UPyD estudia iniciar acciones penales contra la Conselleria por los enfermos de Hepatitis C
Unión Progreso y Democracia en la Comunitat Valenciana estudia iniciar acciones penales contra la Conselleria por el trato a los enfermos de Hepatitis C. Así lo ha decidido la formación tras reunirse en Valencia el candidato de UPyD a la Alcaldía de la ciudad, Eduardo Gómez, y la coordinadora territorial, Alicia Andújar, con representantes de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC).
Gómez afirma que “pese a que los fármacos tengan un precio elevado, estamos tratando con pacientes que necesitan la medicación para seguir viviendo, dado que se trata de enfermos con cirrosis hepática en sus fases más avanzadas”. El coordinador local señala que” es una irresponsabilidad administrar los medicamentos, únicamente, en casos muy graves con riesgo de muerte. Desde UPyD defendemos que todos los afectados por la enfermedad sean tratados con los nuevos fármacos, cuya eficacia de curación es de un 95 por ciento”.
La formación magenta denuncia que los Gobiernos central y autonómico están trasladando la carga de sus recortes a enfermos y hepatólogos. “En algunos casos, cuando los médicos especialistas deciden que es necesario administrar dicho tratamiento, pasan meses sin que exista respuesta de la Conselleria de Sanidad, lo que agrava notablemente el estado de salud de los pacientes. En ocasiones, la espera es tan larga que el enfermo fallece durante la administración del tratamiento”, subraya Gómez.
El candidato explica que “desde UPyD vemos indicios de delito penal. Existe una absoluta discriminación entre los pacientes, ya que los hepatólogos, debido a las inhumanas instrucciones y limitaciones dictadas por la administración, se ven obligados a prescribir el tratamiento en un número irrisorio de casos. Es decir, se ven obligados a elegir quién tiene la oportunidad de vivir y quién no, por crudo que parezca. Por ello, estamos estudiando iniciar acciones penales por el trato discriminatorio recibido por los pacientes”.
Para Andújar “la actitud con la que las administraciones están afrontando los tratamientos es inhumana y afecta frontalmente al derecho a la protección de la salud que reconoce nuestra Constitución”.
