Agua y desarrollo

El modelo social, económico y ambiental, es decir, nuestro medio ambiente, nuestro paisaje y la generación de empleo y oportunidades de futuro de la Comunitat precisa de aportes externos de agua para garantizar su sostenibilidad. Más de 180.000 empleos dependen del trasvase Tajo-Segura. De la misma manera, con el trasvase del Ebro en marcha se crearían 50.000 empleos directos en la ejecución de las obras y otros 250.000 empleos que, hoy se encuentran en situación de incertidumbre, se consolidarían plenamente. 

Las actuaciones de gestión de la demanda, ahorro, eficiencia y reutilización del agua son prioritarias para nuestro territorio pero no son suficientes para garantizar nuestra agricultura y nuestro futuro.

La Comunitat Valenciana es consciente de los problemas que en materia hídrica tienen otros territorios de España que requieren una solución por parte del Gobierno Central.

La falta de una Autoridad Nacional del Agua está provocando enfrentamientos por el agua entre los distintos territorios de España que se van acentuando con el paso del tiempo y que puede provocar situaciones irreversibles.

Por todo ello es importante mostrar nuestro apoyo y adhesión a la Declaración Institucional sobre “la problemática del agua en España y en la Comunitat Valenciana, que fue aprobada por el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana en fecha 7 de enero de 2010, así como al  Acuerdo de la Junta Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (FECOREVA) de 12 de enero de 2010.

A partir de esta premisa desde la Diputación proponemos una serie de medidas cuya puesta en practica se me antoja ineludible:

1º.- Solicitar al Presidente del Gobierno, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, para que se aborde en profundidad la problemática del agua en todo el territorio nacional, ya que fue un punto no debatido en las dos últimas Conferencias, y que por tanto pueda alcanzarse un acuerdo de Estado que tenga como eje el PHN de 2001, respaldando al Consell de la Generalitat en esta iniciativa.

2º.- Que el Gobierno de España asegure a la Comunitat Valenciana, aquello solicitado por el Gobierno Valenciano, es decir:

a) El mantenimiento del Trasvase Tajo – Segura conforme a las leyes que regulan en la actualidad esta transferencia hídrica.

b) La defensa y tutela de los usuarios del Júcar, conforme a la legislación y planificación vigente y con ello el mantenimiento de los caudales que se vienen utilizando en el río Júcar: el agua para el regadío, entre los que se encuentran los regadíos y usos históricos, el trasvase Júcar-Turia-Sagunto, tanto para regadío como para abastecimiento de poblaciones y uso industrial, así como el que se está construyendo para los usos previstos con aguas sobrantes del Júcar al Vinalopó.

c) La defensa y tutela de los usuarios del Segura, conforme a la legislación y planificación vigente y, en concreto, la de los usuarios de la Vega Baja del Segura y la zona meridional de Alicante.

d) La garantía de ejecución del trasvase del Ebro, a la provincia de Castellon, y al resto de territorios de la Comunidad Valenciana para la consolidación de los usos implantados en las Cuencas del Segura y del Júcar con el principio de que cualquier aporte externo no tiene que comprometer las posibilidades actuales y futuras de los territorios de las Cuencas cedentes.

3º.- Instar a la Presidencia Española de la Unión Europea que promueva la incorporación a la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), del dictamen del Comité de las Regiones de la UE “Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”, aprobado en 2008 en el que se propone junto a las medidas de ahorro, eficiencia y reutilización, las correspondientes a las infraestructuras de suministro adicional como los trasvases y los embalses, para solucionar los problemas de escasez.

Sin duda medidas necesarias y que deberían contar con el consenso político en nuestra provincia y en nuestras Comunidad pero que en cualquier caso formarán parte de la reivindicación permanente del gobierno de la Diputación de Castellón.