LA UNIÓ pide que se aumenten los recursos para las inspecciones en materia agroalimentaria y que las sanciones sean más contundentes
LA UNIÓ de Llauradors se ha hecho eco del informe elaborado por la Organización Europea de Consumidores y distribuido a nivel estatal por la OCU en el que se revela cómo se han recortado en la UE los presupuestos y recursos dedicados a las inspecciones alimentarias. La reducción en España habría sido del 8,6% entre 2009 y 2017, inferior a la que se habría producido en otros países.
La organización insiste en que estos controles son clave para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y evitar así que las importaciones de cítricos con plagas procedentes de terceros países puedan entrar en nuestro territorio. “En ésta, como en otras muchas cuestiones” –aseguran- “los agricultores y ganaderos debemos tener una total complicidad con los consumidores”, porque es “la mejor forma de que se valoren los enormes esfuerzos que realizan los productores valencianos para proveer a los consumidores de excelentes productos en términos de calidad, sanidad y bienestar animal”.
No obstante, para que ello suceda la organización agraria considera que debe engrasarse la cadena alimentaria para que ese valor se traslade al precio en origen y para eso son fundamentales también los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Sobre esta cuestión, LA UNIÓ contempla positivamente las actuaciones de la agencia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley 12/2013 sobre las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena alimentaria. Es necesario, y así lo ha venido reclamando, que se dote a la agencia de más recursos presupuestarios y de más medios personales para rentabilizarlos y ampliar las actuaciones dirigidas a erradicar de la manera más eficaz las prácticas desleales en la cadena alimentario.
Importe de sanciones bajo y escasamente punitivo
Según un informe de la propia entidad, hasta mediados de 2019 desde la puesta en marcha de la AICA, se han interpuesto 1.735 sanciones por un montante total de 10,6 millones de euros. En el caso de las industrias la multa media estaría por debajo o en el entorno de los 3.000 euros y en las empresas de distribución directa al consumidor, sobre la que recae la mayor cuantía de las sanciones, rondaría los 28.000 euros. Estos datos arrojan un importe medio de las sanciones realmente bajo y escasamente punitivo si se comparan con algunas de las cifras de negocio de grandes empresas del sector.
LA UNIÓ considera que se debe proceder a una revisión del régimen sancionador de la Ley en cuanto al importe, tipificación de gravedad y graduación de las multas, de forma que lleguen a ser realmente disuasorias de la realización de prácticas contrarias a la Ley. Además, la organización pide que se aplique, ampliándola a todos los infractores, la sanción complementaria que la Ley contempla consistente en publicar la lista de todos ellos, no sólo los casos muy graves, indicando la multa y el motivo.
“No podemos tener leyes que permitan que salga rentable incumplirlas” declaran desde LA UNIÓ y citan el ejemplo de la multa a algunas industrias lácteas españolas, en este caso por parte de las autoridades de competencia. “Sanciones de sólo el 10 % del beneficio ilícito obtenido y que siguen sin pagarse después de varios años de imponerse, más que penas disuasorias, pueden ser un riesgo calculado y asumible para quien decida saltarse las normas”, añaden.
La organización también considera clave reforzar la coordinación entre las administraciones autonómicas y el Estado para evitar que aquellos que cometan infracciones suprarregionales queden impunes, así como dotar con más recursos la capacidad inspectora de las CCAA para evitar que los grandes grupos empresariales con clara posición de dominio “campen a sus anchas”.