El clavo candente de S. Gregori

El pasado miércoles, en un acto de la Asociación de Propietarios de S. Gregori al que se quiso dar relevancia institucional celebrándolo en el salón de plenos del ayuntamiento, comparecieron el promotor del acto y presidente de la asociación Enrique Daudí, el representante de la empresa y el abogado de Garrigues, situados todos ellos en una mesa presidida por la alcaldesa acompañada concejal de urbanismo.

Daudí, en una primera intervención, transmitió optimismo y tanto él como el representante de la empresa que se propone llevar el proyecto adelante hablaron de la importancia de este PAI para el futuro de Burriana.

El representante de la empresa, la única que, tras muchos intentos fallidos, apuesta por el proyecto y pretende llevarlo adelante, habló de que ellos “son los mayores propietarios de suelo”, que la suya es una empresa con “músculo y capacidad para hacer frente a las dificultades”, una empresa -siguió diciendo- que “ha apostado fuerte poniendo dinero y adquiriendo deuda de los bancos.”

En el turno de preguntas quise preguntarle qué porcentaje de suelo disponen y a nombre de qué empresa está escrito. No hice la pregunta porque el debate, como luego contaré, se calentó ya de por sí demasiado y no quise intervenir como otras veces he hecho (sin resultado), preguntando cual es el nombre de esa empresa con tanto  “músculo”. Si es una constructora importante o un fondo de inversión (como también se apuntó anteriormente) dar el nombre añadiría garantías. No las da el  incomprensible ocultamiento.

El acto tuvo lugar con el salón de plenos repleto de gente. Se llenó por el buen hacer del presidente de la asociación de propietarios que invitó a políticos, a amigos y a conocidos a asistir “para demostrar que hay interés por el tema”. Al abrirse el turno de palabra se demostró que sí había interés por el tema. Interés y bastantes dudas fue lo que expusieron los propietarios (y no los invitados) que tomaron la palabra.

En ese turno y con cierta tensión en el ambiente, algunos hablaron de negociaciones ocultas, de posible prevaricación, de que la secretaria del Ayuntamiento ha  realizado informes en contra, de las cuotas pagadas por los propietarios, del pago con terrenos, de embargar a los que no paguen, también de negociar individualmente con los pequeños propietarios. Dentro de este debate hubo un momento brillante en el que el abogado de Garrigues y el abogado Juan Planelles se centraron en tecnicismo para decir el primero que “la rescisión del agente urbanizador no es firme porque el Ayuntamiento no ha respondido a un recurso de la empresa relegada”. Por su parte Planelles, buen conocedor del tema inmobiliario, expuso que con “la rescisión se daba fin a un acto administrativo” y que ese recurso, aún sin contestar, tenía que ir por otras vías. Sin que demasiada gente se enterase de los argumentos jurídicos, el diálogo sirvió para que casi todos nos percatáramos de la fragilidad del camino porque el que se transita.

Dejo entre paréntesis que Garrigues defendió primero al ayuntamiento (naturalmente cobrando por ello) y ahora está al lado de la  empresa “con músculo”, también cobrando, como no puede ser de otra forma, en cambio Juan Planelles, es seguro que no tiene ninguna dieta, de una y otra parte.

Por cierto, la empresa misteriosa “con músculo”, según mis informaciones es una simple empresa de transportes de Castellón (me atrevería a afirmar que es una empresa que rebosa burianerismo porque no se queda corta a la hora de fanfarronear) y por ello déjenme que dude de “su músculo” y de su capacidad para “hacer frente a lo que venga”, como tampoco creo que tenga experiencia y capacidad  para dar valor al suelo de ese PAI gestionando la adquisición de viviendas por extranjeros que es la única salida realmente viable para el proyecto. Ante todo eso no quiero concluir que su único interés es  cobrar un jugoso 20% de las cuotas y acabar más adelante  vendiendo su participación a terceros, un paso después de que el Ayuntamiento haya desbloqueado el aval de 10 MM que obra en su poder.

San Gregori, no se hizo cuando fue el momento de hacerlo. Está claro que solo fue  un enjambre de especuladores, encabezado por quienes estaban gobernando entonces el municipio  que, dos meses antes de que saliera a la luz la noticia del PAI, compartieron la noticia con los suyos y sus amigos y mandaron todos a  APIs a comprar suelo, que valía muy poco, ante la sorpresa del personal del Sindicato de Riegos: “¿Para qué compra esta concejala ese trozo de huerto poco fértil en donde está anunciado que en un futuro irá una calle?”. En los archivos de la Caja de Pensiones hay guardada mucha información de lo que ocurrió en esas fechas y mucha gente sabe.

Pero estamos donde  estamos y Daudí se lo dejó claro a la alcaldesa que tenía sentada a su lado: “Si esto no va a adelante vamos a ser muy duros presentando demandas contra el Ayuntamiento” Y ahí está también la clave. Este Ayuntamiento, si cierra el PAI, se va a encontrar con el coste político de haberlo hecho. También con la quiebra de las cuentas municipales por las demandas que pueden caerles. Por la otra parte los propietarios, algunos, ven, en ir de la mano de la empresa “con músculo”, la única salida para que el valor de su suelo no sea cero, que es lo que vale ahora (y además con cargas). De ahí la facilidad con la que, presumo, muchos bancos se han prestado a “vender”  todo o parte de su suelo. Por lo tanto, llegados a este punto del análisis hablar de “músculo” y presumir de la “capacidad económica demostrada por comprar el 70% de la deuda de los bancos” déjenme que lo ponga con un interrogante.

Está claro que la situación es difícil, muy difícil,  pero al menos el Ayuntamiento debería ocuparse de verdad de los pequeños propietarios que nada han tenido que ver la especulación ni con lo que se negocia ahora en mesas en donde ellos no están sentados.