La chapuza de Aguamarina
Una chapuza. Como recoge la sentencia 523/16 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, el decreto firmado por Antonio Zapata siendo concejal delegado de Urbanismo, Planeamiento y Patrimonio, el 10 de marzo de 2015, por el que se dictaba la demolición del vallado perimetral del lindero este del complejo residencial Bellavista es un acto nulo de pleno derecho y carente, pues, de toda fundamentación legal.
Hoy son muchos los vecinos de Orihuela Costa -especialmente los residentes en la zona- los que, como es normal, deben lamentarse del cierre del paso entre Aguamarina y Cabo Roig. Quienes durante más de seis años han podido disfrutar de unas vistas privilegiadas y de unas óptimas conexiones en primera línea del litoral y desde hoy se ven privados de “ese lujo” tienen todo el derecho a la pataleta, a la queja y al reproche, pues ha habido tiempo más que suficiente para llevar a cabo la expropiación por utilidad pública de ese tramo, único cauce legal para solucionar este problema. Urge, pues llega muy tarde, definir el valor de los terrenos y aprobar de una vez el proyecto que supondrá esa declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación que desembocará en la definitiva expropiación de este tramo de paseo. Compartimos con ellos sus reivindicaciones y el enfado por tener de nuevo una barrera arquitectónica que impide pasear por un lugar así: no es, sin duda, obligación de los ciudadanos conocer los mecanismos administrativos ni entender por qué ocurren las cosas; pero sí es, por el contrario, obligación de los representantes públicos hacer pedagogía, explicar las decisiones y los hechos conforme a la verdad, usando argumentos técnicos y jurídicos, fijando hitos, con explicaciones de fácil consumo que den luz a las decisiones que se toman. Ya saben: qué, cómo, por qué, quién… De ahí estas líneas.
El colmo de despropósitos que supuso el decretazo del socialista –o exsocialista, ya no sé cómo está el tema- en la primavera de 2015 resta protagonismo a datos imprescindibles como que la construcción del conjunto residencial Bellavista data de 1985, es decir, es cinco años anterior a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, o que este documento que rige el urbanismo local alude a un paseo marítimo a una altura intermedia entre el mar y el polémico vial peatonal que nos ocupa. Por lo tanto, hoy, simplemente, se ha hecho justicia –que no es poco-. Hoy, por mucho que nos pese, se ha cerrado al público lo que nunca fue dominio público y se ha devuelto a la comunidad de propietarios Bellavista I lo que un juez dijo que es de ellos y que siempre lo fue.
Tiempo atrás pedía Zapata las dimisiones de otros a propósito de este asunto, pero a estas horas guarda silencio. Su alcaldía fue accidental; su gestión del paso de Aguamarina, una chapuza.
