El eterno dilema

En esta España de pandereta del siglo XXI todavía andamos a vueltas de que si la izquierda es esto o la derecha lo otro, y no hay manera de que avancemos todos juntos y defendamos ciertas ideas, que tanto unos como otros deberíamos tener meridianamente claras, como que la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y ha de ser para todas y todos. Pero claro, hay intereses muy particulares, tanto ideológicos como económicos que nos separan.

Siempre he defendido la escuela pública por pensar que es la única que garantiza ese derecho a la educación que toda la ciudadanía tiene, en igualdad de condiciones, sin discriminación de ningún tipo, ni sexual, ni de credo, ni de color de piel… Y sin embargo no me tengo por una radical, ni extremista… que es como se nos califica desde la derecha más rancia, a los que defendemos lo público por encima de lo privado.

Es por esto que no puedo dejar de indignarme cuando escucho cosas como eso de la “libertad de elección de centro de las familias”, que viene recogido en nuestra Constitución, pero que el PP se ha encargado de apropiarse como idea fantástica, dándole un giro perverso para beneficio de las empresas educativas y en detrimento de la escuela pública, esa escuela que ya se han encargado de desprestigiar convenientemente, suprimiendo muchos de los recursos destinados a ella y debilitándola con absurdos programas experimentales y leyes retrógradas como la LOMCE.

Evidentemente, el establecimiento del distrito único de escolarización, no es más que una manera de derivar alumnado hacia las escuelas concertadas, que con esta medida tienen la posibilidad de escoger a su alumnado y no al contrario, pues son los centros los que con criterios como el que los padres hayan sido antiguos alumnos, determinan a quienes eligen y a quienes rechazan, condenando de este modo a la escuela pública a la marginalidad, ya que esta medida no garantiza el reparto equitativo y equilibrado del alumnado.

Y mi indignación va en aumento cuando resulta que el PP, en una clara apuesta por la privatización de la educación, blinda los conciertos a los centros educativos, que pasan de tener una vigencia de cuatro a seis años, cuando algunos de esos centros están siendo investigados por la Fiscalía por un presunto delito de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental, y cuando, al mismo tiempo, se van suprimiendo unidades escolares en la pública.

Esto debe acabar cuanto antes, y tanto las Comunidades Autónomas, como el Estado deben fomentar la educación pública. Además, se debe trabajar conjuntamente por un Pacto de Educación, que evitará que esto siga siendo un campo de batalla político y dará estabilidad al sistema educativo. Un pacto en el que se tenga en cuenta la voz de los profesionales de la educación y que vele por las necesidades de todo el alumnado y no por intereses partidistas y economicistas.

Por favor, señores políticos, dejen ya de marear. La educación de la ciudadanía es algo muy serio y debe ser tratada de manera escrupulosa y no con políticas que benefician solo a un sector de la población.