La lista del engaño

Ana Torroja; Messi; Alejandro Sanz; Lola Flores; Pedro Ruiz; Arancha Sánchez Vicario; Montserrat Caballé; Isabel Pantoja; Jordi Pujol; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Emilio Botín; Luis Bárcenas; Miguel Boyer; Carlos Solchaga; Ángel Acebes; empresarios de Sufisa, Martinsa; cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo y Francisco Correa; empresarios de la constructora Hispania…

La lista es tan larga que necesitaría varios folios para completarla: famosos, políticos, empresarios, todos ellos con un denominador común: habernos engañado a todos los españoles siendo responsables de aumentar la deuda pública que nuestro país sufre y cómplices de la peor situación de nuestra democracia de los últimos treinta años. Algunos de ellos ya han solucionado su deuda con el estado, otros siguen pendientes de que la justicia les aplique una pena acorde a su engaño, pero muchos de ellos serán recordados por lo que debieron hacer y no hicieron.

Recientemente y gracias a Hervé Falciani, un trabajador del banco suizo HSBC, han salido a la luz 3.000 cuentas opacas propiedad de españoles. También en 2002 fueron descubiertas otras 200 cuentas en Liechtenstein Global Trust Group (LGT). En aquella ocasión también fue un ex trabajador quien hizo público el escándalo, a diferencia del Ministerio de Hacienda que siempre ha intentado ocultar esta información porque, en realidad, su verdadero interés ha estado en investigar a los autónomos o profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representaría una mínima parte.

Algunos de los casos investigados donde las estafas eran proporcionales a sus grandes fortunas, han sido diluidos en el tiempo o simplemente sobreseídos, como el Caso Botín o el de César Alierta, presidente de Telefónica. En ambos, las autoridades públicas intervinieron para que se cesara la investigación.

La frivolidad con la que se justifica esta protección a los grandes defraudadores es indignante y pone en claro peligro a la democracia de nuestro país. Los más de 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de las grandes fortunas, evitarían los enormes recortes de gasto público social que el Gobierno español está realizando.

Cuesta creer que vaya a ser fácil descubrir a los mayores defraudadores de nuestro país si estos son quienes controlan las grandes empresas, la banca, los medios de comunicación, incluso si son o han sido dirigentes del Partido que gobierna, y es fácil pensar que poco podemos esperar de quien tiene que dictar unas leyes que les perjudicarían.

La deuda española sigue creciendo hasta las cotas más altas, la confianza en los políticos sigue cayendo, los casos de corrupción siguen en aumento, los recortes sociales nos despiertan a cada semana, el índice de pobreza en España es de los más altos de Europa, mientras tanto ahora sabemos que hay cerca de 3000 españoles con grandes fortunas, que tienen cuentas en Suiza que presuntamente no cumplen con sus obligaciones fiscales…

Y ante esto el ministro de hacienda les reconoce la amnistía fiscal para que legalicen sus cuentas con unos impuestos muy por debajo de lo que deberían. Al mismo tiempo se adjudica el pago de las pensiones a los españoles que viven en el extranjero a HSBC, el banco Investigado por Hacienda por ayudar a presuntos defraudadores fiscales. ¡¡¡Cuanta contradicción!!!

Está claro que ante tanta corrupción fiscal y política, la sociedad ha de recuperar la confianza, necesitamos de una justicia independiente, con leyes que persigan con celeridad el delito y a sus autores, que sean capaces de recuperar los bienes y productos delictivos, que la política no sea el camino de enriquecimiento particular, ni el medio para entrar en el circuito de puertas giratorias, que los corruptos sean ejemplo para desmotivar a otros con iguales intenciones, necesitamos recuperar la democracia que tanto costó conseguir. Entonces lograremos una cultura social que rechace la corrupción.