Libertad de expresión y el uso de espacios públicos

Estos días vemos, como mientras unos patriotas catalanes se dedican a colocar lazos amarillos para revindicar la libertad de los políticos catalanes encarcelados, otros patriotas españoles se dedican arrancar esos lazos. Ambas partes justifican su actuación en ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Pero mientras los independentistas colocan los lazos como medio de manifestar su solidaridad con los presos, los españolistas estiman que no deben consentirse esas actividades por tener como objetivo la independencia de Catalunya que no está reconocida por la Constitución Española. A la vez, algunas personas dicen que colocar los lazos, así como arrancarlos constituye un delito.

El mencionado conflicto me ha traído a la memoria conversaciones mantenidas entre amigo/as, en las que, hablando sobre el alcance de la libertad de expresión, algunas personas dicen “que no ampara manifestaciones que puedan molestar”, mientras otras estiman que “no puede tener limitaciones”. Dado que las autoridades y tribunales españoles tienen el  deber de cumplir  la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  conviene recordar que dicho tribunal en distintas sentencias ha reiterado: “el derecho a la libertad de expresión da cobertura no sólo a las ideas e informaciones aceptadas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que molestan, chocan o inquietan, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay sociedad democrática”. Así las cosas, es evidente que la libertad de expresión ampara que los independentistas catalanes realicen acciones solicitando la libertad de los presos independentistas catalanes, como también ampara que los españolistas puedan realizar actos revindicando que sigan en prisión los políticos catalanes encarcelados. Sin embargo, según mi entender, la libertad de expresión no ampara que alguna de las partes en conflicto realice acciones con la finalidad que la otra parte no pueda hacer llegar sus reivindicaciones a la ciudadanía. Es decir, las acciones con la finalidad de impedir o eliminar mensajes destinados a la ciudadanía no tiene nada que ver con una opinión, eso es precisamente lo que está haciendo Ciudadanos. Ellos tienen todo el derecho, de realizar actos revindicando que los presos sigan encarcelados, pero no tienen ningún derecho a realizar actos que tengan por finalidad impedir el ejercicio libre de la libertad de expresión de nadie, aunque se trate de independistas. Ello es así, porque la libertad de expresión debe ejercerse con respeto, a sus límites, que como todo derecho tiene, como son los derechos del resto de la ciudadanía que no comparte sus reivindicaciones o la forma de defenderlas. En el caso que nos ocupa, estimo que resulta compatible el ejercicio de la libertad de expresión por las dos partes en conflicto. Pues igual que los independentistas cuelgan lazos en favor de los presos independentistas, los españolistas pueden manifestarse o colgar símbolos en contra de los presos. Tampoco parece oportuno alimentar una estrategia de crispación en la calle. Cualquiera que tenga experiencia en movilizaciones sociales sabe que, en una discusión de grupo tumultuoso, es muy fácil que alguien suelte un primer golpe que dé lugar al descontrol total y males mayores.

El tema da para más de una tesis, por lo que tenemos que omitir muchos aspectos interesantes que aclarar, aunque brevemente mencionaré algunos aspectos. El derecho a expresar libremente opiniones y defender ideologías no incluye a poderlo hacer en cualquier momento y lugar. Por supuesto que, en el ámbito privado, o balcones de casa las personas pueden manifestar la opiniones y reivindicaciones que quieran. Pero nadie tiene derecho a usar y ocupar espacios públicos, restringiendo o impidiendo el derecho del resto de la ciudadanía a acceder a ese espació, en nombre de la libertad de expresión, porque ese espació pertenece a toda la ciudadanía. Los espacios públicos de los edificios de la administración pública, deben mantenerse neutrales, por la administración. Pero no ocurre los mismo en los espacios públicos, sobre los cuales el Tribunal Constitucional ha dicho que además de espacios para transitar y pasear, deben admitirse en ellos las manifestaciones políticas de distinto signo.  Como la administración debe facilitar la participación de la sociedad en los asuntos políticos, entiendo que no se puede impedir legalmente la utilización de espacios públicos para colgar pancartas con mensajes. En todo caso, administración podrá exigir que se disponga autorización administrativa, para la utilización de espacios públicos, para colgar lazos, pancartas o plantar cruces, y fijar determinadas condiciones en la concesión de la licencia para que ese acto no lesione o impida otros derechos. La utilización de espacios públicos sin la preceptiva licencia administrativa supone una infracción administrativa, que puede dar lugar a una multa, pero en ningún caso se trata de un delito, penado por el Código Penal. En principio, colocar y quitar lazos no es delito, salvo que se haga cometiendo un delito, como  lesionar a una persona.

En aras a la consolidación de nuestro sistema democrático sería importante que nuestras autoridades memorizasen, y luego cumplieran, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo referida a la libertad de expresión de los poderes público dice: “en el sentido del mantenimiento del deber de neutralidad que concierne a los Poderes Públicos en ese contexto de la participación política”. Mientras por otra parte es  reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE " (por todas, SSTC 244/2007, de 10 de diciembre; 14/2003, de 28 de enero; 254/1993, de 20 de julio, entre otras).[siguiente] [Contextualizar]

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Dice la jurisprudencia que el valor del pluralismo político comporta la libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás. Así las cosas, habrá que respetar los lazos, gusten a no. Si por el lugar que ocupan resultan ilegal, que se denuncie ante la policía o tribunales, pero en ningún caso nadie está legitimado para arrancarlos usurpando las competencias de la administración y tribunales. La estrategia de crispación iniciada por Ciudadanos puede tener un gran coste para la estabilidad social que necesita toda democracia.[siguiente] [Contextualizar]