LA UNIÓ señala que el Consejo de Ministros de hoy escenifica la persecución del Gobierno en materia hídrica hacia la Comunitat Valenciana
Reclama a Ximo Puig y a Mireia Mollà que se planten de verdad ante Madrid porque el agua, además de un derecho, es una necesidad
El Consejo de Ministros ha consumado hoy lo anunciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha hace unos días y ha aprobado un Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo-Segura, con nuevos umbrales para transferir agua que reduce en situación normal de 38 a 27 los hectómetros cúbicos de agua que podrían ir a parar a tierras alicantinas y otras zonas del Mediterráneo.
“Se trata de una auténtica persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura”, señala José Jesús Sanmartín, responsable del agua de LA UNIÓ de Llauradors en Alicante. Por ello Sanmartín pide tanto a “el president de la Generalitat, Ximo Puig como a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que se planten de verdad ante Madrid, que dejen de hablar de trasvase irrenunciable y que actúen hasta las máximas consecuencias para defender un agua que, además de un derecho, es una necesidad”.
LA UNIÓ denuncia la politización de nuevo de los asuntos del agua que no benefician en absoluto a los agricultores y la necesidad de reclamar agua suficiente y de calidad para la Comunitat Valenciana pues nuestra contribución al conjunto de España es netamente superior a lo que recibimos en agua. “Por ejemplo, la provincia de Alicante aporta una parte sustancial de las mejores hortalizas, verduras, frutas, entre otros productos, que consume toda España y el resto de Europa; por ello el agua debe ser tratada y gestionada como lo que es, un bien público y no susceptible de mercadeos políticos”, indica LA UNIÓ.
El Gobierno, con la aprobación del Consejo de Ministros, sigue dando pasos en contra de la Comunitat Valenciana y de sus regantes. Hoy ha reducido los umbrales de transferencia de agua del Tajo al Segura y otro día llegará la subida de los caudales ecológicos, el otro día se descubre que el convenio del Embalse de Alarcón desaparece del Plan Hidrológico del Júcar. “Cuál será la próxima afrenta que consienta el presidente Sánchez a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia los intereses hídricos de nuestra tierra”, se pregunta LA UNIÓ.
Tampoco el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, contribuye a pacificar los intereses del agua y posibilitar la unión de todos los interesados. Mañana ha convocado una rueda de prensa en Alicante para informar de las acciones inmediatas que emprenderá la institución provincial en la que contará con una organización agraria, pero deja fuera a LA UNIÓ a pesar de participar también en la Comisión del Agua de la Diputación alicantina.
La organización considera que en un asunto de tanta importancia -pues está en juego el futuro de 30.000 familias que de una manera u otra viven del agua del trasvase para regar sus campos en las comarcas de Alicante- se debería tener en cuenta el criterio de todas las partes implicadas, tanto instituciones como usuarios, y habría que llegar a un solución de consenso y de equilibrio entre la garantía para el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo como de los intereses de los regantes de la cuenca del Segura.
Todos estos cambios gubernamentales en relación con el agua crean una incertidumbre muy grande entre los productores, “porque no sabemos al final lo que plantar, no animan para nada a la gente joven que se quiere incorporar al sector y ponen en muy serio peligro buena parte de la huerta que suministra a Europa; por lo que el Gobierno se pone de lado de las importaciones de productos de otros países en lugar de por las de proximidad”, indica José Jesús Sanmartín.
