El Ayuntamiento aprueba continuar con las medidas para la reactivación económica, social y patrimonial del Cabanyal-Canyamelar

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado continuar con las medidas efectivas para controlar las actividades ilegales y la ocupación ilegal de viviendas en el barrio del Cabanyal. En la propuesta alternativada planteada por el alcalde, Joan Ribó, a una moción del Grupo Municipal Ciudadanos, se ha acordado igualmente continuar con los trabajos para la definición de un plan de actuación global para todos los inmuebles de propiedad municipal en el ámbito del Cabanyal-Canyamelar y que, además de los proyectos recogidos en el programa EDUSI, cofinanciado con fondos europeos, se prosigan con los trabajos del Plan Confianza, el ARRU, y las líneas de financiación propias del Ayuntamiento «en favor de la reactivación económica, social y patrimonial de este barrio de la ciudad»
».
El alcalde Joan Ribó ha recordado que tras los efectos negativos para el Cabanyal que, entre 19989 y 2015, tuvo el PEPRI derogado con la llegada del Govern de la Nau, el nuevo Plan Especial del Cabanyal ha supuesto abrir un debate ciudadano para la elaboración de una propuesta de futuro. Ha recordado Ribó que , tras la concesión de fondos europeos en diciembre de 2016, las trabas administrativas ajenas al Ayuntamiento han retrasado la ejecución de los proyectos incluidos dentro del programa EDUSI.

Posteriormente ha enumerado las inversiones en las que se está trabajando en materia de renovación de colectores, red de agua potable, rehabilitación del Casinet y el antiguo Matadero o la inversión en las calles Barraca y Mediterrani. «Se está invirtiendo mucho en el Cabanyal-Canyamelar, y se está invirtiendo siguiendo los criterios de actuación que ustedes – refiriéndose a los concejales y concejalas de Ciudadanos- y nosotros firmamos en mayo de 2015 a iniciativa del vecindario, con participación y transparencia, consultando a los vecinos y vecinas, modificando aquello que se considerase inadecuado. Lo hacemos con dotaciones públicas municipales, autonómicas y estatales que hemos buscado, incluyendo los fondos europeos».

También ha destacado Ribo que «hemos estado y estamos trabajando para reducir el riesgo de gentrificación, y estamos trabajando tanto en el Mercado del Cabanyal, donde se están llevando a término diversas inversiones, como con los pequeño comercios y empresarios para desarrollar la economía local». Igualmente se ha referido al aumento de la limpieza, la disminución del problema de ocupación de viviendas, la elaboración de un proyecto de teleasistencia. «Se ha incrementado en más de un 72% el presupuesto destinado a los programas de atención a la exclusión social en el barrio, y el número de personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión. El Govern de la Nau está haciendo muchas cosas a nivel social. Se trabaja en los problemas de convivencia desde un talante de mediación, autoregulación e introducción consensuada de normas de convivencia».

Anteriormente, Fernando Giner ha criticado el «nulo nivel de ejecución de inversiones en el Cabanyal», y ha asegurado que según los vecinos «el barrio está peor que nunca, y no me pida que continuemos con su fracaso».

El Grupo Popular, que ha anunciado su abstención por boca de Alfonso Novo, también ha lamentado la situación en el Cabanyal y ha criticado al gobierno municipal. «Ustedes se han creído con la inversión del Plan Confianza, unos proyectos que ya estaban redactados, iban a pasar el mandato, pero han mantenido un rumbo hacia el más absoluto malestar de los vecinos y vecinas con una falta de gestión absoluta».

ORDENANZA DE MOVILIDAD

El Pleno ha rechazado igualmente, con los votos a favor del Govern de la Nau y la abstención del Grupo Popular, la moción del Grupo Ciudadanos, defendida por el concejal Narciso Estellés, instando a que «se acelere de manera definitiva y sin más demora la puesta en marcha de la modificación de la Ordenanza de Movilidad". Igualmente se proponía que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, «adquiera el compromiso de que el texto de la Ordenanza que se proponga para su aprobación inicial no contravenga en ningún punto de su articulado ningún artículo de rango superior, como el reglamento General de Circulación o cualquier otro»

También se solicitaba un compromiso por parte de Grezzi de que se «garantice la máxima seguridad vial a los usuarios de la vía pública, priorizando en función de la vulnerabilidad de las personas y prevaleciendo la protección de los peatones», así como que «se retire en la ciudad de València toda señalización horizontal y vertical que no esté incluida en el Reglamento General de Circulación o lo contravenga».

Estellés ha dicho que «la línea roja de Ciudadanos son los accidentes» y ha hablado «afganización de la movilidad» y de que el Govern de la Nau «se ha visto atropellado por la movilidad eléctrica. Les hemos traído la moción para que adquieran unos compromisos mínimos y básicos».

Alberto Mendoza, del Grupo Popular, ha anunciado que su grupo se iba a abstener. «En el momento en que se presente valoraremos y velaremos para que se cumplan los preceptos legales necesarios».

Giuseppe Grezzi ha reprochado a ciudadanos «estar como siempre, en el día de la marmota, con la misma elucubración«, y ha afirmado que la Ordenanza de València «se parece mucho a la que entró en vigor ayer en Madrid y a la que Barcelona aprobó hace poco. Desde la DGT se nos pedía que avanzásemos en la pacificación del tránsito y lo estamos haciendo». Le ha señalado a la Oposición que, llegado el momento, tras la presentación, en el periodo de exposición pública, «podrán alegar y exponer su visión y sus aportaciones, mientras que serán los abogados quienes dictaminarán su legalidad. El abogado de la ciudad dictaminarán su legalidad».

Grezzi ha expresado su confianza en que la nueva Ordenanza de Movilidad pueda ser aprobada lo más pronto posible «en el marco de las acciones, planes y medidas que está impulsando la dirección General de Tráfico para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que aspiran a vivir en una ciudad cada vez más segura, accesible, respetuosa, eficiente y saludable».

SIN DEBATE

Anteriormente se ha rechazado otra moción, esta vez suscrita por Fernando Giner y Amparo Picó, en la que se pedía la reprobación del Pleno a la concejala de Cultura, Glòria Tello, y su sustitución como responsable de la delegación. Los proponentes de la moción afirmaban que la gestión de Tello «está siendo absolutamente inacertada e ineficaz».

También en este punto del orden del día, el Grupo Popular ha anunciado su abstención, mientras que el alcalde, Joan Ribó, ha pedido, en virtud del artículo 70.5 del Reglamento Orgánico del Pleno, que se pasase a la votación en que la propuesta ha sido rechazada.

LIBERTAD EDUCATIVA

El portavoz Cristóbal Grau, en su nombre y el del Grupo Popular, ha presentado una moción para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España «garantizar y ampliar las libertades educativas». Esta propuesta ha tenido los votos a favor del Grupo Popular y Ciudadanos pero no se ha aprobado tras la votación en contra del Gobierno.

Grau ha defendido «el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos». También ha propuesto «mantener la demanda social para promover una oferta educativa plural, así como de considerar los centros concertados como garantes de la existencia en dicha oferta complementaria de la pública». Grau ha puntualizado que «el error es que se entiende esa libertad de elección como un privilegio, cuando es un derecho». Asimismo, ha sugerido «la adecuación del modelo de financiación de la escuela concertada».

El portavoz de Ciudadanos Fernando Giner ha apoyado esta moción y ha insistido en que «querremos igualdad y libertad en la educación, en la que no influya la situación económica de la familia». Por otra parte ha puntualizado que «la educación pública y concertada no son incompatibles, sino dos opciones para tener un sistema educativo plural». «Hay que garantizar la libertad para que los padres lleven a sus hijos al colegio que quieran», ha añadido.

La concejala Maria Oliver ha puntualizado que esta moción ha sido una «sorpresa, ya que estas normas vienen dadas de cuando gobernaba el Partido Popular» y ha explicado que «se garantiza la libertad de la educación pero lo que está en duda es si se tiene que pagar con dinero público». Oliver ha comunicado que no entiende por qué prefieren 30 alumnos en vez de 23 por clase y ha calificado esta preferencia de «tener intereses empresariales». Para finalizar, ha insistido en que «hay que defender una educación pública de calidad

CONSECUENCIAS DEL BOTELLÓN

El Grupo Popular ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de València adopte medidas de control y prevención para evitar las consecuencias del botellón. Esta moción ha sido rechazada tras no contar con el apoyo del Gobierno actual, aunque los dos partidos de la oposición han votado a favor.

La portavoz Mª Àngels Ramón-Llin ha propuesto que «se refuercen los controles de Policía Local en cada una de las zonas de la ciudad donde se hace botellón», que como ha insistido, «cada vez son más estos lugares» y lo ha definido como «una situación muy preocupante». Por otra parte, la moción también recoge la creación de una 'mesa de prevención del botellón' para «mentalizar a los jóvenes de las consecuencias del consumo», ha explicado. Por último, Ramon-Llin ha sugerido que se «mejoren los servicios de limpieza».

El portavoz Bravo de Ciudadanos ha insistido en que «las medidas que se han tomado para frenar esta problemática no han sido eficientes» y ha explicado que «su voto es a favor pero con la modificación de la mesa de prevención del botellón, buscando así alternativas con otro tipo de ocio como por ejemplo el deporte».

En nombre del Gobierno, Anaïs Menguzzato ha comunicado que «hay un riguroso control en las zonas de ocio donde es habitual el botellón» y ha expuesto que «los datos en cuanto a denuncias y controles son superiores que cuando el Grupo Popular estaba en el Gobierno, lo que demuestra que hay un control más exhaustivo». Por otra parte, la concejala Pilar Soriano ha indicado que «los recursos de limpieza han aumentado» y se ha dirigido al Grupo Popular para puntualizar que «la limpieza llega a todas las partes de la ciudad, a diferencia de cuando estaban ellos en el Gobierno, que no se

CENTRE DE MIGRACIÓ

El último debate del Pleno ha sido el de la interpelación del grupo Ciudadanos sobre el Centre de Migració d'Aiora, respecto al cual Amparo Picó ha denunciado que era un «cúmulo de desatinos y falta de transparencia, un proyecto con falta de consenso y sin los permisos correspondientes». También ha reprochado falta de información «y diálogo ausente», antes de preguntar «por qué se ha actuado de espaldas a los vecinos si el centro va a ser provisional, y por qué han decidido que esta ubicación es la óptima».

En la contundente respuesta de la concejala Neus Fábregas, ha dicho que, más allá de las cuestiones técnicas, «hay algo más que no gusta. No sé si es porque son personas extranjeras y personas empobrecidas». Fábregas ha vinculado la aposición a este Centre de Migració con 18 plazas, que va a compartir la sede de una antigua escoleta con un centro cívico para el barrio d'Aiora con varias organizaciones de ideología ultra. «Es más que evidente quién está removiendo al vecindario. Nunca se nombra el centro cívico, reivindicado por los vecinos. Y si el local no sirve para las 18 plazas de migración, tampoco sirve para centro cívico. Están manipulando a las personas por un puñado de votos quienes queda obvio que no les gustan las personas extranjeras pobres, pero el Govern de la Nau tiene capacidad y abrirá el Centro con todas las garantías. Déjennos trabajar.