El Ayuntamiento apuesta para que el autoconsumo energético sea una realidad antes de 2021

El Instituto Universitario de Investigación en Economía Social (IUDESCOOP) de la Universitat de València ha dado a conocer las primeras conclusiones de su trabajo en el proyecto ProSumE, con respecto a la evolución del marco administrativo-legal existente y necesario para conseguir que en València se pueda producir y consumir más energía fotovoltaica, es decir, fomentar la figura del prosumidor. Estas conclusiones se presentan en el marco del grupo de trabajo que integran Las Naves y el Observatorio del Cambio Climático, junto con la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía).

El proyecto ProSumE (Enabling Energy Prosumers Services) pretende definir una hoja de ruta para convertir València en un referente nacional y europeo en materia de autoconsumo y autoproducción de energía solar. Es una iniciativa del centro de innovación Las Naves, la Fundación Observatorio del Cambio Climático del Ayuntamiento, el Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la Universidad Politécnica de València, el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universidad de València y AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía). La financiación corre a cargo del EIT Climate Kic, la principal iniciativa de la Unión Europea sobre cambio climático.

Aunque no existe aún un concepto jurídico, la figura de prosumidor/a (persona que reúne la condición de producción y consumo de energías renovables) ha cobrado fuerza en los últimos años en las instituciones y países europeos. Sobre todo, a partir de la Comunicación de la Comisión 'Energía limpia para todos los europeos' (de 31 de noviembre de 2016), que pretende acelerar y consolidar la transición de la economía europea hacia una energía limpia. Esta también reivindica el papel proactivo de la ciudadanía en esa transición.

Los principales objetivos son la generación descentralizada de energía, eliminar los obstáculos a la autogeneración y dar un papel más activo a los consumidores y las consumidoras para que puedan producir, almacenar, compartir, consumir y vender en el mercado su propia energía. Según la Unión Europea, es necesario que las personas tengan derecho a ser autoconsumidores/as de energías renovables, así como vender su excedente de producción sin tener que pagar impuestos por consumir electricidad de producción propia.

Tal y como explica Gemma Fajardo, profesora titular de Derecho Mercantil e investigadora en IUDESCOOP, «la legislación española no hace referencia a la figura de prosumidor/a o autoconsumidor/a, aunque sí al autoconsumo de energía eléctrica. Al contrario de lo que marca la directiva de la Unión Europea, la legislación en España solo contempla al autoconsumidor como individuo y no como grupo (después de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017)». Tampoco permite que la persona que autoconsume pueda vender la energía que no consume o que le sobra. Trabas que tendrán que ser eliminadas legislativamente, como muy tarde, para cuando entre en vigor la directiva europea el 1 de enero de 2021.

A pesar de todo, en España ya se han dado pasos hacia un contexto más favorable y han sido varios los grupos políticos que han presentado una proposición en el congreso que incorpora algunas mejoras. Por ejemplo, el autoconsumo en grupo, la no exigencia de que la persona consumidora sea propietaria de la instalación productora y la reducción de las cargas al pequeño productor. Sin embargo, aún faltará por reconocer la posibilidad de que el prosumidor pueda vender sus excedentes como ya se hace en otros países más pioneros como Alemania o el estado de California.

Aun así, existen experiencias pioneras que se han ido desarrollando estos últimos años para apoyar a los prosumidores en España. Entre ellas, los proyectos de compra colectiva e instalación de equipamiento fotovoltaicos entre ciudadanos (Oleada solar, Impuls solar o Colectivo solar), que permiten reducir costes y agilizar los trámites administrativos. Además, ayudan a eliminar la aprehensión de la instalación de paneles conocida como "solarfobia", fomentando así la participación ciudadana.

Las conclusiones presentadas hoy en el ámbito de la legislación son la continuación de los documentos que la Universidad Politécnica presentó en el mes de julio en el ámbito técnico. La jornada final del proyecto, donde se presentarán los resultados definitivos, tendrá lugar el 22 de octubre en Las Naves.