir. Señaló que las cartas nigerianas, hoy correos electrónicos nigerianos, siguen siendo más habituales de lo que podemos imaginar, y apuntó que se han transformado en una nueva modalidad: "falso romance". Personas que suplantan la personalidad de otros individuos, establecen relaciones de confianza, fundamentalmente con mujeres solas, para sacar provecho económico. La relación que llegan a establecer los delincuentes con las victimas puede ser tan emocional, que estas últimas no reconocen el engaño a pesar de recibir muestras de ello por parte de policía o familiares. El último en intervenir fue Eduardo Cardells, jefe de la Sección Investigación Criminal Unidad Orgánica Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón. Cardells recordó que la Guardia Civil fue creada en 1844 y que esta institución se enfrenta a un desafío tecnológico para poder perseguir el crimen actual. Señaló que nunca el dinero había sido tan fácil de esconder como es hoy en día, y apuntó a las criptomonedas y el internet profundo como principal fuente de ocultación: "En una operación de casi 1.000 millones de euros, se intervino un monedero electrónico que contenía 350 bitcoins, más de 4 millones de euros al cambio en su momento".

El segundo día comenzó con una conferencia por parte de Joaquín Castellón, periodista c oordinador de la Unidad de Datos de LaSexta, sobre cómo se realizó la investigación sobre los denominados 'Papeles de Panamá'. La exposición también trató otras investigaciones. En esta conferencia surgió un importante debate sobre porque las filtraciones se realizan a la prensa y no a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como periodista indicó que los filtradores cometen un delito por el hecho de apropiarse de unos documentos que no son suyos y entregarlos a un tercero. Los periodistas investigan la documentación y guardan secreto sobre sus fuentes.

Después de la pausa, se retomó la actividad con una mesa redonda en la que intervinieron tres académicos de reconocido prestigio. El primero en intervenir fue Juan Miguel del Cid, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Del Cid se mostró bastante crítico sobre la efectividad de las medidas establecidas por la actual normativa para la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos. El cumplimiento de las medidas está en manos de las entidades financieras que en muchos casos son las que han facilitado las estructuras offshore para el ocultamiento de capitales y la evasión de impuestos. María Ángeles Pérez Cebadera, profesora de Derecho Procesal en la Universitat Jaume I y magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón, centró su intervención en el secreto profesional en las relaciones abogado/cliente en los delitos económicos e hizo una diferenciación entre asesoramiento legal y jurídico. Por su parte, Isidoro Blanco Cordero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, focalizó su intervención en lo que consideran los cuatro pilares de la lucha contra los delitos económicos y el blanqueo de capitales, señalando la necesidad de avanzar en la creación de la figura del "enriquecimiento ilícito".

Las jornadas concluyeron con la conferencia de Covadonga Mallada, consultora del Instituto Max Planck de Friburgo y profesora de la Universidad de Valladolid - Campus de Segovia, quien sustituyó la baja de última hora de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Mallada expuso los nuevos retos de la lucha contra el blanqueo de capitales e indicó que aunque todos los esfuerzos están dirigidos al sistema financiero hay algunos medios de blanqueo de capitales que no lo precisan, como el sistema "hawala". La clausura de las Jornadas corrió a cargo de la Vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de València, Elena Martínez.