UPyD exige el desarrollo del Estatuto de Dominio Forestal para luchar contra los incendios
UPyD Comunidad Valenciana denuncia los dramáticos acontecimientos que se han producido en nuestros montes son el fruto de la nefasta política forestal desplegada durante los últimos 17 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana.
"Es necesario e imprescindible el desarrollo del reglamento del Estatuto del Dominio Forestal de la Comunidad Valenciana que fija los deberes genéricos y específicos de los propietarios de terrenos forestales en materia de prevención y extinción de incendios y cuyo
incumplimiento podría acarrear sanciones, y en última instancia, la expropiación, con lo que se evitaría la acumulación de maderas y leñas en el monte y se obstaculizaría la propagación del fuego en caso de incendio".
El coordinador de territorial de la UPyD en la Comunidad Valenciana, Romain Muzzati recuerda que “los montes no entienden de límites administrativos por lo que es necesaria la devolución de competencias de prevención y extinción de incendios forestales al Estado
para garantizar la visión en conjunto en la planificación y la necesaria coordinación de las tareas de extinción de incendios.
La formación magenta piensa que "es imprescindible que los propietarios forestales mantengan sus propiedades en un adecuado estado de conservación frente al riesgo de incendios forestales a través de incentivos económicos y fiscales, así como la penalización a los negligentes mediante sanciones administrativas e impidiendo el acceso a la condición de beneficiario de ayudas compensatorias dirigidas a afectados por incendios forestales".
"Además es preciso impulsar el tejido empresarial forestal valenciano mediante la remoción de obstáculos (en forma de empresas públicas) a la libre competencia, la licitación pública de la totalidad de contratos públicos de obras y servicios en el ámbito forestal mediante la división de los grandes contratos en otros más pequeños para que puedan optar por ello un mayor número de empresas, favoreciendo así la transparencia en la contratación pública y una efectiva concurrencia competitiva".
